ORIGEN DE LA REPRESENTACIÓN

Art. 145º  C.C.-  El acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley.

La facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley.

JURISPRUDENCIA

Noción de representación legal, convencional y judicial. La representación procesal

La persona natural puede accionar por sí misma, o mediante la representación  legal, convencional o judicial.

En el caso de la representación legal, los que carecen de la capacidad de ejercicio  son sustituidos en el ejercicio del derecho de acción (tales los casos de los padres, respecto de sus hijos menores, y aun los de los que están por nacer, en ejercicio de la patria potestad; de los tutores, respecto de los  menores no sometidos a la patria potestad; o de los curadores, respecto de los mayores de edad sometidos a interdicción). Asimismo, el artículo 45° del Código Civil dispone que los representantes legales de los incapaces ejercen los derechos civiles de éstos, según  las normas referentes a la patria potestad, tutela y curatela.

Como bien expresa Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena “[El negocio jurídico. Edit. Studium, Lima, 1986, Pág. 128] el ordenamiento jurídico confiere dicha representación a determinadas personas que por una posición  familiar o por un cargo u oficio, actúan en nombre de otras que están incapacitadas o imposibilitadas para asumir derechos u obligaciones con su actuación directa.

En el caso de la representación convencional, la sustitución proviene de la libre determinación del representado; vale decir, se otorga a través de un contrato por el cual una persona encarga a otra, que acepta, la realización a favor de aquél de determinados actos jurídicos.  

Respecto a la representación judicial, la sustitución emana del otorgamiento de facultades a un tercero para  llevar a cabo la interposición de una demanda, así como los demás actos procesales derivados de aquélla.

En cuanto a las personas jurídicas, éstas son representadas procesalmente por los gerentes o los administradores de las sociedades mercantiles o civiles, quienes gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal por el solo mérito de serlo.

Así el artículo 1° de la Ley N.° 26539, expresamente prescribe que “El Gerente o Administrador, según el caso, de sociedades mercantiles o civiles, goza de las facultades generales y especiales de representación procesal señalada en los artículos 74 y 75 del Decreto Legislativo N.° 768, Código Procesal Civil, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación estatutaria en contrario o limitación impuesta mediante acuerdo en Junta General de Accionistas o Socios”.

De modo que para ejercer la representación procesal mencionada, bastará la presentación de la copia notarialmente certificada del documento donde conste el nombramiento debidamente inscrito, conforme a los dispositivos legales vigentes.

(STC Exp. N° 518-2004-AA/TC, fundamentos nº 10) (->VER JURISPRUDENCIA)

El poder de representación es la facultad de la que se dota al representante y para cautelar los intereses del representado.

El poder de representación es la facultad de la que se dota al representante, no sólo para las relaciones con los terceros sino también con el propio representado. Sea el poder otorgado convencionalmente o conferido por la ley, en ambos casos debe entenderse que es para cautelar el interés del representado; en el primero porque es el propio dominus el que ha otorgado el poder de representación para que precisamente, sea su representante quien cautele sus intereses; y en el segundo, porque la representación legal se fundamenta en la función tuitiva del ordenamiento jurídico respecto de las personas que no pueden o no están en la posibilidad de ejercitar por sí sus derechos. De ahí que toda actividad contraria al interés del representado puede dar lugar a la revocación del poder. (Tribunal Registral, Resolución Nº 370-2005-SUNARP-TR-L, Lima 01-07-2005. IV Análisis, fundamentos 1) (->VER JURISPRUDENCIA)

El directorio tiene facultades de gestión y de representación legal de la sociedad dentro de su objeto.

1.- El Artículo 172 de la Ley General de Sociedades (la Ley) establece que “el directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la junta general”; en ese sentido, es necesario analizar si las facultades con que cuenta el directorio y a que hace referencia el citado artículo están referidos tanto a actos de administración como actos de disposición, siendo para ello necesario examinar las facultades que en distintos artículos de la Ley se atribuyen tanto a la junta general, como al directorio y al gerente a efectos de efectuar una interpretación sistemática. 15.- Las facultades a que se refiere el acto de apoderamiento se encuentran dentro de las atribuciones propias del Directorio - en tanto no existe norma expresa que disponga lo contrario -, por lo que resulta procedente acoger la presente solicitud de inscripción.  (Tribunal Registral, Resolución Nº 021-2002-ORLC-TR, Lima 18-01-2002. IV Análisis, fundamentos 1 y 15) (->VER JURISPRUDENCIA)

La existencia de títulos pendientes de inscripción no constituye causal para denegar la expedición de un certificado de vigencia de poder.

La existencia de títulos pendientes de inscripción no constituye causal para denegar la expedición de un certificado de vigencia de poder, pero éste debe ser expedido con las precisiones o aclaraciones correspondientes, para no inducir a error a terceros sobre la situación de la partida registral".  (Tribunal Registral, Resolución Nº 581-2003-SUNARP-TR-L, Lima 12-09-2003. IV Análisis, fundamentos 12) (->VER JURISPRUDENCIA)

El carácter irrevocable de un poder es una excepción a la revocación del poder.

El carácter de irrevocable de un poder es pues, una excepción al principio general previsto en el artículo 149 del Código Civil, por lo tanto, la interpretación que ha de efectuarse al numeral 5.3 de la directiva descrita en el ítem que precede, nos debe llevar a concluir, que partir de la vigencia de dicha directiva, sólo en aquellos casos expresamente previstos en el artículo 153 del Código Civil,  se puede admitir la irrevocabilidad del poder como una estipulación válida,  y de no existir una estipulación expresa, del carácter de irrevocable y la concurrencia de los supuestos del ya mencionado artículo 153, deben entonces fluir con claridad del texto del poder otorgado, tomando en consideración que las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan unas por medio de las otras de acuerdo a lo estipulado en el artículo 169 del mismo código; de lo contrario, ha de considerarse como un poder revocable y por tanto el plazo de vigencia no está sujeto a caducidad. (Tribunal Registral, Resolución Nº 370-2005-SUNARP-TR-L, Lima 01-07-2005. IV Análisis, fundamentos 7) (->VER JURISPRUDENCIA)

Hay ineficacia del acto jurídico cuando hay exceso de facultades o ninguna representación.

Cuando hay exceso de facultades o incluso ninguna representación, la solución que se plantea es la de la ineficacia (artículo 161) y la norma así lo dice de manera expresa (Octavo Pleno Casatorio. Fundamentos 76) (->VER JURISPRUDENCIA)

La figura del falso procurador genera la inoponibilidad y ratificación del acto jurídico.

Si quien dispuso del bien lo hizo a título propio y en nombre ajeno se está ante el caso del falso procurador, regulado en el artículo 161 del Código Civil, pues se invoca representación que no se tiene. Ello importa un caso de ineficacia, lo que origina la inoponibilidad del acto para la sociedad conyugal perjudicada, pero posibilidad de ratificación del negocio jurídico por el cónyuge no interviniente. (Octavo Pleno Casatorio. Fundamentos 78) (->VER JURISPRUDENCIA)

Si la sociedad conyugal es demandada, la representación recae sobre todos los que la integran.

La codemandada (…) se apersonó al proceso y no dedujo ninguna posible nulidad, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del Código Procesal Civil, de haber existido, aquélla habría quedado convalidada. Sin embargo, no ha sucedido lo propio con el codemandado (…) quien en ningún momento se ha apersonado al proceso, y no podría entenderse que la convalidación respecto de la codemanda (…) alcanza también a éste, pues, el artículo 65 del Código adjetivo establece que si la sociedad conyugal es demandada la representación recae sobre todos los que la integran. (Noveno Pleno Casatorio. Análisis, fundamentos 8) (->VER JURISPRUDENCIA)

Noción de Representación.

Cabe precisar que mediante el termino representación, además de la acción de representar 8cuya consecuencia es la realización del negocio representativo), se designa a la figura o institución jurídica (acogida en nuestro Derecho) en cuya virtud es posible que una persona obre en nombre y por cuenta de otra. Y, también se habla de conferir la representación, u ostentarla, etcétera, para significar que se concede  poder de representación o que se tiene tal poder; en consecuencia se entiende a la actuación del representante como si fuese del representado, atribuyéndose a éste ultimo los efectos de dicho negocio jurídico. (Casación Nº 380-2009 Ica, 23-07-2009. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Considerando Noveno) (->VER JURISPRUDENCIA)

Diferencias entre mandato y poder.

