LA CAPACIDAD JURÍDICA SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
LA CAPACIDAD JURÍDICA
La
capacidad jurídica o simplemente capacidad es un atributo inseparable de la
persona humana; se la adquiere por el hecho mismo de la existencia, esto es,
por el nacimiento y desde el momento del
nacimiento acompaña al sujeto hasta la muerte.
La
doctrina es unánime al definir a la capacidad. Así tenemos que se la entiende como:
- La aptitud o posibilidad jurídica de gozar y obrar los derechos. (CIFUENTES)
- La aptitud para adquirir derechos y contraer deberes jurídicos. (ABELENDA)
- La aptitud otorgada por el ordenamiento jurídico, para ser titular de relaciones jurídicas.(GARCÍA AMIGO)
Los
términos que adopta la doctrina jurídica contemporánea son la categoría
jurídica genérica de todo sujeto de derecho,
la cual alude a dos
referencias existenciales: el ser humano individualmente considerado (concebido
y persona individual) y
colectivamente establecido (persona colectiva y organizaciones de
personas no inscritas), y la expresión "capacidad", para delimitar la aptitud de dichos sujetos de derecho.
El artículo 3, texto modificado del Código Civil, se titula “Capacidad Jurídica”, y señala:
“Artículo 3 del Código Civil.- Capacidad jurídica
Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos.
La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.”
El 04 de Setiembre del 2018, en el territorio peruano, se publicó el Decreto Legislativo N° 1384, que efectúa numerosos e importantes cambios en el Código Civil. Todo ello, a fin de establecer una nueva regulación de la capacidad jurídica, empezando por modificar la típica clasificación de personas con incapacidad absoluta y relativa que les daba el Código Civil, por el de “capacidad plena y restringida.”
El
cambio de enfoque es evidente: ya no hablamos de incapacidades, sino que ahora
todos los peruanos estamos en capacidad de ejercer nuestros derechos, algunos
de manera plena y otros en forma restringida.
Así
también, la norma instituye los “apoyos y salvaguardias”. Los apoyos (art. 659-B
del C.C.) son personas que brindarán asistencia y serán elegidos por las
personas con discapacidad; mientras que las salvaguardias (art. 659-G del C.C.)
son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona que recibe el apoyo.
Todo
ello con la finalidad de reemplazar la tradicional "curatela" de las
personas con discapacidad por esta nueva institución, ahora conocida como
apoyos y salvaguardias.
(->Ver Apoyos y Salvaguardias)
(->Ver Apoyos y Salvaguardias)
De
esta manera, se busca que esta medida promueva la inclusión de dichas personas
y garantice el derecho al ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de
igualdad.
Las
personas con discapacidad podrán ejercer plenamente sus derechos de manera
autónoma y en igualdad de condiciones, sin necesidad de que alguien los
represente. Sin embargo, solo en caso de que así lo requieran, podrán contar
con la ayuda de otra persona a quien se le denominará como “Apoyo”, ya que el
decreto elimina la figura del “curador”, persona nombrada por un juez para que
tome las decisiones en lugar de la persona con discapacidad. Así lo indica el
Decreto Legislativo Nº 1384, publicado el 04/09/2018.
Hasta
antes de la publicación de este Decreto Legislativo N°1384, no todas las
personas con discapacidad podían ejercer sus derechos, y ello conllevaba a una
distinción, a una diferencia de trato que establecía nuestro Código Civil,
cuando diferenciaba a las personas con capacidad de ejercicio.
El
cambio normativo que establece el Decreto Legislativo N°1384 que reconoce y
regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidades en igualdad de
condiciones, constituye un importante cambio en cuanto a las modificaciones de
las normas del Código Civil, Código Procesal Civil, y el Decreto Legislativo
del Notariado. Pero más que producir modificaciones o incorporaciones se
visualiza en conjunto un cambio de paradigma sobre la concepción de la
capacidad jurídica y el ejercicio de dicha capacidad jurídica por las personas
con discapacidad, esto es, a la adopción del modelo social de la
discapacidad.
Este
cambio de paradigma se sostiene en la “Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”, importante instrumento internacional
que ha sido suscrito por el Perú e incorporado al ordenamiento interno y
ratificado por el Presidente de la República mediante un Decreto Supremo.
