LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
LA
AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
Históricamente, la autonomía
de la voluntad se remonta al derecho romano; sin embargo no tenía una facultad
creadora por cuanto se ubicaba bajo ciertas limitaciones establecidas, donde
tenía que someterse a la voluntad del influyente formalismo que imperaba en la
época, sujetándose a esquemas o modelos predeterminados de manera rigurosa,
propios de la señalada civilización.
Posteriormente, la idea que
existía y estaba vigente en ese ámbito jurídico de ese entonces, fue recogida
legislativamente por el Código Civil francés de 1804, donde este primer gran
hito en la codificación civil mundial reconoció la categoría de ente generador
de una diversidad de relaciones jurídicas, las mismas que tenían como origen
causal la voluntad de la persona.
Concepto
e importancia
Este concepto tiene una
relación directa con la libertad toda vez que resulta fundamental para su
existencia. En consecuencia, podríamos
definir a la autonomía de la voluntad como aquella libertad que permite a la
persona generar infinidad de relaciones jurídicas; esto es crear, conservar,
modificar, transmitir o extinguir vínculos jurídicos con otras personas, todo
ello de acuerdo con los fines y propósitos para los cuales fueron creados. Se
convierte pues en el ente generador del acto jurídico y, a su vez, en mecanismo
normativo de autorregulación de la conducta de los sujetos respecto a las
relaciones jurídicas ya generadas. Asimismo se suele comparar a la autonomía de
la voluntad con la libertad de contratación o la libertad económica, esto es
último de acuerdo al propósito patrimonial o pecuniario que se encuentra
investido, el que por cierto no es en todos los casos. Si bien es cierto la
autonomía de la voluntad implica la libertad para generar derechos, deberes y obligaciones
de diversa índole, ello no significa que sea de carácter absoluto o ilimitado,
sino que existen limitaciones, encargándose de esta función el orden público.
Concepto
de orden público
Es el elemento que limita
y/o restringe a la autonomía de la voluntad. Podríamos definir al orden público como aquellas normas de carácter
imperativo y/o prohibitivo que limitan la libertad de contratar, generar
derechos y obligaciones, teniendo el sustento para ello en el conglomerado de
normas que forman parte del ordenamiento legal. Si bien es cierto la
autonomía de la voluntad se encarga de generar innumerables relaciones
jurídicas entre los sujetos, están supeditadas o limitadas al conjunto de
normas que conforman el orden público. Es menester precisar que el orden
público tiene como basamento sustancial en la Constitución Política del Estado,
que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y, luego en las normas
que jerárquicamente siguen a la Carta Magna y que asumen función reguladora de
la voluntad, como podría ser el Código Civil a manera de ejemplo.
Concepto
de Buenas Costumbres
Según nuestro parecer
podríamos señalar que no existe una definición absoluta, exacta, uniforme o
única de lo que se entiende como buenas costumbres ya que la visión o apreciación
que se tenga respecto a ella dependerá de la persona que la práctica y el
entorno respectivo. Claude Du Pasquier señala que la buenas costumbres deben ser
entendidas en función a un estándar jurídico, adaptable en función a dos
aspectos fundamentales: espacial y temporal de una sociedad, es decir lo que no
está permitido aquí puede estarlo en otro lugar distinto o lo que no está
permitido en la actualidad puede estarlo más adelante en función al tiempo. Por
lo expuesto, juega un papel preponderante sólo como elementos referenciales,
donde, en todo caso, será el juez quien tendrá que resolver si el acto jurídico
celebrado es conforme o contrario a las buenas costumbres, en función a la
apreciación que tenga.
Asímismo es menester
precisar que el Código Civil de 1984 no define "en esencia" lo que
son las buenas costumbres, sólo se limitar a enunciarla en cada supuesto
normativo. A manera de ejemplo podemos citar los artículos 6º; 96; 1681º inc 7;
1697º inc. 3; 2049º; 2050º; 2104º inc. 7.
ANÁLISIS
DEL ARTÍCULO V DEL TITULÓ PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL
El artículo V del Titulo
Preliminar del Código Civil señala en forma expresa que "es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al
orden público o a las buenas costumbres".
Teniendo en consideración de
esta norma se encuentra dentro del Titulo Preliminar del citado código
sustantivo, denota la importancia que le ha otorgado el legislador para
desarrollar conceptos como orden público y buenas costumbres, aún cuando existe
defectos de redacción en la norma antes citada. Es impropio cuando el artículo
en mención se refiere "(..........)
a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres",
por cuanto, tal como hemos advertido anteriormente, las buenas costumbres no
puede estar incorporadas dentro de una "ley" ya que resulta un
concepto amplio, variable, cambiante y flexible en función a distintos
aspectos, máxime que el Código Civil no le otorga una definición precisa. La importancia del artículo señalado radica
en que hace prevalecer el orden público sobre la autonomía de la voluntad,
dando la máxima sanción (nulidad) al acto jurídico que se ha celebrado y
observado del ordenamiento legal existente. De esta nulidad, también se
desprende el carácter imperativo que resulta de las normas que conforman el
orden público. La autonomía de la voluntad puede determinar el acto jurídico,
empero su colisión con el orden público puede traer consigo de manera irremediable
la nulidad absoluta del acto jurídico, tal como prevé adicionalmente el inciso
8 del artículo 219º del Código Civil.
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Datos personales
- Andres Eduardo Cusi
- ■ Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima | Abogado en el Estudio Jurídico Cusi Abogados & Asociados | Conciliador Extrajudicial especializado en Civil y Familia por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Director en el Centro de Conciliación Extrajudicial Cusi & Soluciones
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