Andrés Eduardo Cusi Arredondo: DERECHO DE FAMILIA

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EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES - ANDRÉS CUSI ARREDONDO

EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES

El régimen de sociedad de gananciales es uno de los regímenes patrimoniales que admite nuestro Código Civil de 1984, con carácter de principal en cuanto funciona automáticamente por presunción legal de no existir acuerdo anterior entre los cónyuges de regirse al régimen de separación de bienes, siguiendo las formalidades de ley, es decir, mediante Escritura Pública e inscripción en el Registro Personal. Según Peralta Andía:

"La sociedad de gananciales proviene del término societas que significa asociación de personas que cumplen un fin mediante cooperación; y de ganancial o gananciales, que es sinónimo de provecho, utilidad o de lucros nupciales, por consiguiente, viene a ser las ganancias o beneficios económicos que los esposos obtienen al finalizar el matrimonio."

Esta sociedad empieza a funcionar desde el momento mismo del matrimonio cuando antes de contraer nupcias no ha habido acuerdo entre las partes de separar sus patrimonios y también cuando habiéndose casado las partes bajo el régimen de separación de bienes, acuerdan acogerse al régimen de sociedad de gananciales e inscribir la escritura Pública en el Registro Personal (Art. 296° C. C., vigente).

A) BIENES PROPIOS

Son bienes de propiedad de cada uno de los cónyuges. Están conformados por todos aquellos bienes que cada uno de los cónyuges lleva a la sociedad conyugal y que adquirieron antes de contraer nupcias, así como por aquellos bienes que adquieran a título gratuito, ya formada la sociedad conyugal.

De acuerdo con lo prescrito en nuestro C. C., y teniendo en cuenta lo que nos dice Palacio Pimentel "cada cónyuge no solo está facultado a administrar sus bienes propios, sino que tiene el derecho de disponerlos."

A tenor de lo prescrito en el Art. 302° del C. C., son bienes propios de cada cónyuge los siguientes:

1° Los que aporta cada cónyuge al iniciarse la sociedad de gananciales: estos bienes pueden ser corporales e incorporales, muebles o inmuebles, créditos o rentas, y, en general todo valor patrimonial de cualquier naturaleza con la única exigencia de que se hayan adquirido antes de entrar en vigencia la sociedad de gananciales, por cuanto este régimen puede iniciarse después del matrimonio cuando este ha funcionado bajo el régimen de separación de patrimonios.

2° Los que se adquieran durante la vigencia de la sociedad de gananciales a título oneroso, cuando la causa de la adquisición ha precedido a dicho régimen: se trata de derechos expectaticios que se tenía antes de entrar en vigencia el régimen de sociedad de gananciales; pero que se hacen efectivos posteriormente a la vigencia de la sociedad de gananciales. Tal es el caso de la promesa de venta de un bien inmueble, el retracto a que están sujetos algunos bienes y que pueden estar sujetos a ciertas eventualidades y posteriormente recién se extiende la escritura pública.

De igual manera, están comprendidos dentro de estos bienes, los que se adquieren a título oneroso durante la vigencia de la sociedad; pero con el producto de la venta de un bien propio.

3° Los que se adquieran durante la vigencia de este régimen a título gratuito: se trata de aquellos bienes que se adquieren graciosamente, por un acto de liberalidad, no hay de por medio dinero alguno. Tal es el caso de las donaciones, legados, herencias, que cualquiera de los cónyuges reciba en mérito a sus cualidades personales.

4° La indemnización por accidentes o por seguro de vida, daños personales, enfermedad, reciba cualquiera de los cónyuges, deducidas las primas pagadas con bienes de la sociedad: se justifica la calificación de bien propio, pues la capacidad de trabajo es un atributo personal y como tal solo le pertenece a la persona que al sufrir desmedro en su capacidad productiva, percibe dicho beneficio, perteneciéndole solamente al titular mas no a la sociedad, naturalmente deducidas las primas o cuotas pagadas a costa del caudal social (ejemplo: el caso del chofer que por desarrollar una actividad riesgosa, toma un seguro de vida y por accidentes), la cual no operará si las cuotas son pagadas por un tercero como puede ocurrir si las paga el empleador.

5° Los derechos de autor o inventor: la imaginación, la capacidad de invención son títulos personales.