Debe tenerse clara la idea de que existe una notoria diferencia entre mandato y poder; toda vez que, por el primero se entiende que alguien está obligado a hacer algo, en tanto que, por el segundo se supone que alguien tiene la potestad de hacerlo. Es más, siguiendo la doctrina uniforme que al respecto existe, se dice que el poder designa estrictamente la situación jurídica de que es investido o en que es colocado el representante y que le permite o le faculta para actuar en la esfera jurídica ajena, en cambio, el apoderamiento se va  a definir como aquel acto jurídico en virtud del cual una persona, llamada Dominus negotti o principal, concede u otorga voluntariamente a otra un poder de representación. (Casación Nº 380-2009 Ica, 23-07-2009. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Considerando Decimo) (->VER JURISPRUDENCIA)

Noción de poder de representación. Clases de poderes

Cuarto: (…), conviene recordar que la representación es la institución jurídica por la cual se posibilita a un sujeto –denominado representante– para realizar actos jurídicos en nombre de otro –denominado representado–, con la posibilidad de incidir en la esfera de éste último. En el centro mismo de este fenómeno se ubica el denominado poder de representación, que se identifica como el fundamento y sustento de la eficacia del acto de representación, al constituir el poder jurídico que faculta al representante para actuar en nombre de su representado. Quinto: (…), en relación a la extensión que puede adquirir este poder jurídico del representante para actuar en nombre del representado, e incidir de este modo en su esfera jurídica, el artículo 155 del Código Civil ha diferenciado entre: i) poder general, que confiere al representante el poder de ejecutar todos los actos relativos a la administración de los intereses patrimoniales del representado; y ii) poder especial, que únicamente atribuye al representante el poder de realizar los actos jurídicos particulares para los cuales ha sido conferido. Y en vista a esta última distinción, se entiende que los alcances del poder especial deben ser determinados necesariamente en base a lo expresamente establecido en él, extendiendo los poderes del representante únicamente a la celebración de los actos explícitamente previstos en él, en virtud a la denominada regla de literalidad del poder especial. (Casación Nº 1983-2011 Moquegua, 25-07-2013. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Considerando Cuarto y Quinto) (->VER JURISPRUDENCIA)

Todo acto jurídico es nulo cuando los otorgantes se han excedido de las facultades que le fueran otorgadas en su oportunidad

Sétimo.- En este sentido, se debe indicar que respecto a las infracciones denunciadas en su oportunidad y que fueran amparadas cabe señalar que del análisis del caso se ha podido determinar que dicho acto es nulo al haberse excedido […] de las facultades que le fueran otorgadas en su oportunidad por su hermana […] viuda de Jiménez a través del poder del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y siete, por cuanto si se analizan los hechos se ha llegado a determinar que a la fecha de la venta, el veintiséis de setiembre de dos mil cinco, el poder ya había fenecido pues la madre de la recurrente había fallecido el veintisiete de febrero de dos mil, en la Ciudad de Chicago (país Estados Unidos de Norteamérica), en consecuencia dicho acto es nulo al encontrarse dicho poder fuera de la vigencia para que cause eficacia al carecer el vendedor de las facultades necesarias para realizar el Contrato de Compraventa a favor del codemandado; asimismo cabe señalar que […] vendió el predio a la persona de […] quien a la fecha de la venta, era el inquilino y como consecuencia de ello tuvo conocimiento del fallecimiento de su hermana (estando a que en el contrato se especificaba que […] era el apoderado de la ahora fallecida […] viuda de Jiménez, lo que no fue tomado en cuenta por ambas instancias; tampoco no se ha tomado en cuenta por la Sala Superior que el fin ilícito de la Compraventa, que el codemandado […] haya solicitado la vigencia de poder a los Registros Públicos cuando el mismo había fenecido, pues en calidad de hermano de la poderdante conocía del fallecimiento de doña […] viuda de Jiménez hecho ocurrido el veintisiete de febrero de dos mil, en la Ciudad de Chicago (Estados Unidos de Norteamérica). (Casación Nº 886-2015 Lima, 28-12-2015. Sala Civil Transitoria, Considerando Sétimo) (->VER JURISPRUDENCIA)

El poder otorgado se extingue de pleno derecho a la muerte del poderdante

Segundo. Que, si bien es cierto que Domingo Vargas Haureli otorgó poder a favor del demandado César Emilio Vargas Ormeño, dicho poder se extinguió por efectos de la muerte de su progenitor por haberse producido la extinción del mismo de puro derecho, siendo así, existía la imposibilidad jurídica de celebrarse contrato de crédito comercial alguno, ya que no reunía los requisitos establecidos en el artículo ciento cuarenta del Código Civil, respecto al agente capaz, objeto física y jurídicamente posible; y al existir la imposibilidad de celebrar el contrato indicado por el deceso del poderdante, se determina que no ha perseguido un fin lícito; en consecuencia la recurrida ha interpretado erróneamente el artículo ciento cuarenta del Código acotado, al considerar que el contrato mencionado cumple con dichos requisitos, cuando de lo expuesto se desprende la carencia de manifestación de voluntad producida por el deceso del poderdante, fecha desde la cual el apoderado César Emilio Vargas Ormeño ya no contaba con la capacidad legal para representar a su poderdante. (Cas Nº 2236-98 Ica, 18.10.2000. Sala de Derecho Constitucional y Social. Considerando Segundo) (->VER JURISPRUDENCIA)

Es nulo ipso iure el poder al acreditarse que cuando se emitió el otorgante se encontraba en el extranjero

Duodécimo: Que, quedo probado que el demandante, al momento que se emitió el Poder General de fecha veintitrés de julio de mil novescientos noventa y cuatro (fojas 45), no se encontraba en el Perú, siendo por lo tanto nulos ipso iure los contratos materias del presente proceso. Décimo Tercero: Que, atendiendo a que el contenido del Registro no genera derechos constitutivos sino declarativos de derechos, por lo cual las normas de publicidad registral no resultan aplicables al haber nacido muerto el poder que supuestamente se otorgó a la codemandada […]; por lo que esta denuncia tampoco puede ser amparada. (Cas Nº 1794-2013 Ucayali, 19.11.2013. Sala Civil Permanente. Considerando Duodécimo) (->VER JURISPRUDENCIA)

La anulabilidad del acto jurídico respecto al inciso 1 del art. 221 resulta impertinente en cuanto a la falta de capacidad suficiente en la representación

Segundo.- Que, la resolución impugnada considera que al momento de suscribir el contrato, doña […] carecía de capacidad suficiente de representación pues por sí sola no podía ejercer el mandato; y que, en consecuencia, el acto jurídico que contiene el contrato de mutuo se encuentra viciado conforme al inciso 1 del artículo 221, concordante con los artículos 163 y 167 del Código Civil por cuanto la voluntad del representante nació viciada desde que no tenía capacidad legal para actuar. Tercero.- Que, el referido inciso 1 del artículo 221 establece que el acto jurídico es anulable por incapacidad relativa del agente [actualmente llamada capacidad restringida]; por lo que es necesario concordar dicha norma con el artículo 44 del Código Sustantivo que enumera taxativamente quienes son relativamente incapaces. Cuarto.- Que, en esta última norma no se incluye al representante que carece de capacidad suficiente de representación, por lo que la referencia al inciso 1 del artículo 221 del Código Civil resulta impertinente. (Casación Nº 2113-98 Lambayeque, 28-12-98. Sala Civil Permanente, Considerando Segundo; Tercero, Cuarto) (->VER JURISPRUDENCIA)

Los actos celebrados por el representante excediendo los limites de sus facultades (falsus procurator) son anulables

Tercero.- Que al establecer el artículo doscientos veinte del Código Sustantivo que la nulidad del acto jurídico no puede subsanarse por la confirmación, resulta que en los casos previstos en el artículo ciento sesentiuno del mismo dispositivo legal, invocado como fundamento de la nulidad del acto jurídico, sí puede ser ratificado, de acuerdo con lo expresado por el artículo ciento sesentidós del mismo Código, por lo que no puede tratarse de la nulidad del acto jurídico, sino de su anulabilidad. (Casación Nº 100-95 Lima, 02-08-1996. Sala Civil, Considerando Tercero) (->VER JURISPRUDENCIA)

La representación es la facultad otorgada por la ley o la voluntad del representado.

La Representación es la facultad otorgada por la ley o la voluntad del representado a una persona (representante) para celebrar negocios jurídicos en nombre e interés de otra (representado) vinculando a éste en sus efectos como si hubiera negociado personalmente.

Cuando la representación tiene como fuente la propia voluntad del representado, el negocio jurídico por el cual éste otorga la representación a otra se denomina apoderamiento u otorgamiento de poder, el cual es unilateral, pues basta la voluntad del representado para su perfeccionamiento no siendo, necesario el consentimiento del destinatario del poder o representante.

