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La Clasificación del Acto Jurídico, es doctrinal y no legislativa, produciendo de esta forma una modificación en las cosas o en el mundo exterior porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico.

El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de acuerdo a determinados requisitos de validez indicados en el artículo 140º de nuestro Código Civil peruano.

Desde el punto de vista doctrinal el acto jurídico es susceptible de clasificarse desde distintos puntos de vista, o en base a distintos criterios.

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Una norma jurídica es un mandato o regla que se encuentra prescrito en un dispositivo legal (Tratados, códigos, leyes, resoluciones, etc.) por una autoridad (Juez, alcalde, ministro, presidente, etc.) y que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad confiriendo derechos e imponiendo deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que, si se incumple supone una sanción.

El conjunto de normas jurídicas que tienen valor en determinada sociedad constituyen el Derecho u ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas de cualquier clase no son entes estáticos o aislados, sino son dinámicos que se implican y correlacionan dentro de un ordenamiento jurídico, de tal modo que se condicionan mutuamente entre sí.

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Para que el ser humano pueda vivir en sociedad es necesaria que su conducta sea regulada. Pero su conducta no sólo es regulada por las normas jurídicas, sino también por normas morales, religiosas y por los llamados convencionalismos sociales o también denominados normas sociales.

La conducta de los hombres en sociedad debe necesariamente ser regulada puesto que los hombres, por diversas razones, no siempre actúan correctamente desde un punto de vista ético. Los seres humanos muestran algunos excesos en sus relaciones sociales y presentan conductas dañinas para los demás, ya sea consideradas como como individuos o grupos sociales. Este y otros argumentos demuestran la necesidad de la existencia de las normas.

Las normas enunciadas no tienen la misma naturaleza puesto que entre ellas existen marcadas diferencias. En lo único que coinciden es en el hecho de regular la conducta de las personas.

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En primer término se debe mantener presente que el delito de tráfico de influencias es considerado como un delito de corrupción de funcionarios públicos, sin embargo se debe de observar que a diferencia de la mayoría de delitos de corrupción de funcionarios públicos que solo pueden ser sometidos por personas con roles especiales, este tipo penal no requiere la cualidad especial para ser sujeto activo.

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AUTORÍA es la denominación con la cual se le conoce al sujeto activo del delito; quien tiene dominio del hecho; pues en sus manos está la posibilidad que el plan criminal puede o no adquirir concreción material. El artículo 23 del Código Penal señala “(1) el que realiza por si o (2) por medio de otro el hecho punible (3) y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción”.

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A efectos de esclarecer la respuesta a la presente interrogante ¿Es legitima la aplicación de la prisión preventiva en tiempos de pandemia de Covid-19?; subsecuentemente a ello debemos señalar que para determinar la respuesta, debemos de mantener presente que la finalidad del presente trabajo, a cargo de Renato Tazza Aquino, es esclarecer la constitucionalidad de la prisión preventiva en estos tiempos de la pandemia del Covid-19; enfermedad que está generando una crisis en la salud pública universal todo esto de acuerdo con lo referido por la Organización Mundial de Salud.

Nos complacemos en compartir un excelente articulo del bachiller en Derecho y Ciencias Políticas Renato Tazza Aquino sobre el DELITO DE ACOSO A PARTIR DE LA NORMATIVA PENAL PERUANA (Análisis del caso del actor Andrés Wiese).