CONCLUSIONES

1.- Además de la declaración judicial a través de la vía del proceso de conocimiento, hoy se faculta a los convivientes, lograr el reconocimiento de su relación convivencial mediante una declaración administrativa ante Notario Público de su domicilio, como un hecho jurídico inscribible y por consiguiente oponible hacia terceros.

2.- Se recomienda a las parejas de convivientes que cumplen los presupuestos de una unión de hecho legítima, apenas cumplan el requisito temporal de los dos años de haber hecho vida en común; inicien de consuno, el procedimiento notarial para su reconocimiento y luego registrarlo; o, en caso de divergencia, conseguir la declaración judicial de reconocimiento y también registrarlo, con la finalidad de probar tal condición para los efectos legales dentro de una unión de hecho, ya protegido.

3.-La mayor parte de los convivientes, no cuentan con posibilidades económicas que la vía notarial, registral e incluso judicial exigen para lograr el reconocimiento y posterior inscripción de su relación convivencial, como ente generador de la familia con base no matrimonial; o, el cese del hogar de hecho ya reconocido.

4.- Oportuno sería que los costos, aranceles, derechos y tasas que irroguen los trámites administrativos, registrales, notariales y judiciales; sean cubiertos por el Estado a través de los programas sociales y el Ministerio de Inclusión Social, para lograr que, esa gran masa de convivientes del área rural y urbano-marginal sean incluidos al sistema económico, social y jurídico de nuestro país.

5.- La orientación legislativa de la ley Nro. 30007 y doctrinaria adoptada por nuestro sistema jurídico en materia de uniones de hecho; actualmente, le reconocen a ésta institución familiar, mayores derechos y condiciones equitativas que a los del matrimonio; en consecuencia, grandes ventajas para los convivientes como acceder al derecho sucesorio.