EI escribir una obra, el descubrir una fórmula química; dan lugar a la obtención de los derechos de autor e inventor sobre la obra literaria, artísticamente científica o técnica que producen para explotar y disponer de ella a su voluntad, pues la propiedad Intelectual corresponde primordialmente al autor o autores respecto de sus propias obras.

6° Los libros, instrumentos y útiles necesarios para el ejercicio de una profesión o trabajo: estas cosas son de uso personal y constituyen herramientas de trabajo, son medios de subsistencia, razón por la cual, inclusive, gozan de especial protección por la Legislación Procesal Civil (Art. 617° C.P.C.) que enumera entre los bienes inembargables a los libros de los jueces, profesores y demás personas que ejercen profesiones libres.

7° Las acciones y gratificaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios por reevaluación del patrimonio social, cuando estas acciones o participaciones sean bien propio: tal es el caso de la repartición de utilidades que se hace cada fin del ejercicio anual en las empresas o sociedades a los socios, de modo tal, que si cualquiera de ellos que es casado y está bajo el régimen de sociedad de gananciales, habiendo adquirido por ejemplo esas acciones cuando era soltero. Si las utilidades percibidas en lugar de dárselas en líquido, se la ponen como reevaluación del patrimonio social, es decir, dichas utilidades se le da en acciones, de manera que ahora aumenta el número de sus acciones, estas acciones o participaciones se consideran bien propio.

8° La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye un bien propio: se considera renta vitalicia a título gratuito aquella que percibe una persona de por vida, como un acto de agradecimiento o gratitud por el comportamiento generoso que se haya tenido para con alguien. El otro caso, la convertida a título oneroso, se da cuando alguna de las partes entrega a otra un capital o determinados bienes, con la condición para el que recibe, que de pagar una pensión o una renta periódica al cedente oneroso con lo que se entiende los bienes que entregó al cedido eran propios, por lo cual percibe esa pensión como una prestación.

9° Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, correspondencias y recuerdos de familia: Se considera que dichos bienes son propios, dado el carácter personalísimo de estos bienes, cuyo valor material es en algunos casos poco significativo, pero estimable para el poseedor de dicho recuerdo familiar. Entre estos bienes también se incluye correspondencia o reconocimientos por parte del Estado o instituciones privadas por sus o servicios prestados o por haber destacado en alguna actividad, ciencia, arte, etc.

B) BIENES SOCIALES

Denominados también bienes comunes, son aquellos que son de propiedad de ambos cónyuges dentro del matrimonio cuando está vigente el régimen de sociedad de gananciales.

Para Peralta Andía, los bienes sociales "son los adquiridos por el esfuerzo de cualquiera de los cónyuges por el empeño o por el azar de las rentas y frutos de los bienes propios y comunes."

Acorde con el Art 310° del C. C., por exclusión, todos los no comprendidos en el Art. 302° del C. C., además de los siguientes:

1° Los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión: es decir, que aquellos bienes que cualquiera de los esposos compre o adquiera con el haber mensual que percibe en su trabajo o con las utilidades o rentas que le da la industria o profesión a que se dedica, así lo compre él solo, sea él el único que trabaje, y, aún más: se lo compre únicamente a su nombre, se considera bien común o social.

2° Los frutos y productos de todos los bienes propios y sociales: están comprendidos dentro de estos todos los beneficios, las utilidades o rentas que producen tanto los bienes propios como los sociales.

3° Las rentas de los derechos de autor o inventor: es decir las utilidades e intereses que produzcan las sumas percibidas por los derechos de autor e inventor se consideran bienes sociales.

4° Los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges: se consideran bienes propios, previo abono o pago del valor del suelo.

REGLAS PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS BIENES EN EL MATRIMONIO

Acorde con lo estipulado en el Art. 311° del C. C., existen tres reglas básicas para la calificación en el matrimonio. Estas son:

1° Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario: de acuerdo con esta regla, los bienes que tiene la pareja en el matrimonio, se supone que han sido adquiridos por ambos esposos, porque es lo que aparentemente carece; sin embargo, se determinará que no lo son, es decir, que son propios si cualquiera de los cónyuges demuestra que le pertenecen, que los adquirió antes de entrar en vigencia la sociedad de gananciales o, en su defecto, que estando vigente este régimen los recibió por herencia.