Si bien el apoderamiento no obliga al representante a realizar los actos para los cuales fue facultado, cuando en ejercicio de la facultad conferida realice el negocio o negocios jurídicos respectivos para que tales negocios surtan efectos directamente respecto del representado, está obligado a manifestar que interviene en nombre de éste, y que el negocio celebrado se encuentre dentro de los alcances del poder conferido, esto es, que no se haya apartado o extralimitado en el ejercicio de las facultades conferidas.

(Tribunal Registral, Resolución Nº 852-2009-SUNARP-TR-L, Lima 15-06-2009. IV Análisis, fundamentos 1) (->VER JURISPRUDENCIA)

La representación unilateral y el apoderamiento

Cuando la representación tiene como fuente la propia voluntad del representado, el negocio jurídico por el cual éste otorga la representación a otra se denomina apoderamiento u otorgamiento de poder, el cual es unilateral, pues basta la voluntad del representado para su perfeccionamiento no siendo, necesario el consentimiento del destinatario del poder o representante.

Si bien el apoderamiento no obliga al representante a realizar los actos para los cuales fue facultado, cuando en ejercicio de la facultad conferida realice el negocio o negocios jurídicos respectivos para que tales negocios surtan efectos directamente respecto del representado, está obligado a manifestar que interviene en nombre de éste, y que el negocio celebrado se encuentre dentro de los alcances del poder conferido, esto es, que no se haya apartado o extralimitado en el ejercicio de las facultades conferidas.

(Tribunal Registral, Resolución Nº 852-2009-SUNARP-TR-L, Lima 15-06-2009. IV Análisis, fundamentos 2 y 3) (->VER JURISPRUDENCIA)

No es inscribible el poder cuyo objeto es la delegación de la patria potestad, o alguna de sus facultades, a favor del apoderado.

3) La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad. Así, la patria potestad es una función reflejo del deber de los padres de educar y mantener a sus hijos y de protegerlos en sus intereses pecuniarios mientras son menores de edad. En ella están estrechamente conexos los intereses del Estado y de la familia, por lo que la misión encomendada a los padres asume un carácter de importancia social, del que deriva la peculiar naturaleza de orden público que revisten las normas sobre patria potestad, cuyo contenido no puede ser objeto de pactos privados, dirigidos a modificar las relaciones, las atribuciones y los efectos. Consecuentemente existe una imposibilidad por parte de los padres de renunciar a aquellos conferidos por ley. (…)

7) De lo expuesto se deja entrever que si bien en el Derecho de Familia no se admite la inscripción de poderes en donde se deleguen facultades inherentes a la patria potestad, o poderes generales, si admite que el representado confíe en el representante de manera especial cada asunto, pues por su especial naturaleza, exigen que la iniciativa la adopte el dominus negotti y que éste emita una declaración de voluntad de que la actividad del representante ha de ser desarrollada. En este orden de ideas, este Tribunal en anteriores pronunciamientos resolvió que era posible la delegación de facultades referidas a actos accesorios de la patria potestad siempre que la voluntad de los padres hubiera sido predeterminada de tal manera que el apoderado no esté en la condición de decidir sobre aspectos sustanciales de la institución familiar. (Tribunal Registral, Resolución Nº 811-2018-SUNARP-TR-L, Lima 10-04-2018. IV Análisis, fundamentos 3 y 7) (->VER JURISPRUDENCIA)

Diferencias entre las figuras del nuncio y el representante.

El poder no requiere la determinación de cada uno de los elementos esenciales del acto jurídico materia de la representación; lo cual se demuestra por la circunstancia que el ordenamiento admita los apoderamientos con términos genéricos, tales como “poder para vender o comprar”, sin dar mayores indicaciones sobre el bien, precio o contratante. Además, la doctrina jurídica conoce bien la diferencia entre las figuras del “nuncio” y el “representante”; pues el primero es un simple mensajero o transmisor de la voluntad ajena, sin incorporar ningún elemento propio, en cambio, la representación implica que el apoderado puede fijar o determinar distintas circunstancias propias del acto celebrado en nombre ajeno, incluso las esenciales. (Tribunal Registral, Resolución Nº 1150-2009-SUNARP-TR-L, Lima 22-07-2009. IV Análisis, fundamentos 4) (->VER JURISPRUDENCIA)

El acto jurídico de disposición de un bien social celebrado por uno de los cónyuges se le atribuye una falsa representación por lo que deviene en ineficaz e inoponible

La legitimación para disponer del bien corresponde a la sociedad de gananciales, por ello, al celebrar el acto, el cónyuge culpable se atribuye una falsa representación, por lo que el acto jurídico deviene en ineficaz e inoponible respecto del cónyuge que no intervino, aunque éste, de creerlo conveniente, podría confirmarlo. El acto jurídico de disposición de un bien social celebrado por uno de los cónyuges sin autorización del otro es un supuesto de ineficacia (y no de nulidad) por ausencia de facultades de representación respecto a la sociedad de facultades y por falta de legitimación para contratar del cónyuge celebrante.  (Pleno Jurisdiccional, realizado en Arequipa los días 16 y 17 de Octubre del 2015, Tema Nº 2, primera ponencia) (->VER JURISPRUDENCIA)

Es nulo el acto jurídico del poder irrevocable que exceda de un año.

Vigésimo Cuarto.- Que el acto jurídico contenido en el poder otorgado contiene además en sí mismo cláusulas que por ser contrarias a la ley devienen en nulas, tales como el plazo de irrevocabilidad del poder que conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo ciento cincuentitrés del Código Civil no puede exceder de un año y en el caso de autos se ha fijado en veinte años, transgrediendo la disposición antes mencionada; (Exp. 1610-98. Sentencia de Vista, Lima 10-09-1999. Corte Superior de Justicia de Lima. Sala de Procesos ejecutivos. Considerando Vigésimo Cuarto) (->VER JURISPRUDENCIA)

Noción de Acto Jurídico: elementos esenciales

Art. 140º  C.C.-  El acto jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere:

1.- Plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley.

2.- Objeto físicamente y jurídicamente posible.

3.- Fin licito

4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

Concordancias: Const.: Art. 2 inc. 14), 58, 62; C.C: Art. V, 42 al 46, 143, 144, 165, 171, 219, 225, 269, 925, 1358, 1411, 1412, 2094; C.P.C: Art I, 129; L.G.Arbitraje: Art. 1, 5, 11, 33; L.G.T.V: Art. 1

JURISPRUDENCIA 

El acto jurídico se sustenta en el derecho fundamental de la libre contratación

• Consagrado en el inciso 14) del artículo 2° de la Constitución, el derecho a la libre contratación se concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo -fruto de la concertación de voluntades- debe versar sobre bienes o intereses que posean apreciación económica, tengan fines lícitos y no contravengan las leyes de orden público. (STC Exp. N° 07320-2005-PA/TC, fundamentos nº 47) (->VER JURISPRUDENCIA)

La contratación es habitualmente entendida como una manifestación de voluntad sustentada en la autonomía privada

• Debe recordarse que la contratación habitualmente ha sido entendida como la “manifestación de voluntad” de los contratantes. Desde una perspectiva pragmática, Luis Díez-Picazo ha sostenido que se trata de “(...) una operación económica de distribución y de circulación de bienes y servicios surgida de la iniciativa privada en la que los interesados arreglan autónomamente sus propios intereses”. Ello no implica, en absoluto, negar su importancia como expresión del derecho a la autodeterminación y, en definitiva, de tratarse de una concretización del principio/derecho de dignidad, pues “(...) el reconocimiento de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad imponen la referida libertad, porque sólo se reconoce la dignidad de la persona si se permite autorregular su marco de intereses.” Razón por la cual, es necesario el respecto al ejercicio de la autonomía de voluntad de las partes, las cuales deben ser conformes a los límites que la Constitución y ley hayan previsto. (STC Exp. N° 2175-2009-PA/TC. fundamentos nº 11) (->VER JURISPRUDENCIA)

El acto jurídico tiene como base la voluntad para realizar el acto, siendo independiente del efecto jurídico que se busca

• Corresponde precisar que en el acto jurídico en sentido estricto seria necesario, como también suficiente, que se quiera ejecutar el comportamiento como tal. Sería relevante la mera voluntariedad del acto y no el fin jurídico ("el propósito”), para el cual se le ejecuta. El acto jurídico en sentido estricto tiene como base a la voluntad de realizar el mismo, pero es independiente del efecto jurídico que se busca. (Cuarto Pleno Casatorio. Casación Nº 2195-2011-Ucayali, Considerando 30, 2º voto singular) (->VER JURISPRUDENCIA)

