DELITOS AMBIENTALES

Aspectos Problemáticos:

En la protección del medio ambiente existen dos posiciones: una denominada ecocéntrica, y la otra antropocéntrica, con sus variantes radicales y moderadas. Desde una posición  se entenderá como bien jurídico protegido el “equilibrio de los sistemas naturales” (visión ecocéntrica). Mas, cuando la protección  del medio ambiente se vincula a la tutela de intereses individuales nos encontramos ante una visión antropocéntrica.

Si analizamos desde sus objetos de protección y partimos de la definición del medio ambiente como la suma de las bases naturales de la vida humana, tenemos que de esta  premisa pueden deducirse convenientemente los objetos de protección a que debe referirse el Derecho Penal, entonces el Derecho Penal del Medio Ambiente se trata del mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua. Así como de la fauna y la flora y las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales.

Concretando los objetos de protección, es decir aquel sobre las cuales debe recaer la acción típica, estos serán la:

Las técnicas de tipificación que frecuentemente se utilizan para configurarse estos delitos son la de  “delitos de peligro”, los “bienes jurídicos colectivos  o supraindividuales”  y las “leyes penales en blanco”.

a)      Delitos de Peligro: En oposición a los delitos de lesión, son aquellos donde el hecho constitutivo no causa daño o una lesión efectiva y directa e intereses jurídicamente protegidos, pero si crean en estos una situación de peligro o amenaza.

b)      Bienes Jurídicos Supraindividuales: bien jurídico colectivo o supraindividual es aquel que afecta  a todos y a cada uno de los ciudadanos, (ejemplo, la administración de justicia) al contrario de los bienes jurídicos individuales afectan bienes eminentemente personales. (ej.: la libertad, el honor, la vida).

c)      Ley Penal en Blanco: mientras la mayoría de las leyes penales son plenas o completas, pues se encuentra determinado tanto el supuesto de hecho como la sanción, existen otras en cambio que solo precisan la sanción, al paso que del precepto ofrecen una descripción parcial remitiendo el supuesto de hecho, a otro texto legal.

Además de lo indicado se ha de precisar dos aspectos problemáticos de estos delitos:

- Respecto a la autoría en los Delitos contra el Medio Ambiente

No es tarea sencilla la determinación de la autoría, en tanto se suelen utilizar personas jurídicas (empresas); de donde establecer las responsabilidades  individuales, (esto es, de los ámbitos a los que afecta el deber individual de control de riesgos de un sujeto concreto) resulta problemático, en tanto que todas las intervenciones humanas están programadas  como un sistema interrelacionado de conductas, regulados por normas internas y de dominio público.

- Tipo Penal y Norma Administrativa

La relación  entre el tipo penal y las normas administrativas generan problemas. En principio porque es difícil describir la conducta penalmente típica sin referirse a la consideración que esta la merezca al Derecho Administrativo. Seguidamente otro problema lo constituye la discrepancia entre normas penales y actos administrativos de autorización, y las exigencias de protección del bien jurídico.  

 

El Bien Jurídico Protegido:

Al igual que ocurre con el resto de los bienes jurídicos de naturaleza supraindividual (cuyo espectro se extiende a lo largo de todo el Derecho penal económico), existen importantes dificultades para concretar el interés protegido en el campo del medio ambiente.

Si prescindiéramos de mayores exigencias, podríamos contentarnos con referirnos a él como el conjunto de las condiciones que permiten el desarrollo de la vida en los reinos animal y vegetal; pero si obráramos de este modo habríamos alcanzado sólo una concreción insuficiente del bien jurídico, ya que nos estaríamos refiriendo, bajo esa

denominación, a un buen número de intereses de indudable raigambre social que sin embargo encuentran protección en otros sectores del ordenamiento jurídico, incluido el penal.

La necesidad de acotar el interés penalmente protegido se hace especialmente intensa en lo referente a los de índole supraindividual, por la sencilla razón de que en relación con ellos existe la seria sospecha de invasión indebida del campo de lo punible, por existir otros mecanismos sancionadores de mayor grado de eficacia y que cuentan con un grado de legitimidad suficiente (nos referimos a las sanciones administrativas) o porque se trata de una protección estéril y que únicamente pretende satisfacer las demandas punitivas de la opinión pública, demandas que satisface el legislador aún a riesgo de provocar con ello una inflación oportunista del ius puniendi. A este segundo inconveniente se refieren los autores bajo el apelativo de “Derecho penal simbólico”.

Para huir de él, la doctrina considera imprescindible vincular los intereses de alcance supraindividual a bienes jurídicos de naturaleza personal, con el fin de que la indudable trascendencia de éstos sirva a su vez para autorizar una intervención de mayor alcance.

En lo que se refiere a los delitos contra el medio ambiente, existe una opinión generalizada en la doctrina europea (recogida también en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo) a favor de lograr una protección “antropocéntrica” del medio ambiente o, lo que es lo mismo, una tutela penal que gire en torno a las necesidades del hombre como factor primordial de ese medio ambiente; de este modo, la intervención penal estará plenamente justificada siempre y cuando los objetos incluidos en los respectivos tipos penales sirvan, directa o indirectamente, para garantizar al hombre la

supervivencia. En palabras de HASSEMER, esto significa que “el bien jurídico en el derecho ambiental no es el medio ambiente por sí mismo, sino solamente como medio para las necesidades de la salud y la vida del hombre." Por el contrario, carecerá de justificación esa intervención cuando el interés protegido se aleje demasiado de lo que es requerido para la supervivencia de la especie humana, estando entonces obligado el legislador a rebajar la intensidad de la protección ubicando esas conductas, si acaso, en el ordenamiento administrativo sancionador.

Impacto del Delito contra el Medio Ambiente:

  

Delitos de Contaminación:

Nexos con la delincuencia Organizada:

Una proporción significativa tanto del delito contra la vida silvestre como de contaminación tiene participación en redes de delincuencia organizada. Evidencia de ello son los “delitos de frontera”, que requieren de una planificación detallada de operaciones, apoyo financiero substancial, una gestión cuidadosa de embarques internacionales y, por supuesto, un lucro masivo.

Teoría Jurídica del Medio Ambiente de los Recursos Naturales:

CONCLUSIONES:

En conclusión a lo mencionado puedo resaltar que nuestra legislación ambiental, si bien es muy rica y actualizada, es dispersa situación que favorece a los depredadores del medio ambiente y los recursos naturales, razón por lo que, se hace necesario una compilación es este sentido a fin, no sólo de buscar cierta uniformidad, sino para aunar los esfuerzos, y así lograr la eficiencia y eficacia de dicha legislación.