2° Los bienes sustituidos o subrogados por otros se reputan de la misma condición de los que sustituyeron o subrogaron: según la presente norma, si la pareja posee bienes propios y sociales, los cuales vende, estos, y con el producto de dicha venta se compran otros que sustituyen a los anteriores; dichos bienes se consideran de la misma naturaleza o condición de aquellos que sustituyeron o subrogaron. Es decir, que si lo que se vendió es un bien propio de cualquiera de los cónyuges y con el producto de esa venta se compra otro bien, este bien adquirido se considera bien propio; si por el contrario lo que se vendió fue un bien común y con el producto de dicha venta se compra otro, el bien adquirido se considera bien común o social, en estricta aplicación a la regla.

3° Si luego de vendidos algunos bienes, cuyo precio no consta haberse invertido, se compran otros equivalentes, se presume, mientras no se pruebe lo contrario, que la adquisición posterior es producto de la enajenación anterior: acorde con la regla, puede ser que en el matrimonio algunos bienes propios o comunes decidan venderse, de modo que una vez efectuada su venta, de inmediato no se compren otros bienes; pero después de cierto tiempo se compren otros equivalentes a los que se vendieron, es decir, la casa, el terreno, el departamento o el carro que se vendió; la ley presume que estos se compraron con el producto de la venta anterior, a no ser que se demuestre lo contrario; es decir, que la casa, el terreno o el departamento que se han adquirido posteriormente por un valor equivalente a los anteriores no han sido adquiridos con el dinero procedente de dicha venta, porque dicho dinero ya se gastó, sino que la casa y el terreno son herencia de la esposa y el departamento es un legado dejado por la abuela materna del esposo.

CONTRIBUCIÓN DE AMBOS CÓNYUGES AL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR

Sea cual fuere el régimen patrimonial a que se hallen sujetos los cónyuges dentro del matrimonio, tienen la obligación de contribuir al sostenimiento del hogar de acuerdo a sus respectivas posibilidades y rentas, en caso contrario, el juez regulará la contribución de cada uno (Art. 309° del C. C.). Es así como, si uno de los cónyuges no contribuye con los frutos o productos de sus bienes propios al sostenimiento del hogar, el otro puede pedir que pasen a su administración en todo o en parte dichos bienes y, en este caso, está obligado a constituir hipoteca y si carece de bienes propios, otra garantía, si es posible, según el prudente arbitrio del juez, por el valor de los bienes que reciba (Art. 305° C. C).

FACULTADES DE LOS CÓNYUGES SOBRE SUS BIENES PROPIOS

La regla general al respecto, es la establecida en el Art. 303° C. C. que prescribe "Cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos o gravarlos". Según la norma, se deja en libertad a los cónyuges para poder administrar sus bienes, disponer de ellos, es decir: transferirlos, venderlos, legarlos, donarlos, e incluso gravarlos, darlos en garantía, en prenda o constituir hipoteca sobre ellos.

Sin embargo, en lo que se refiere a la primera parte de la norma es preciso acotar que aun cuando la norma reconozca que los cónyuges tienen plena libertad para disponer de sus bienes propios, el Art. 725° C. C., en lo que se refiere al derecho sucesorio, establece limitaciones a estos, cuando señala; "El que tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge, puede disponer libremente hasta del tercio de sus bienes", lo cual supone que si dispone de más, se corre el riesgo de que el cónyuge afectado por dicha disposición arbitraria de los bienes por parte de su consorte pueda plantear la nulidad de dicha venta, puesto que afecta a la denominada legítima de la herencia que hay la obligación de reservar para los herederos forzosos, es decir, sus sucesores en caso de fallecimiento, conforme también lo dispone el Art. 733° C. C, que aun va más allá cuando prescribe "El Testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos sino en los casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aquella gravamen, modalidad, ni sustitución alguna".

No obstante que cada uno de los cónyuges puede administrar libremente sus bienes, la ley ha previsto (Art. 306° del C. C.), que cuando uno de los cónyuges permite que sus bienes propios sean administrados en todo o en parte por el otro, no tiene este sino las facultades inherentes a la mera administración y queda obligado a devolverlos en cualquier momento a requerimiento del propietario.