No todos los actos jurídicos son negocios jurídicos

• No todos los actos jurídicos son negocios jurídicos, desde que aquellos producen sus efectos con independencia de lo que las partes buscan. (Cuarto Pleno Casatorio. Casación Nº 2195-2011-Ucayali, Considerando 31, 2º voto singular) (->VER JURISPRUDENCIA)

El negocio jurídico se caracteriza por el propósito de los sujetos

• Los negocios jurídicos están caracterizados por el propósito (en el sentido de que para el derecho es relevante, a más del evento y la voluntariedad del comportamiento, el fin práctico que el sujeto pretende). (Cuarto Pleno Casatorio. Casación Nº 2195-2011-Ucayali, Considerando 32, 2º voto singular) (->VER JURISPRUDENCIA)

El negocio jurídico constituye la autorregulación de intereses de las partes buscando el efecto recogido por el ordenamiento jurídico

• Un negocio jurídico constituye la autorregulación de intereses de las partes, que se produce no solo por la mera voluntariedad del comportamiento de éstos para celebrarlos, sino que además de plasmarse en cuanto tal, buscan un propósito, que es el efecto recogido por el ordenamiento jurídico. (Cuarto Pleno Casatorio. Casación Nº 2195-2011-Ucayali, Considerando 33, 2º voto singular) (->VER JURISPRUDENCIA)

Los actos jurídicos tienen lugar cuando no hay negocio jurídico

• Los actos jurídicos en sentido estricto tienen lugar cuando no hay negocio. Se trata de actos voluntarios-no hechos- (que producen efectos jurídicos) y hay negocio cuando el autor o autores declaran su voluntad, a efectos de autoregular sus propios intereses, con la consecuencia de crear (modfificar o extinguir) o regular relaciones jurídicas. (Cuarto Pleno Casatorio. Casación Nº 2195-2011-Ucayali, Considerando 34, 2º voto singular) (->VER JURISPRUDENCIA)

El negocio jurídico depende de la finalidad que los sujetos quieren alcanzar

• Los sujetos de derecho son los que establecen el propósito o la finalidad que quieren alcanzar pero finalmente será el ordenamiento jurídico quien acogerá éstos o no. Este es el negocio jurídico que tenemos regulado, no la anarquía del individualismo que pretende convertir todo lo que se acuerda en un estatuto negocial sin tomar en cuenta lo que establece el ordenamiento, cual si este sólo tuviera un papel meramente referencial, lo cual es falso. (Quinto Pleno Casatorio. Casación Nº 3189-2012-Lima Norte, Considerando 137) (->VER JURISPRUDENCIA)

El negocio jurídico es la autorregulación de intereses privados y dependerá de éste propósito si se adecua o no al ordenamiento jurídico.

• Lo que ocurre finalmente con el negocio jurídico es la autorregulación de intereses privados de los sujetos de derecho, y con ello no nos estamos refiriendo a una regulación de sistemas de fuentes legales de nuestro ordenamiento, sino que se establece este estatuto negocial a partir del ejercicio de la autonomía privada de los sujetos de derecho, a efectos de obtener una finalidad práctica que éstos buscan en base a la normativa vigente a fin de satisfacer sus intereses y será en último término el ordenamiento jurídico el que establecerá si este propósito o finalidad perseguida se adecua o no a éste. (Quinto Pleno Casatorio. Casación Nº 3189-2012-Lima Norte, Considerando 138) (->VER JURISPRUDENCIA)

La validez del negocio jurídico implica el cumplimiento de los elementos, presupuestos y requisitos de la estructura negocial

• La validez de todo negocio jurídico implica el cumplimiento de los elementos, presupuestos, y requisitos propios de la estructura negocial, los cuales de no producirse implica la ineficacia del negocio jurídico que (…). (Quinto Pleno Casatorio. Casación Nº 3189-2012-Lima Norte, Considerando 142) (->VER JURISPRUDENCIA)

La ineficacia del acto jurídico

• 143. Tomando en cuenta lo antes precisado, un negocio jurídico es ineficaz “(...) cuando no produce los efectos jurídicos que las partes declaran como su propósito. La falta de efectos puede tener motivos diversos y manifestarse en diversas formas (...)”. De esta manera si es que no surgen los efectos jurídicos establecidos en el estatuto negocial privado, que constituye el propósito de las partes del negocio jurídico, ello se origina como consecuencia de la existencia de factores intrínsecos o extrínsecos del mismo negocio jurídico. 144. De esta manera “(...) la ineficacia puede producirse por muy diversas causas; pero, en el entender de la doctrina más coherente y avanzada, se debe distinguir entre ineficacias estructurales y funcionales, atendiendo primordialmente al origen de la falta de consecución de los efectos negociales (...)”; sea que nos encontremos frente a vicios desde la misma conformación del negocio jurídico, por tanto vicios originarios, o producidos de manera sobrevenida, y que por tanto son susceptibles de ser impugnados por ineficaces. (Quinto Pleno Casatorio. Casación 3189-2012 Lima Norte, consideraciones 4.4, 143 y 144) (->VER JURISPRUDENCIA)

La ineficacia estructural

• 145. Por la ineficacia negocial estructural “(...) (también llamada invalidez) entendemos la carencia de efectos del negocio producida por hechos inherentes a su estructura. El ordenamiento, al faltar algún requisito, elemento o presupuesto necesario para la eficacia del negocio, lo sanciona con la ausencia de efectos o la posibilidad de que dicha ausencia se produzca. Se caracteriza esta especie de ineficacia por ser originaria (...)”; esto quiere decir que desde la emisión del negocio jurídico, el mismo se encuentra afectado por vicios en su conformación originaria que ocasionan su ineficacia o invalidez, por lo que dentro de los supuestos de esta especie de ineficacia se presentan: i) Nulidad y ii) Anulabilidad. (Quinto Pleno Casatorio. Casación 3189-2012 Lima Norte, consideraciones 4.4.1, 145) (->VER JURISPRUDENCIA)

La ineficacia funcional

• 156. La ineficacia funcional es la que se refiere a los negocios que habiendo producido efectos dejan de hacerlo, por un vicio sobreviniente a su emisión. En ese sentido, “(...) a diferencia de la ineficacia estructural o invalidez, supone en todos los casos un acto jurídico perfectamente estructurado, en el cual han concurrido todos sus elementos, presupuestos y requisitos de orden legal, sólo que dicho acto jurídico por un evento ajeno a su estructura debe dejar de producir efectos jurídicos (...)”, ciertamente que “(...) se comprende la decadencia de efectos negociales por hechos extraños a la estructura del negocio, por lo que sus supuestos tienen como característica el ser sobrevinientes y, a su vez provocar la ausencia de efectos finales del negocio (...)”. 157. En efecto, el negocio jurídico deja de surtir los efectos que venía produciendo, a pesar de encontrarse exento de vicios en su conformación estructural originaria, sólo que un evento externo afecta al mismo de manera sobrevenida, como sería el caso de la resolución, la inoponibilidad, la revocación, etc. (Quinto Pleno Casatorio. Casación 3189-2012 Lima Norte, consideraciones 4.4.2, 156 y 157) (->VER JURISPRUDENCIA)

Los actos procesales son realizados en base al ejercicio de la autonomía de la libertad

• Conforme con este principio (considerado como uno jurídico-técnico), los actos procesales en general son realizados por las partes procesales en el ejercicio de su autonomía de la libertad. (Décimo Pleno Casatorio. Casación Nº 1242-2017-Lima Este, Consideraciones sobre prueba judicial y oficio 1.1.1) (->VER JURISPRUDENCIA)

El proceso judicial, en la prueba instrumental de parte, es impulsado por iniciativa de las partes que en ejercicio de su autonomía de la voluntad hacen valer sus intereses privados

• La regla general respecto de la aportación de los elementos de prueba al proceso es que sean las partes quienes se encarguen de hacerlo. Basta recordar que el principio dispositivo tiene como propósito poner a disposición de las partes el proceso judicial para que, en el ejercicio de su autonomía de la voluntad, hagan valer sus intereses privados. También el principio de aportación de parte, que rige en el proceso civil, hace referencia a la potestad de las partes de alegar datos fácticos de la realidad discutida del proceso, así como proponer la prueba de tales elementos. Este principio tiene un carácter técnico, en el que la iniciativa de los jueces se constriñe a la voluntad de las partes (Décimo Pleno Casatorio. Casación Nº 1242-2017-Lima Este, Consideraciones sobre prueba judicial y oficio 2.6.2.1) (->VER JURISPRUDENCIA)

El acto jurídico esta determinado por la manifestación de voluntad destinada a producir un efecto jurídico

• El acto jurídico está determinado por la manifestación de voluntad destinada a producir un efecto jurídico, y excepcionalmente dicho acto jurídico puede adolecer de defecto que lo hace ineficaz; (…). (Casación Nº 641-2015 Ancash, 20-11-2015. Considerando Primero) (->VER JURISPRUDENCIA)

Los actos jurídicos son supuestos de hecho conformados por la manifestación de voluntad emitidos por los sujetos para alcanzar un resultado práctico y jurídico.