Esta
Convención proclama que todas las personas con discapacidad tienen plena
capacidad jurídica.
Teóricamente, se ha distinguido dos clases de capacidad
jurídica: la llamada “capacidad de goce o jurídica” y la “capacidad de
ejercicio o de obrar”.
LA CAPACIDAD DE GOCE O JURÍDICA
Es
la aptitud o cualidad para ser titular de derechos y deberes u obligaciones. Por
tanto, se refiere a que el ser humano, con independencia de si cuenta o no con
alguna discapacidad, puede ser titular de derechos y de obligaciones por el
simple hecho de ser un humano.
Ejemplos:
- La igualdad ante la ley y que nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. (Artículo 2 de la Constitución Política del Perú)
- El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles. (Art. 4 del Código Civil)
- La igualdad entre peruanos y extranjeros. (Art. 2046 del Código Civil)
- La adquisición del derecho de propiedad y su ejercicio. (Art. 71 del Código Civil)
LA CAPACIDAD DE EJERCICIO O DE OBRAR
Es
la posibilidad, por sí mismo, de adquirir derechos o de contraer deberes u
obligaciones, o en otras palabras celebrar por si mismo los actos jurídicos.
La
capacidad de ejercicio se diferencia de la capacidad de goce en cuanto la de
ejercicio considera a la persona no en su cualidad jurídica para ser titular de
derechos subjetivos, sino en cuanto esté “apta” para ejercitar por sí sus
derechos subjetivos.
La
capacidad de ejercicio o de obrar a la vez son de dos clases: La capacidad de ejercicio
plena (art. 42) y la capacidad de ejercicio restringida (art. 44):
- La Capacidad de Ejercicio Plena
La
capacidad de obrar plena es la posibilidad indeterminada que una persona tiene
para realizar actos y negocios jurídicos (Ejemplos:
votar, comprar, vender, casarse, ejercer la patria potestad de sus hijos,
entre otros).
“Artículo 42 del Código Civil.- Capacidad de ejercicio plena
Toda persona
mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a
todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y
en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren
de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad.
Excepcionalmente
tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores de
dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad.”
- La Capacidad de Ejercicio Restringida
La
capacidad de obrar restringida se origina cuando el sujeto no puede realizar
por sí mismo y con plena eficacia actos o negocios jurídicos o algún tipo de
ellos. Estas limitaciones de la
capacidad de obrar tienen carácter general o abstracto, e imposibilitan a la
persona realizar actos jurídicos en general,
dentro de las causas de limitación tenemos a los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad, los
pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los
toxicómanos, los que sufren pena que lleve anexa la interdicción civil y las
personas que se encuentren en estado de coma que no hubieran designado un apoyo
con anterioridad.
La
capacidad de ejercicio sólo puede ser restringida por ley, como lo indica el
actual artículo 3 del Código Civil.
Los
actos jurídicos celebrados por sujetos con capacidad restringida son
convalidables y/o anulables (art. 221 del C.C.).
“Artículo 44 del Código Civil.- Capacidad de
ejercicio restringida
1) Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años
de edad.
4) Los pródigos.
5) Los que incurren en mala gestión.
6) Los ebrios habituales.
7) Los toxicómanos.
8) Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción
civil.
9) Las personas que se encuentren en estado de coma,
siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad.”
Los incisos 2 y 3 quedan derogados por
Decreto Legislativo N° 1384.
CONCLUSIONES:
Toda
persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. En
ese sentido, las personas con discapacidad también tienen capacidad de
ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.
Por
ello esta norma (D.L. N° 1384) que reconoce y regula la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad, promueve su inclusión como un modelo social para
combatir la discriminación.
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Datos personales
- Andres Eduardo Cusi
- ■ Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima | Abogado en el Estudio Jurídico Cusi Abogados & Asociados | Conciliador Extrajudicial especializado en Civil y Familia por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Director en el Centro de Conciliación Extrajudicial Cusi & Soluciones
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1 comentarios:
Muy buena explicación sobre los cambios introducidos al Código Civil, felicitaciones
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