FACULTADES DE LOS CÓNYUGES SOBRE LOS BIENES SOCIALES

Habiendo adoptado nuestro Código la comunidad de administración sobre la sociedad de gananciales por el privilegio de la igualdad jurídica del varón y la mujer, es explicable que se contenga a ambos cónyuges por igual la facultad de administración de patrimonio social; empero, cualquiera de ellos pueda facultar al otro para que asuma exclusiva-mente dicha representación de todos o algunos de los bienes, el que a su vez quedará obligado a indemnizar al otro por los daños y perjuicios que sufra a consecuencia de los actos dolosos o culposos en que aquel incurra (Art. 313° C. C.).

Es decir que luego de habérsele otorgado únicamente poder para administrar los bienes sociales, el cónyuge se aproveche de ese poder y dolosamente disponga de dichos bienes, los venda como si fueran de su exclusiva propiedad con la intención de burlar los derechos de su consorte o, negligentemente, se descuide de administrar debidamente dichos bienes. Por ejemplo, que no cumpla con pagar los arbitrios municipales, el impuesto predial, agua, luz etc., y que por ese hecho, al iniciar la municipalidad un juicio coactivo, se embarguen dichos bienes y salgan a remate, de tal manera que corren el riesgo de perderse y, por tanto, ir con esta actitud contra el patrimonio familiar. La ley franquea al cónyuge afectado el derecho de poder exigir al otro el pago de una indemnización por los daños y perjuicios irrogados a la sociedad, los mismos que se entiende deberá responder el otro con sus bienes propios.

Hablando siempre de la administración de los bienes sociales, el Art. 314° del C. C., en su segundo parágrafo ha previsto que el abandono del hogar por parte de uno de los cónyuges, da lugar a que el otro administre los bienes sociales, cuando, conforme al Inc. 1° y 2° del Art. 294° del C. C.:

a) El otro está impedido, por interdicción civil u otra causa

b) Si se ignora el paradero del otro o este se encuentra en lugar remoto.

DEUDAS QUE RECAEN SOBRE LOS BIENES PROPIOS Y SOCIALES DE LOS CÓNYUGES

Se entiende que dentro del matrimonio así como se adquieren bienes propios y sociales, también se pueden contraer deudas por diferentes motivos; a fin de evitar problemas que pudieran surgir a raíz de estas, nuestro C. C., ha previsto las circunstancias en las cuales estas deben ser pagadas con los bienes propios de cada cónyuge, con los bienes sociales e, inclusive, con los bienes propios del otro (Arts. 307°, 308° y 309° del C. C.), siendo regla general la prevista en el Art. 317° C. C., que dice que las deudas son de cargo de la sociedad deben ser pagadas, en primer lugar, con los bienes sociales y, a falta de estos, o por ser estos insuficientes, deben ser pagadas a prorrata con los bienes propios de los cónyuges.

Los casos previstos por los tres primeros artículos son los siguientes:

a) Las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges antes de entrar en vigencia el régimen de sociedad de gananciales deben ser pagadas con los bienes propio del cónyuge que la contrajo, salvo el caso de que haya sido contraída en beneficio del futuro hogar y careciendo aquel de bienes propios, deben ser pagadas con los bienes sociales (caso del novio que compra juego de sala a crédito antes de casarse ya casado se retrase en el pago de las letras, si carece de bienes propios, puede tomar de los bienes sociales a fin de evitar le sean rematados dichos muebles) e resguardo del patrimonio familiar (Art. 307° C. C).

b) Si uno de los cónyuges contrae una deuda personal que no es en provecho de la familia debe pagarla con sus bienes propios; pero si se prueba que se contrajo en provecho de la familia, dichas deudas pueden ser pagadas con los bienes propio del otro (Ej. dado en clase, esposa que se endeuda para hacer postular al hijo a una Universidad Particular) Art. 308° C. C.

c) Si uno de los cónyuges a causa de un acto ilícito civil o penal cometido tiene que pagar como consecuencia de ello una reparación civil, debe responder de ello con sus bienes propios, puesto que se trata de actos personalísimos (accidente de tránsito: ejemplo dado en clase) y si carece de bienes propios no puede responder con los de su cónyuge, ni tampoco con el íntegro de los bienes de la sociedad; sino únicamente con la parte de los bienes de la sociedad que le corresponderían en caso de liquidación (Art. 309° C.C.).