• Corresponde indicar que el artículo 140 del Código Civil establece que el acto o negocio jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas requiriéndose para su validez la concurrencia de determinados elementos, presupuestos y requisitos como agente capaz, objeto físico o jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad o dicho de otra manera los actos o negocios jurídicos son supuestos de hecho conformados por una o más manifestaciones de voluntad emitidas por los sujetos con el propósito de alcanzar un resultado práctico el cual tutelado por el ordenamiento legal se convierte en un resultado jurídico que consistirá en crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas estando conformada en general la estructura del negocio jurídico de la siguiente manera: (…). (Casación Nº 1644-2019 Ica, 27-09-2019. Considerando Quinto, 5.2) (->VER JURISPRUDENCIA)

El testamento es un acto jurídico

• Es menester indicar que el testamento es un acto jurídico, por lo que puede demandarse su nulidad bajo las causales establecidas en el artículo 219 del Código Civil, como ocurre con todo acto jurídico, siendo que los artículos 808 a 814 del mismo Código regulan causales especiales de nulidad y anulabilidad propias de la materia sucesoria, lo que no impide que pueda recurrirse a la primera, ello en contraposición a lo referido por la recurrente, en consecuencia, tampoco se advierte que este argumento reúna la precisión y claridad que se requiere para admitir esta causal. (Casación Nº 3440-2020 Cusco, 14-09-2020, Considerando Octavo) (->VER JURISPRUDENCIA)

En los procesos de otorgamiento de escritura pública el juez puede verificar que el acto jurídico sea verosímil así como la presencia de los requisitos del acto jurídico

• En un proceso de otorgamiento de escritura pública, si bien el juez se centra en determinar si en realidad existe la obligación de formalizar un acto jurídico otorgado a favor de la parte demandante, esto no significa que el juez deba formalizar todo documento que se le presenta; por el contrario, el juzgado puede verificar en el proceso que el acto jurídico sea verosímil, así como verificar la presencia de los requisitos del acto jurídico y los propios del contrato, dado que sería absurdo solicitar que se cumpla con una formalidad que no se condice con la realidad y que además podría generar una situación de favorecimiento indebido a la parte que lo pide; por ello, debe hacer un examen sobre la existencia del presupuesto básico para lograr la formalidad, y que en el caso concreto, implicaría determinar si se trata de una transferencia a título gratuito u oneroso. (Casación Nº 3626-2018 Arequipa, 11-08-2020. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Considerando Cuarto, 4.3.2) (->VER JURISPRUDENCIA)

Nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de voluntad

• 149. Esta causal se encuentra regulada en el numeral 01 del artículo 219 del Código Civil, en la cual se establece que El acto jurídico es nulo: 1.- Cuando falta la manifestación de voluntad del agente (...). 150. Este vicio estructural originario comprende “(...) todas aquellas declaraciones que no tienen efectos vinculantes (...) declaraciones hechas en broma, escénicas, realizadas con fines didácticos o por cortesía (...) la denominada incapacidad natural (...)”, y todos aquellos supuestos en los cuales se presentan vicios en la manifestación de voluntad, que impiden la producción de los efectos jurídicos fijados como propósito por las partes; sin embargo, debemos tener en cuenta que “(...) el enunciado del inciso es ancho porque hay casos de verdadera falta de declaración de voluntad, pero por propio mandato de otros artículos no acarrean nulidad (...)”, estos serían supuestos en que si bien el ordenamiento señala vicios en la voluntad del agente, esta voluntad declarada no se encuentra afecta a nulidad sino de anulabilidad, como es el caso de los supuestos de error, dolo, violencia o intimidación previstos en el numeral 02 del artículo 221 del Código Civil. (Casación 3189-2012 Lima Norte, 03-01-2013.  Quinto Pleno Casatorio, consideraciones 4.4.1.1. a), 149 y 150) (->VER JURISPRUDENCIA)

Es nulo el acto jurídico contrario al orden público o las buenas costumbres (Venta de bien ajeno)

• Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, porque quien no es propietario de un bien, no puede disponer de él y vender un bien ajeno y, el dueño no puede ser privado de su dominio, sin que medie su voluntad, porque la Ley no ampara el abuso del derecho. (Casación Nº282-T-97 Puno, 25-11-1997. Sala Civil Transitoria, Considerando Sexto) (->VER JURISPRUDENCIA)

El negocio jurídico debe portar intereses de protección y reglas impuestas entre las partes guardando conformidad con el ordenamiento jurídico.

• El negocio jurídico ha de ser portador de intereses dignos de protección y las reglas que las partes se han impuesto a sí mismas como mecanismos para alcanzar la satisfacción de aquellos intereses, han de guardar conformidad con las normas del ordenamiento jurídico. (Casación Nº 4442-2015 Moquegua. Sala Civil Transitoria y Permanente, Planteamiento IV.5, 21) (->VER JURISPRUDENCIA)

La estructura del negocio jurídico

• Séptimo.– Que, sobre el particular debe tenerse en cuenta que de conformidad a lo preceptuado por el artículo 140 del Código Civil, el acto o negocio jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, requiriendo para su validez agente capaz, objeto física o jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescriba por la ley bajo sanción de nulidad. Dicho de otra manera, los negocios jurídicos son supuestos de hecho conformados por una o más manifestaciones de voluntad, emitidas por los sujetos con el propósito de alcanzar un resultado práctico el cual, tutelado por el ordenamiento legal se convierte en un resultado jurídico que consistirá en crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas. Su estructura está conformada por los elementos, manifestación de voluntad y causa, así como por los presupuestos que se definen como los antecedentes o términos de referencia, es decir todo lo que es necesario para que el acto pueda celebrarse que son el objeto y sujeto y los requisitos como condiciones que deben cumplir tanto los elementos como los presupuestos para que el acto pueda producir efectos válidos y que vienen a ser la capacidad de ejercicio, la licitud, la posibilidad física y jurídica del objeto y que la voluntad manifestada haya estado sometida a un proceso normal de formación, sin vicios. (Casación Nº 912-2010 Lima, 28-03-2011. Sala Civil Transitoria, Considerando Séptimo) (->VER JURISPRUDENCIA)

La posesión precaria no alude solo a la carencia del título sino a cualquier acto jurídico expuesto.

• Bajo el marco legal y jurisprudencial citados, tenemos que dentro de la concepción general y básica que se desprende del artículo 911° del Código Civil, cuando dicho precepto legal alude a la carencia de título, no se está refiriendo al documento que constituya el título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico, hecho o circunstancia que hayan expuesto los sujetos procesales, tanto en la demanda como en el contradictorio. (Casación Nº 8803-2018 Lima Sur, 10-03-2020. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Considerando Sexto) (->VER JURISPRUDENCIA)

Las voluntades declaradas en una relación contractual perfeccionan un contrato valido.

• El acto jurídico de compra venta de fecha ocho de noviembre de dos mil cuatro materia de nulidad contiene las voluntades declaradas de ambas partes contractuales, es decir, existe coincidencia de voluntades necesarias para la formación de un contrato válido (Casación Nº 18581-2019 Ayacucho, 08-09-2020. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Considerando Quinto, a) (->VER JURISPRUDENCIA)

Diferencias entre invalidez e ineficacia del acto jurídico

• Séptimo.– […]. Así la pretensión de nulidad de un acto jurídico (también conocida en la doctrina como ineficacia estructural o intrínseca) se invoca cuando en la celebración del acto jurídico se ha incurrido en un vicio que afecta su estructura misma y por tanto deviene en inválido desde su origen, estando las causales de ineficacia estructural previstas en el artículo 219 del Código Civil (nulidad absoluta del acto jurídico) y en el artículo 221 del Código Civil (anulabilidad). Octavo.– Que, en cambio la ineficacia a la que se hace referencia en la sentencia de vista, conocida como ineficacia funcional o extrínseca constituye una categoría jurídica distinta que se invoca no por la existencia de vicios que afectan la estructura misma del acto jurídico, sino cuando se trata de actos jurídicos que habiendo nacido válidos posteriormente, por razones voluntarias o legales deja de producir lo efectos jurídicos buscados por las partes; en este segundo caso, es la ley la que declara que el acto jurídico es ineficaz, tal por ejemplo la ineficacia prevista en el artículo 161 del Código Civil. (Casación Nº 912-2010 Lima, 28-03-2011. Sala Civil Transitoria, Considerando Séptimo y Octavo) (->VER JURISPRUDENCIA)

