LA LIBRE COMPETENCIA
LIBRE
COMPETENCIA
Artículo
61º de la Constitución.-
“ El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que
la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni
concertación puede autorizar ni celebrar monopolios.
La prensa, la radio, la
televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en
general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de
expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni
acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de
particulares.”
El artículo 61º de la norma
constitucional establece que el Estado favorece y vigila la competencia,
combatiendo las prácticas que la limite. Esta prescripción es la que consagra
el denominado derecho de la defensa de la competencia o simplemente derecho de
la competencia. Esta rama del derecho, o derecho antitrust, que paulatinamente
está adquiriendo características propias, se encarga de asegurar el
cumplimiento de ciertos principios inherentes a la libre competencia, elemento
fundamental de la economía de mercado. Sin libre competencia, el mercado deja
de convertirse en el mecanismo que asigna los recursos de materia más
eficiente.
Ahora bien, el derecho de la
competencia es un mecanismo de intervención estatal en la economía, que resulta
en general admisible en una economía de mercado, dentro de determinados
límites. Es admisible, en primer lugar, porque no actúa de manera previa sino
posterior a la realización de los actos considerados infractores, mientras que
otros mecanismos de intervención se manifiestan de manera previa, posterior, e
incluso simultánea.
Por otro lado, el derecho de
la competencia no busca regular el comportamiento empresarial, sino más bien
asegurar que el mismo se ajuste a los resultados que se pretende obtener de la
competencia en el mercado. Asimismo, no pretende reemplazar al mercado, ni
simular su comportamiento, sino asegurar las condiciones para su desempeño
eficiente. La intervención en la economía del derecho antitrust es entonces de
naturaleza indirecta, a diferencia de la regulación económica, que funciona de
manera directa, como veremos más adelante.
Finalmente, la regulación
económica, en general está sectorizada, siendo distinta cualitativa y
cuantitativamente según la actividad económica de la cual se trate. La defensa
de la competencia, en cambio, es homogénea, puesto que es aplicada a través de
agencias de competencia, como el INDECOPI en el caso peruano. Es por ello que
la regulación económica debe hallarse fuertemente limitada y debe enfocarse en
determinadas actividades económicas, como lo veremos en el capítulo siguiente.
1. La Protección A La Libertad De Expresión
Finalmente,
la norma constitucional hace hincapié en el hecho de que la prensa, la radio,
la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en
general las empresas, los bienes y los servicios relacionados con la libertad
de expresión y comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio o
acaparamiento, de manera directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de
particulares; ello, a fin de no afectar derechos fundamentales de especial
relevancia en la formación de una opinión pública libre, fundamental en una
sociedad democrática.
Ello es congruente, por
ejemplo con las limitaciones establecidas en la ley para ser propietario de
medios de comunicación (Ley de Radio y Televisión,
Ley Nº 28278: art. 22). Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional
declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el
segundo párrafo del artículo 24º de la ley de Radio y Televisión, entendiendo
que la igualdad entre los capitales peruanos y foráneos en el país ha de estar
en relación directa con el principio de reciprocidad de trato que el país
extranjero otorgue a los nacionales. Si bien la sentencia es un tanto confusa,
deja en evidencia la inconstitucionalidad del establecimiento delimitaciones
para la propiedad de medios de comunicación por parte de extranjeros.
Bajo este parámetro, el
Tribunal Constitucional ha señalado que las empresas de radiodifusión podrán
ejercer su derecho a la libertad de empresa, pues este derecho es la base de
protección que habrá de argüirse para el caso concreto. Ello, en especial
porque según el artículo 59º de la Constitución que garantiza expresamente la
libertad de empresa, al cual nos hemos referido ampliamente, siempre como
principal expresión de la libre competencia, es aplicable también a dichas
empresas, señalándose no obstante que su ejercicio no debe ser lesivo a la
moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. Una limitación como la
descrita vulnera la libertad de empresa, y como resultado deviene en
inconstitucional.
Fuente:
- Dr. Cristhian Guzmán Napuri (Introducción al Derecho Público Económico)
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Datos personales
- Andres Eduardo Cusi
- ■ Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima | Abogado en el Estudio Jurídico Cusi Abogados & Asociados | Conciliador Extrajudicial especializado en Civil y Familia por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Director en el Centro de Conciliación Extrajudicial Cusi & Soluciones
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