DISPOSICIÓN DE LOS BIENES SOCIALES O COMUNES EN EL MATRIMONIO

Para disponer o gravar los bienes sociales en el matrimonio, se requiere la intervención de ambos consortes; sin embargo, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, es decir: de vender o gravar dichos bienes él solo, a nombre propio y de su poderdante, cuando el otro le ha conferido un poder general y especial para ello, de lo contrario no.

Sin embargo, dicha regla no rige cuando se trata de adquirir bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges (por Ej. comprar un electrodoméstico para congratular al otro por su cumpleaños, no rigiendo la primera parte del Art. 315° C. C., cuando se trata de casos considerados especiales (caso del que se dedica a la venta de carros).

CARGAS QUE PESAN SOBRE A SOCIEDAD CONYUGAL

A tenor del Art. 316° C.C., son de cargo de la sociedad las siguientes:

1° El Sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes, es decir, gastos que se tengan que hacer en alimentación, vivienda, vestido, medicinas y educación de los hijos de ambos.

En el Código Civil Argentino, en este aspecto, se tiene una concepción igual que la de nuestra legislación civil en esta materia. Así, Bossert, nos dice "se reputan a cargo de la sociedad conyugal, la manutención de la familia y de los hijos comunes, así como la de los hijos de ambos cónyuges."

2° Los alimentos que uno de los cónyuges está obligado a dar por ley a otras personas. A fin de evitar problemas entre los cónyuges debido a los alimentos que cualquiera de ellos están obligados a dar a otras personas ajenas a ellos o a los hijos tenidos en común; pero que por imperio de la ley están obligados a pasar, tal es el caso de los padres de cualquiera de los cónyuges, hijos tenidos fuera del matrimonio o en matrimonio anterior, exesposa incapaz de valerse por sí misma, en el caso de ser divorciado, o haberse invalidado su matrimonio, etc., dichas pensiones alimenticias son de cargo de la sociedad y, en tal caso, el cónyuge que se encuentre obligado a ello puede tomar de su sueldo que es el haber social más inmediato para cumplir con ello, sin que el otro pueda prohibírselo.

3° El importe de lo donado o prometido a los hijos comunes, es decir, a los hijos de ambos, siempre que estén de acuerdo ambos cónyuges en ello; de lo contrario, si lo donado o prometido donar fuera decisión de uno solo de ellos, no es de cargo de la sociedad.

4° Las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o mantenimiento hechas en los predios propios, así como las retribuciones y tributos que los afecten. Esto es que si hay alguna mejora que es necesario hacer en los bienes propios de cualquiera de los cónyuges, siempre y cuando esta mejora sea necesaria para conservar o mantener el bien propio, puesto que de lo contrario correría el riesgo de perderse en desmedro del patrimonio familiar, se hacen estos gastos a costa del caudal social, no interesa que sea de propiedad exclusiva de uno de los cónyuges.

5° Las mejoras útiles y de recreo que la sociedad decida introducir en los bienes propios de uno de los cónyuges con consentimiento de este. Las mejoras útiles son aquellas mejoras que no siendo necesarias para la conservación del bien; sin embargo, le dan mayor valor, por ejemplo: cambiar las puertas de madera por otras de hierro, que son más fuertes; y las mejoras de recreo son aquellas que tampoco son necesarias pero que están destinadas a proporcionar mayor comodidad, sano esparcimiento, modernidad al bien. Por ejemplo, mandar construir una piscina en la casa de campo de propiedad de uno de los cónyuges para pasar los fines de semana, los gastos que emergen de la construcción de dicha piscina son de cargo de la sociedad, siempre y cuando haya consentido en ello el cónyuge dueño del bien.

6° Las mejoras y reparaciones realizadas en los bienes sociales, así como los tributos y retribuciones que los afecten. Si las mejoras y reparaciones que se hagan en los bienes propios de propiedad de cualquiera de los cónyuges son de cargo de la sociedad, con mayor razón serán las que se hagan sobre los bienes sociales o comunes, y, de igual manera, los pagos que se tengan que hacer por concepto de tributos que se adeuden a la Municipalidad o a la SUNAT.