Los sujetos por su propia voluntad no pueden variar o modificar relaciones o hechos jurídicos creados o dispuestos por ley

• El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas; lo que significa, de un lado, que es la voluntad la generadora del acto jurídico; y, de otro lado, atendiendo a que las personas por su propia voluntad no pueden variar o modificar relaciones o hechos jurídicos creados o dispuestos por ley, la voluntad a que se refiere el citado artículo es de naturaleza privada; tal como lo señala la doctrina nacional al sostener "(…)”; Segundo.- Que por tal razón, la voluntad generadora del acto jurídico regulado por el código civil se encuentra comprendido en el ámbito del derecho privado; en cambio, el acto producto del ejercicio de una potestad jurisdiccional o administrativa, se encuentra comprendido en el ámbito del derecho público; (Casación Nº 3752-2002 Lima, 23-05-2003. Sala Civil Transitoria, Considerando Primero y Segundo) (->VER JURISPRUDENCIA)

Fijación del plazo prescriptorio para demandar la nulidad del acto jurídico

• QUINTO.- En el caso de autos, la excepcionante ha precisado que el plazo para ejercitar la acción debe realizarse desde que se efectuó la inscripción registral del acto cuya nulidad se pretende, es decir, desde el año mil novecientos noventa y cuatro; por lo que a la fecha de interposición de la demanda la acción ya habría prescrito. Por su parte, la parte demandante ha manifestado que ha tomado conocimiento del acto impugnado desde el año dos mil diez por propia versión del adquirente del inmueble materia de litis, y que con fecha diez de marzo de dos mil diez se apersonaron a la notaría de la doctora Rosa Angélica Nakasone Dizama para solicitar un testimonio de la escritura pública del archivo del doctor Ernesto García Agurto, notario ante el cual se extendió la escritura pública que contiene el acto de compraventa cuya nulidad se pretende. En relación a ello, las pruebas aportadas por los accionantes referidas a la fecha en que tomaron conocimiento del acto impugnado no han logrado enervar el principio de publicidad registral, conforme a lo resuelto por el Colegiado Superior, por cuanto en la norma contenida en el acotado artículo 2012 contiene una presunción que al tener la categoría de ser iure et de iure, no admite alegar desconocimiento del contenido de lo que aparece registrado. (Casación Nº 3565-2016 Ica, 11-09-2017. Sala Civil Transitoria, Considerando Quinto) (->VER JURISPRUDENCIA)

Clases de Ineficacia del acto jurídico (ineficacia estructural e ineficacia funcional)

• Cuarto.- Tratándose de un proceso de Nulidad de Acto Jurídico, se debe precisar que el acto jurídico está determinado por la manifestación de voluntad destinada a producir un efecto jurídico, y excepcionalmente dicho acto jurídico puede adolecer de defecto que lo hace ineficaz; la doctrina recogida por nuestro ordenamiento civil las ha clasificado en: estructurales o aquellas afectadas por causa originaria o intrínseca al momento de la celebración o formación del acto, cuyos elementos constitutivos están previstos en el artículo 219 del Código Civil; ineficacia sustentada en el principio de legalidad, por lo que opera la nulidad ipso iure o absoluta, no pudiendo confirmarse por acto posterior; e ineficacia funcional, por sobrevenir un defecto ajeno a la estructura y se presenta luego de celebrado el acto jurídico, que da lugar a la anulabilidad del acto, salvo que la parte afectada pueda perfeccionarlos mediante su confirmación, cuyos elementos los encontramos en el artículo 221 del Código precitado. (Casación Nº 886-2015 Lima, 28-12-2015. Sala Civil Transitoria, Considerando Cuarto) (->VER JURISPRUDENCIA)

Plazo de prescripción para interponer demanda de ineficacia del acto jurídico

• Sétimo.- En esa perspectiva, debe señalarse lo siguiente: (i) El Código Civil no regula expresamente el plazo prescriptorio para los actos jurídicos ineficaces, salvo en los que se refiere a la acción pauliana, cuyo plazo de prescripción es de dos años, conforme señala el artículo 2001 inciso 4º del referido cuerpo legal. […]. Octavo.- En efecto, la nulidad, que es la sanción civil que declara inválido un acto jurídico por defectos estructurales, no admite comparación con un acto ineficaz, dado que aquí no está en juego la validez del propio acto, el que se encuentra incólume, sino los efectos actuales del mismo. Noveno.- Hay que reparar que cuando el artículo 2001 del Código Civil establece una escala para fijar el tiempo de prescripción de los actos jurídicos, tiene en cuenta para su graduación: la naturaleza del acto que se pretende cautelar; así, a mayor importancia mayor tiempo para la prescripción y a menor importancia menor tiempo. Es por eso que las acciones personales, reales, las que nacen de una ejecutoria y la nulidad del acto jurídico tienen como plazo de prescripción diez años, el más largo de los que contempla el Código Sustantivo. Ello se debe a que en estos casos se protege relaciones obligacionales, o se defiende al titular de un derecho real, o la obligación surge de la intervención del ente jurisdiccional o el vicio compromete la estructura del propio acto jurídico. Por el contrario, cuando la importancia del acto es menor (artículo 2001 inciso 4º del Código Civil), éste prescribe a los dos años, como en el caso de la pensión alimenticia (acto siempre renovable), la responsabilidad extracontractual (que no surge de una obligación contraída), la acción pauliana (que supone un fraude que debe invocarse con rapidez para salvaguardar el circuito económico) y la acción de anulabilidad (que cuestiona elementos del acto jurídico que pueden ser subsanados vía confirmación). Décimo.- Siendo ello así, este Tribunal estima que la relación de semejanza que debe establecerse es la que existe entre la ineficacia del acto jurídico y la señalada en el artículo 2001 inciso 4º del Código Civil, ya que hay una identidad de razón entre el caso no regulado con el caso normado, que atiende: (I) A que allí se regula un supuesto de ineficacia (el de la acción pauliana o revocatoria) y no hay razón para considerar que los otros supuestos de ineficacia deban regirse por plazo prescriptorio distinto; y, (II) A que allí se regula la anulabilidad del acto jurídico que puede confirmarse tal como la ineficacia puede ratificarse. Es verdad que no cabe confundir confirmación con ratificación, pero no es menos cierto que ambos tienen el mismo fin: la conservación del acto jurídico. Décimo Primero.- Aunque esta Sala Suprema difiere de la fundamentación jurídica señalada por la Sala Revisora, estima que debe rechazar la casación planteada, atendiendo a las facultades que le concede el artículo 397 del Código Procesal Civil, que señala: “La Sala no casará la sentencia por el sólo hecho de estar erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho. Sin embargo, debe hacer la correspondiente rectificación”. Esto es lo que ha ocurrido aquí, por lo que corresponde aplicar el artículo 2001 inciso 4º y no el inciso 1º de la referida norma, máxime que el acto jurídico se suscribió en mil novecientos noventa y seis, y que al momento de interponerse la demanda (veintiséis de octubre de dos mil nueve) en consecuencia el plazo de prescripción habría vencido. (Casación Nº 1227-2012 Lima, 12-03-2013. Sala Civil Permanente, Considerando Sétimo al Décimo Primero) (->VER JURISPRUDENCIA)

La disposición de bienes sociales sin la intervención de uno de los cónyuges genera un supuesto de ineficacia y no de nulidad del acto jurídico

• Tercero.- Que, ahora bien, corresponde analizar la denuncia casatoria de naturaleza material, esto es, respecto a la infracción normativa de los artículos 161, 292 y 315 del Código Civil, referidos [a] la disposición de bienes sociales. Así pues, es preceptúa que “Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro.”, “La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza dicha representación de manera total o parcial.”, y finalmente que, “El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los limites de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros”. Cuarto.- Que, de la lectura de dichos artículos se tiene que el supuesto de autos, esto es, la disposición de bienes sociales sin la intervención de uno de los cónyuges, es uno de ineficacia y no de nulidad del acto jurídico, ello en virtud, que posee los elementos esenciales y presupuestos de validez, pero que no llega a producir sus efectos (o solo alguno de ellos) por falta de algún requisito de eficacia. (Casación Nº 381-2015 Lima Norte, 19-08-2015. Sala Civil Permanente, Fundamentos Cuarto y Quinto) (->VER JURISPRUDENCIA)

El principio de la buena fe debe regir en todo el proceso de formación del acto jurídico

• El principio de la buena fe debe regir en todo el proceso de formación del acto jurídico, desde la negociación, celebración y hasta la ejecución del mismo, lo cual implica actuar siempre con lealtad y probidad, siendo el sustento de esta postulación, el evitar que alguien abuse de su propia inmoralidad, por lo que no se debe oír a quien intenta hacer un ejercicio abusivo del derecho, (…) (Casación Nº 18581-2019 Ayacucho. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Considerando Décimo) (->VER JURISPRUDENCIA)

