LAS LIBERTADES CONTRACTUALES - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
LAS
LIBERTADES CONTRACTUALES
Artículo
62º de la Constitución.-
“ La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente
según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no
pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los
conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía
arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el
contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos-ley,
el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser
modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere
el párrafo precedente.”
El artículo 62º de la Constitución
establece que la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Dentro de esta
concepción debe distinguirse la libertad de contratar de la libertad
contractual propiamente dicha. La segunda, la posibilidad de establecer
libremente los términos contractuales. Es evidente que la norma constitucional
se refiere a ambas libertades. Es claro, además, que ambas libertades se
configuran como derechos fundamentales al amparo del artículo 3º de la norma
constitucional.
Es necesario señalar, sin
embargo, que resulta discutible la ubicación de esta previsión legal en esta
parte de la Constitución, en tanto la libertad contractual no se limita al
régimen económico, sino que participa de gran parte de la totalidad de la vida
en sociedad. Existe una clara referencia de ello en el artículo 2º de la norma
constitucional, en el cual debió haberse indicado también la previsión que
estamos mencionando y la que comentamos a continuación.
1. El Problema De La Modificación De
Contratos por Parte Del Estado
Ahora
bien, la norma señala la prohibición (no contenida en la Constitución de 1979)
de que el Estado pueda modificar unilateralmente dichos contratos. Ello a fin
de impedir el volver a esquemas tan perniciosos como las prórrogas de contratos
de arrendamiento o el control de precios. El Estado no puede intervenir en la
voluntad de las partes, aún cuando se modifiquen las normas a cuyo amparo se
tomó el respectivo acuerdo.
Lo que ocurre es que una vez
que el contrato se ha celebrado, y en tanto las disposiciones contenidas en la
ley son supletorias a la voluntad de las partes, dichas disposiciones se
incorporan automáticamente a los términos contractuales. La lógica de esta
concepción estriba la necesidad de reducir costos de transacción. En
consecuencia, mal podría el Estado, a través de disposiciones legales, vulnerar
la voluntad de las partes y la libertad contractual a la cual nos estamos
refiriendo.
Es necesario señalar que la
prohibición de modificación de los contratos por parte del Estado no se basa en
el hecho de que se aplique el denominado principio de los derechos adquiridos,
sino precisamente que la horma aplicable a un contrato sea precisamente aquella
vigente al momento de su celebración, toda vez que las obligaciones que
resultan del mismo se generaron al momento de su celebración. El principio de
los hechos cumplidos es precisamente el que impide una aplicación retroactiva
de la norma que hubiese sido aprobada con posterioridad a la celebración del
contrato.
Finalmente, la norma
constitucional establece que los conflictos derivados de los contratos y de los
convenios de estabilidad jurídica sólo se solucionan en las vías de conciliación,
arbitral y social, según los mecanismos de protección previstos en el contrato,
convenio o contemplados en la ley. Normalmente, dichos mecanismos son la lesión
y la denominada excesiva onerosidad de la prestación, los mismos que se
encuentran consagrados en nuestro Código Civil.
2. Los Contratos-Ley
Los
contratos-ley son aquellos acuerdos celebrados por el estado y los particulares
en los cuales el Estado otorga garantías o establece seguridades, en especial
en términos de la modificación legislativa de ciertas condiciones iniciales, la
misma que no rige para dichos particulares. El ordenamiento jurídico se
paraliza para dichos particulares, asumiéndose de manera permanente el
existente al momento de la celebración del contrato.
Los contratos-ley son
acuerdos civiles (no son contratos administrativos) que muestra una política de
promoción de inversiones ofreciendo seguridad jurídica. La utilización de estos
mecanismos resulta ser muy discutible, pues los mismos pretenden señalar, en el
fondo, el sistema jurídico es inestable y que para algunos operadores
privilegiados ciertas situaciones se van a mantener estables cuando debería
ello ocurrir para todos. Y es que resulta un requisito ineludible para el
adecuado funcionamiento de una economía de mercado y la estabilidad de las
reglas de juego, como lo hemos señalado de manera reiterada. La estabilidad
jurídica, en consecuencia, no deberá garantizarse mediante la celebración de
contratos, sino mediante el propio funcionamiento del ordenamiento jurídico.
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Datos personales
- Andres Eduardo Cusi
- ■ Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima | Abogado en el Estudio Jurídico Cusi Abogados & Asociados | Conciliador Extrajudicial especializado en Civil y Familia por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Director en el Centro de Conciliación Extrajudicial Cusi & Soluciones
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