7° Los atrasos o réditos devengados de las obligaciones a que estuviesen afectos los bienes propios como los sociales, cualesquiera que sea la época a que correspondan. Por lo genérico de esta norma, tenemos que entender que tanto las cuotas e intereses atrasados que se adeuden sobre los bienes propios (Ej. casa adquirida a plazos antes de casarse o adquirida estando ya casado bajo el régimen de separación de patrimonios y se sigue cancelando después de contraer nupcias o después de pasar al régimen de sociedad de gananciales), y con mayor razón, si dichos pagos pesan sobre los bienes sociales y por algún motivo, cualquiera de los cónyuges dueño exclusivo de algún bien propio o los dos, dueños de algún bien social, se retrasan en el pago de sus obligaciones, a fin de salvaguardar el patrimonio familiar, la ley garantiza que dichas obligaciones pesen sobre los bienes de la sociedad.

8° Las Cargas que pesan sobre los usufructuarios sobre los bienes propios de cada cónyuge. Resulta que como la sociedad tiene el usufructo de los bienes propios, es decir, acorde con el Art. 310° C. C., las ganancias, rentas, productos, utilidades que generen los bienes propios se consideran sociales, comunes, lo lógico es que las cargas que pesen sobre los bienes propios, sean de responsabilidad de la sociedad.

9° Los gastos que demande la administración de la sociedad. Comprende los gastos que el marido o la mujer en su caso realiza con motivo de la administración de los bines comunes. Son desembolsos hechos por la sociedad en su servicio.

FENECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES

El Art. 318° del C. C., vigente señala las causales por las que fenece o termina el régimen de sociedad de gananciales en el matrimonio. Estas son:

1° Por invalidación del matrimonio: La invalidación del matrimonio por cualquiera de las causales contenidas en los Art. 274° y 277° del C. C., termina definitivamente con el vínculo matrimonial y, por tanto, las relaciones entre los cónyuges se consideran fenecidas desde el momento mismo en que se notifica con la demanda de invalidez del matrimonio al otro cónyuge.

2° Por separación de cuerpos: La separación de cuerpos por cualquiera de las causales consignadas en el Art. 333° suspende realmente el régimen de sociedad de gananciales, puesto que no rompe definitivamente el vínculo matrimonial que queda subsistente; sino que únicamente suspende los deberes del lecho y habitación, de manera que por el tiempo que dure la separación judicial de cuerpos se suspende el régimen de sociedad de gananciales entre los cónyuges, también desde el momento en que se notifica con la demanda al otro, volviendo a funcionar si las partes se reconcilian.

3° Por divorcio: El divorcio es la figura jurídica por la cual se rompe o termina definitivamente el matrimonio y, por tanto, el régimen de sociedad de gananciales, que acorde con el Art. 319° empieza a regir dicho fenecimiento entre los consortes desde el momento en que se notifica con la demanda al otro.

4° Por Declaración de ausencia: Por la declaración judicial de ausencia de cualquiera de los cónyuges, acorde con los Art. 47°, 49° y s.s. del C. C., y, en concordancia, con el Art. 319° de este mismo cuerpo de Leyes, fenece el régimen de sociedad de gananciales, desde el momento en que se declara ausente al cónyuge desaparecido, lo que realmente no supone el fenecimiento, sino —para decirlo con mayor precisión— se suspende el régimen de sociedad de gananciales al expedirse la sentencia que lo declara ausente, puesto que con arreglo al Art. 59° Inc. 1° del C. C., la declaración de ausencia cesa por regreso del ausente, que se entiende a partir de ese momento empieza a caminar nuevamente la sociedad de gananciales.

5° Por Muerte de uno de los Cónyuges: La muerte pone fin a la personalidad y, por tanto, trátese de muerte natural o muerte presunta o legal, con arreglo a los Art. 61° y 64° del C. C., el vínculo matrimonial desaparece y uno de sus efectos la sociedad de gananciales entre los cónyuges, de modo tal que tratándose de muerte natural se considera fenecida la sociedad desde el momento mismo del deceso y tratándose muerte legal desde el momento mismo en que la sentencia que lo de-clara tal, queda consentida y ejecutoriada.

6° Por cambio de régimen patrimonial: Se considera fenecido el régimen de sociedad de gananciales entre los cónyuges desde el momento o fecha de la escritura pública cuando la separación de bienes se establece de común acuerdo.

Respecto a los terceros el régimen de sociedad de gananciales se considera fenecido desde la fecha de la inscripción correspondiente en el Registro Personal (Segundo parágrafo Art. 319° C. C.).

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Luego de fenecida la sociedad de gananciales, se procede a su liquidación y para ello se deben seguir los siguientes pasos acorde con los Arts. 320°, 322° y 323° del C. C.