El matrimonio es un acto jurídico de naturaleza trascendental para el orden social

• El matrimonio es un acto jurídico, pero de naturaleza tan trascendental para el orden social que requiere normas especiales que regulen las demandas sobre su invalidez como excepción, pues no cabe admitir que se generalicen situaciones de duda con respecto a la validez del matrimonio, normas creadas con miras a regular situaciones de gran trascendencia social. (Casación Nº 015-2010 La Libertad, 12-04-2011. Sala Civil Permanente, Considerando Sexto) (->VER JURISPRUDENCIA)

La fotocopia de un documento acredita la preexistencia de un acto jurídico

• De otro lado, la sentencia menciona también que el documento que contiene el acto jurídico de ninguna forma es un documento público porque no contiene la legalización de las firmas. Tal discusión es irrelevante porque aún si no se tratara de un documento público, la fotocopia es un documento privado a tenor de lo expuesto en el artículo 234 del Código [Procesal] Civil y como tal medio probatorio que las partes pueden presentar y que el juez debe necesariamente de valorar. (Casación Nº 1487-2014 Huaura, 23-04-2015. Sala Civil Permanente, Fundamentos Quinto. Sentencias en Casación publicado el 30-12-2015, págs. 73196-73197) (->VER JURISPRUDENCIA)

El acto jurídico de transferencia de bienes inmuebles extrarregistrales debe merecer fecha cierta; y ésta se determina desde que adquiere calidad de instrumento público o estar incurso en los supuestos del art. 245 del Código Procesal Civil

• 4.- Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia, que si bien en nuestro ordenamiento jurídico la transferencia del derecho de propiedad sobre bienes inmuebles opera extrarregistralmente, es decir, con la sola creación de la relación obligatoria entre las partes, acorde con lo previsto por el Artículo 1172 del abrogado Código Civil de 1936 (vigente a la fecha de celebración de la compraventa) y el Artículo 949 del Código Civil vigente, no es menos cierto que dicho acto jurídico debe merecer fe respecto a la fecha de su celebración, a fin de determinar de forma indubitable la calidad de propios o sociales de los bienes adquiridos, fecha cierta que no se determina por las consignadas o afirmadas en instrumentos privados, sino que se establece desde el momento que adquieren la calidad de instrumentos públicos o se presenta alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 245 del Código Procesal Civil, criterio que ha sido admitido en vía jurisprudencial con la finalidad de permitir el acceso al registro de actos jurídicos cuya fecha de celebración es anterior, o en todo caso, distinta a la fecha de su formalización. (Tribunal Registral, Resolución Nº 276-2002-SUNARP-ORLC-TR, Lima 30-05-2002. IV Análisis, fundamento 4) (->VER JURISPRUDENCIA)

Extensión del acto jurídico de transmisión de la propiedad

• 9. Siendo que en la introducción de la escritura pública de compraventa interviene únicamente Luis Alberto Cotrado Pacho, por su propio derecho, aun cuando en la cláusula séptima se exprese que la adquisición es para él y sus hermanos, la titularidad dominial del predio únicamente recaerá en la esfera patrimonial del interviniente; y, a efectos de extenderse el derecho de propiedad a favor de Salomón y Oscar Cotrado Pacho será necesaria la celebración de un nuevo acto jurídico de transmisión de propiedad a su favor, en donde, además, los terceros (mandantes) declaren que efectivamente confirieron el encargo de comprar, como lo ha establecido esta instancia en la Resolución N° 097-97-ORLC/TR del 20 de marzo de 1997. (Tribunal Registral, Resolución Nº 007-2002-SUNARP-TR, Lima 09-01-2002. V Análisis, fundamento 9) (->VER JURISPRUDENCIA)

La falsificación de firma y huella digital constituye un acto jurídico inexistente

• Que, sin perjuicio de lo expuesto en los considerandos precedentes, dado que el recurrente manifiesta que el poder otorgado mediante escritura publique del 18 de noviembre de 2000 a que se refiere el tercer considerando –obrante en el título archivado N° 220445 del 1 de diciembre de 2000- constituye un acto jurídico inexistente al haberse falsificado su firma y huella digital, obrando en el título alzado copias, simples de la denuncia por delito contra la fe pública formulada el 16 de abril de 2001 ante el fiscal provincial especializado en lo penal de turno de Lima y considerando de otro lado que, de la revisión efectuada, se advierte discordancia entre la firma del notario de Junín Dr. Vlctor Mereado Palacios consignada en la escritura pública referida y la que figura en el Directorio y Registro de Firmas de esta oficina; en aplicación de lo dispuesto en el numeral 5.6 de ,la Directiva N° 001-2000ORLCIJE-GL aprobada por Resolución Jefatura N° 092-2000-0RLC/JE del 7 de febrero de 2000, debe ponerse en conocimiento de la Jefatura la situación referida, a efectos proceda conforme a sus atribuciones; (Tribunal Registral, Resolución Nº 375-2001-ORLC-TR. Lima 29-08-2001.  Considerando párrafo 11) (->VER JURISPRUDENCIA)

Los registros públicos no sólo desarrollan temas con derechos reales sino también los de nulidad de acto jurídico

• 4.- De lo expuesto tenemos que el Código Civil ha establecido una clasificación de los registros en orden a las materias de que trata el cuerpo legal sustantivo, es decir, como se indica en la Exposición de Motivos Oficial del Código Civil, Registros Públicos, Artículos 2008 a 2045 del Código Civil, pág. 6: “en el Código del 84 se aprecia que en el Libro de Registros Públicos se desarrollan temas que tienen relación no sólo con derechos reales sino también con otras áreas del mismo Código Civil. Así por ejemplo, trata de razones de nulidad del acto jurídico, de causas de rescisión o resolución de los contratos. Por otra parte el contrato de mandato tiene un registro que lo alude de modo particular. Lo mismo ocurre con el registro personal, en el que se trata de la capacidad e incapacidad, la declaración de ausencia, la muerte presunta, la separación de patrimonios, el divorcio y la separación de cuerpos. Por último, los registros de testamentos y de declaratoria de herederos regulan aspectos registrales vinculados especialmente con el Libro de Sucesiones”. (Tribunal Registral, Resolución Nº 064-2003-SUNARP-TR-L, Lima 06-02-2003. VI Análisis, fundamento 4) (->VER JURISPRUDENCIA)

Noción de las modalidades del acto jurídico

• Que, a efectos de determinar la posición asumida por nuestro ordenamiento legal respecto al significado que se le da al término “carga”, es necesario analizar primeramente el artículo 140 del Código Civil el cual dispone que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas; asimismo, los artículos 171 y siguientes, establecen la distinción entre los actos jurídicos modales y puros, en razón que puedan o no admitir la inserción de una modalidad (condición, plazo o cargo); Que, el cargo o modo consiste en la imposición de una obligación anexa a la adquisición del derecho, es en tal sentido, un pacto accesorio que se adhiere al acto principal; […]. (Tribunal Registral, Resolución Nº 329-99-ORLC-TR, Lima 03-12-1999.  Parte considerativa) (->VER JURISPRUDENCIA)

Las cargas que recaen en las donaciones, legados o herencias voluntarias se refieren a las modalidades del acto jurídico y no a los gravámenes que puedan recaer sobre el bien

• Que, por lo expresado en los considerandos anteriores, se colige que el artículo 448 inciso 9 del Código Civil al aludir a las cargas que recaen en las donaciones, legados o herencias voluntarias, se refiere a una modalidad del acto jurídico y no a los gravámenes que puedan recaer sobre el bien materia del acto gratuito; si bien en el libro del Acto Jurídico del Código Civil al referirse a esta modalidad la llama cargo y no carga,  debe tenerse en cuenta que no sólo en el artículo 1625 del Código Civil ya citado se hace referencia a la modalidad llamándola carga, sino además doctrinariamente se le denomina indistintamente carga o cargo; así, José León Barandiarán  señala “en lo que respecta a las cargas, ellas deben ser indicadas expresamente, pues representando una modalidad que pueda adherirse al acto principal, no se presumen...”  (Tratado de Derecho Civil, Tomo V, Lima, Walter Gutiérrez Editor, 1ra. Ed., 1992, página  186); igualmente,  Guillermo Cabanellas citando a Oertmann, indica que “el modo, que a veces se llama también carga, es una determinación accesoria, agregada a un acto de disposición, en virtud de la cual se obliga al adquirente a realizar  una prestación a favor del disponente o de un tercero” (Diccionario de Derecho Usual, Tomo ll. Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 6ta. Ed., 1968, página 721); […]. (Tribunal Registral, Resolución Nº 329-99-ORLC-TR, Lima 03-12-1999.  Parte considerativa) (->VER JURISPRUDENCIA)

