Lo repitieron los voceros del APRA en campaña electoral, lo reclama el Partido Nacionalista y lo añora toda la izquierda radical: restablecer la vigencia de la Constitución de 1979. Pregunto: ¿por qué tanta insistencia en este tema? ¿Qué pretenden todos?

La Constitución de 1979 nació producto de negociaciones políticas más que consensos en una Asamblea Constituyente entre el APRA y el Partido Popular Cristiano. Los marxistas y los conservadores, ni participaron. La difícil coyuntura política, económica y social de entonces en el país influyó también en el debate constituyente. El resultado final no fue otro que un texto reglamentarista, impreciso y peligrosamente ambiguo. Más que una Carta Magna irreal, un texto hecho para recrear en el Perú un país imaginario.

Sin importar las innovaciones en el constitucionalismo peruano, la Constitución de 1979 significó para el Perú miseria, desempleo y subempleo, corrupción gubernamental, prepotencia política, informalidad, violación de los derechos humanos, demagogia e ineficacia estatal. Nunca antes ni después hubo en el país tanto divorcio entre la norma constitucional y la realidad.

Por eso la mayoría de peruanos se sintió aliviada cuando esta Carta Magna de fantasía fue tirada al tacho de la basura tras el golpe de estado del 5 de abril de 1992. Sin embargo, hay diversos personajes públicos -como el ex senador Alberto Borea- que desde hace años se ríen de la Historia y sus lecciones insistiendo con esta propuesta que la población apenas respalda en encuestas de opinión (10% Apoyo, Opinión y Mercado – Lima y Callao, agosto de 2001) (18% IPSOS Apoyo, Opinión y Mercado – Nacional, junio de 2008).

En el APRA, Acción Popular y la izquierda radical se han dicho por años toda clase de excusas absurdas para justificar el retorno a la Constitución de 1979: por el país, por “obligación moral”, por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¡por la juventud!, etc. Ahora el Partido Nacionalista se sube a ese coche con el demagógico pretexto que lo hacen “por el pueblo”.

Que digan lo que quieran, pero el único fin de todos ellos es reabrir la puerta a controles de precios, control de cambios, planificación económica, nacionalizaciones y demás medidas económicas con etiqueta de “interés social” que tanto daño hicieron al país durante las décadas de 1960, 1970 y 1980; junto con la restitución de esos “derechos laborales” que acabarán con la generación de empleo, la eliminación de los contratos de estabilidad jurídica y renegociación de las concesiones en servicios públicos, infraestructura y explotación de recursos naturales que alejarán la inversión privada y la mayor burocratización del Estado que sólo lo corromperá más.

La población debiera protestar contra estos demagogos que como Cristo resucitando a Lázaro pretenden revivir un muerto en lugar de dejarlo descansar en paz. Los peruanos queremos bienestar y progreso, en un Perú enrumbado al futuro. Quizá con un nuevo texto, porque la Constitución de 1979 forma parte de nuestro pasado.