La demanda de otorgamiento de escritura pública tiene como fin de que este acto jurídico conste en instrumento público en mérito de que pueda admitirse su inscripción en el Registro

• Que, la demanda de otorgamiento de escritura pública tiene por finalidad que la emplazada cumpla con la obligación de hacer, referida a la formalización del documento privado de compraventa de derechos y acciones, a fin de que este acto jurídico conste en instrumento público en mérito del cual, se admita su inscripción en el Registro; […]. (Tribunal Registral, Resolución Nº 083-2001-ORLC/TR, Lima 19-02-2001.  Parte considerativa) (->VER JURISPRUDENCIA)

El cargo como modalidad en los actos jurídicos de donación de bienes inmuebles

• Que, el cargo o modo consiste en la imposición de una obligación anexa a la adquisición del derecho, es en tal sentido, un pacto accesorio que se adhiere al acto principal; Que, el artículo 448 inciso 9 del Código Civil, señala que los padres necesitan autorización judicial para practicar en nombre del menor los siguientes actos: aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas, desprendiéndose de un análisis literal de la norma que se refiere a la situación en que el acto jurídico, mas no el bien, se encuentre gravado con carga; es decir que estamos frente a un acto jurídico modal, siendo en este caso la modalidad el cargo; Que, en el caso de la donación de bienes inmuebles, el concepto de carga es aclarado por el artículo 1625 de la norma citada, el cual señala que la donación de bienes inmuebles deberá hacerse por escritura pública con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario, es decir que la obligación de satisfacer las cargas impuestas por el donante (adheridas al acto principal) recae en el donatario, constituyendo una carga personal, dado que éste adquiere la calidad de obligado o gravado; […]. (Tribunal Registral, Resolución Nº 329-99-ORLC-TR, Lima 03-12-1999.  Parte considerativa) (->VER JURISPRUDENCIA)

La ineficacia del acto jurídico de la acción pauliana es inoponible sólo frente al acreedor pero no frente a terceros

• 9.- Que resulta necesario precisar, por otro lado, que la declaración de ineficacia de un acto jurídico promovida a través de la acción pauliana (mal llamada revocatoria), prevista en el artículo 195 y siguientes del Código Civil, da lugar a que el acto jurídico fraudulento que ha sido cuestionado judicialmente ante el Poder Judicial sea inoponible sólo frente al acreedor demandante de la acción, pero no frente a terceros. Dicha acción no tiene efectos erga omnes, de tal forma que frente a todos los demás distintos del acreedor demandante el acto jurídico traslativo de dominio es perfecto. Esta acción no genera la nulidad de la transferencia cuestionada, sólo su inoponiblidad frente al acreedor demandante. Es por ello que  la resolución judicial que declara fundada una acción pauliana debe inscribirse en el rubro de cargas y gravámenes y no en el de títulos de dominio de la partida registral involucrada. (Tribunal Registral, Resolución Nº 114-2013-SUNARP-TR-T, Trujillo 11-05-2003. VI. Análisis, fundamento 9) (->VER JURISPRUDENCIA)

Nuestro sistema civil exige la manifestación de voluntad expresa, no sólo como requisito de validez sino como elemento esencial del mismo

• Décimo Noveno.- Que nuestro sistema civil exige la manifestación de voluntad expresa no sólo como requisito de validez del acto jurídico sino como elemento esencial del mismo, conjuntamente con la finalidad y la forma; (Exp. 1610-98. Sentencia de Vista, Lima 10-09-1999. Corte Superior de Justicia de Lima. Sala de Procesos ejecutivos. Considerando Vigésimo Noveno) (->VER JURISPRUDENCIA)

Si los dos cónyuges que intervienen en un acto jurídico, la carta que comunica la resolución del contrato deben ser dirigidos para ambos

• Tercero.- Que, la referida apreciación de la actora no es exacta por cuanto según aparece de la cláusula décimo quinta del contrato de préstamo con garantía hipotecaria contenida en la escritura pública de fecha diez de julio de mil novecientos noventidós cuyo testimonio corre de fojas ocho a veinticuatro, la ahora codemandada doña Norma Nieves Vega De La Cruz de Vega en su calidad de cónyuge del ahora codemandado don Juan Nicolás Vega Bermúdez, intervino expresando su “(…) aceptación y conformidad (…)” con los términos del contrato, bajo los alcances de los artículos 292 y 315 del Código Civil; coligiéndose de ello que la intervención de ambos cónyuges en la celebración de los actos jurídicos contenidos en la escritura citada, esto es, en el contrato de mutuo de quince mil dólares americanos para cancelar el saldo del precio del inmueble que se compró y cuyo contrato de compraventa está contenido también en la misma escritura (cláusula primera) así como en la constitución de la hipoteca que se pretende ejecutar (cláusula sexta), fue en calidad de representantes de la sociedad conyugal que conforman siendo indispensable la participación de ambos sobre todo para gravar(hipoteca) el inmueble sub-litis por tratarse de un bien social perteneciente a dicha sociedad conyugal; así, acertadamente ha sido registrada la garantía real en referencia consignándose la participación de ambos cónyuges en la constitución de la garantía realaludida conforme se aprecia del asiento d-4) de la Ficha Nº 178739 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima que en copia certificada corre a fojas veintiséis veintisiete, yen cuyo asiento c-3) consta la calidad de bien social del inmueble sub-litis; […] Cuarto.- Que, en consecuencia, de producirse el supuesto pactado como causal de resolución del contrato a que se contrae el numeral 11.03 de la cláusula décima primera del contrato antes glosado, aquélla operará en tanto y en cuanto el banco comunique su decisión de resolverlo a los representantes de la sociedad conyugal, esto es, al marido y a la mujer, y no sólo a uno de ellos, conforme lo establece el artículo 292 del Código Sustantivo también citado en los actos jurídicos celebrados. Quinto.- Por tanto, la comunicación de la decisión de resolver el contrato a uno sólo de los cónyuges hace inexigible la obligación reclamada como consecuencia de la presunta resolución invocada, porque no ha operado la resolución contractual por falta de comunicación idónea de la decisión en torno a ello. (Exp. 45514-1722-98, Sentencia de Vista, Considerandos 3ro, 4to 5to. Sala Civil Corporativa para Procesos Ejecutivos y Cautelares. Corte Superior de Justicia de Lima) (->VER JURISPRUDENCIA)

La falta de alguno de los requisitos del acto jurídico conduce a su nulidad

• Nuestro Código Civil, en su artículo 140º define al acto jurídico como la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas requiriendo para su validez; manifestación de voluntad, capacidad objeto y finalidad, siendo así, la falta de alguno de estos requisitos conduce a la nulidad el acto jurídico. (Exp. 3285-2019-0, Resolución Nº Seis del 10-12-2019, Considerando Tercero. Quinto Juzgado Especializado en lo Civil. Corte Superior de Justicia de La Libertad) (->VER JURISPRUDENCIA)

✔ JURISPRUDENCIA RESPECTO A LA FINALIDAD DEL ACTO JURÍDICO

El fin ilícito debe ser contrario a las normas que interesan al orden público

• La forma solemne (o forma ad solemnitatem) es aquélla que constituye un elemento de validez del negocio jurídico, de manera que la celebración de este último sin observar la forma en cuestión conllevará su invalidez, específicamente, su nulidad, tal como lo establece el inciso 6 del artículo 219 del Código Civil que a la letra dice: “(…)”. Respecto de la forma solemne se ha dicho que “cuando la ley prescribe una determinada forma (forma legal) o las partes eligen una de común acuerdo (forma convencional), esa se convierte en elemento esencial del negocio: si el negocio no es concluido en la forma prescrita, es nulo por falta de uno de sus elementos esenciales”; entonces, la forma solemne puede tener su fuente en la ley (forma solemne legal) o en el convenio de las partes (forma solemne convencional). En la forma solemne legal, la ley, de manera expresa, sancionará con nulidad la inobservancia de la forma (artículo 144 del Código Civil), tal es el caso, por ejemplo, del artículo 1871 del Código Civil: “(…)”, lo propio sucede, entre otros, con los artículos 1304, 107, 1625, 1925, 1092 del Código Civil. (Noveno Pleno Casatorio. Casación Nº 442-2015-Moquegua, Planteamiento VI.3, 14.a) (->VER JURISPRUDENCIA)

La forma probatoria constituye solo un medio de prueba para acreditar la existencia de un negocio jurídico