Se hace un inventario valorizado de todos los bienes. Este inventario puede hacerse Judicial o extrajudicialmente, dándose este último caso cuando los cónyuges o sus herederos están de acuerdo, de lo contrario se hace judicialmente.

Si el inventarlo es extrajudicial se hace en documento privado con firmas legalizadas.

Sea cual fuere el inventario judicial o extrajudicial, se procederá a:

1° Sumar los bienes propios, luego los bienes sociales y enseguida el menaje doméstico o menaje ordinario del hogar, que únicamente no se incluye en los casos previstos en los Inc. 4° y 5° del Art. 313° del C. C., es decir, cuando el otro cónyuge ha muerto o se encuentra ausente en que le corresponde únicamente al que sobrevive o al que está en casa, en todos los demás casos sí, se incluye en el inventario. Anteriormente según el C. C., de 1936, el menaje doméstico correspondía únicamente a la mujer, hoy: es derecho de ambos.

2° Realizado el inventario, se pagan las obligaciones sociales y las cargas que pesan sobre la sociedad conyugal: luz, agua, impuestos, créditos que se adeudan. (Exequias, si uno de ellos ha fallecido).

3° Se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que quedaren.

4° El remanente que queda después de efectuar todos esos pagos y reintegros es lo que se denominan los gananciales, los cuales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos herederos.

Cuando la sociedad de gananciales fenece por muerte o declaración de ausencia de uno de los cónyuges, el otro tiene derecho preferencial a quedarse con la casa en que habita la familia, o con el establecimiento agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar, naturalmente con la obligación de reintegrar a sus demás coherederos el exceso de valor si lo hubiera, es decir, que si luego de hecha la liquidación en la forma prevista de quedar los gananciales y dividirse entre ambas partes y de recibir la viuda, la Parte correspondiente a sus gananciales, la parte que le correspondía al difunto (mitad de los gananciales), más los bienes propios que le correspondían ascienden a S/. 500.00 y sus herederos forzosos son sus 4 hijos más su esposa, al dividirse entre ellos les corresponde S/. 100.00 a cada uno, pero entre la suma que debe dividirse está incluida la casa conyugal en la que sigue habitando la viuda con sus menores hijos y aquella pro-piedad está valorizada en 5/. 300.00 y por tener derecho preferencial se queda con ella, tiene la obligación de reintegrar a cada uno de sus demás coherederos los S/. 200.00 que hubiere recibido de más.

PÉRDIDA DE LOS GANANCIALES DURANTE EL PERIODO DE SEPARACIÓN DE HECHO

El Art. 324° del C. C. ha previsto que en caso de separación de cuerpos de hecho por parte de los cónyuges, es decir, cuando los cónyuges se separan sin que exista un pronunciamiento judicial que los declare como tal a raíz de la petición formulada por uno de ellos debido a alguna causal específica o por mutuo disenso cuando lo solicitan los dos; el cónyuge culpable pierde el derecho a los gananciales en forma proporcional a la duración de la separación, lo cual no ocurre con el inocente que aun cuando está separado, tiene derecho a participar de los bienes que adquiera su consorte durante la separación.

EJECUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA LIQUIDACIÓN DE MATRIMONIOS SUCESIVOS

Nuestra Ley Sustantiva Civil ha previsto los casos en que una misma persona ha contraído sucesivamente nupcias sin liquidar la sociedad de gananciales anterior, de modo tal, que a la muerte de este es a veces imposible determinar a qué sociedad corresponden tales o cuales bienes.

Para estos casos es de aplicación el Art. 325° del C. C. que prescribe: que siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de gananciales de dos o más matrimonios contraídos sucesivamente por una misma persona, se admitirán en defecto, es decir, a falta de inventarios los bienes de cada sociedad, procediéndose en la misma forma a que hemos hecho referencia para la liquidación de gananciales, y en caso de duda, es decir cuando no se determina con precisión qué bienes pertenecían a tal o cual sociedad, si eran bienes propios, comunes en fin, se dividirán los gananciales entre las diferentes sociedades teniendo en cuenta el tiempo de duración de cada sociedad y las pruebas que se hayan podido actuar acerca de los bienes propios de los respectivos cónyuges.

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EL RÉGIMEN PATRIMONIAL EN EL MATRIMONIO - ANDRÉS CUSI ARREDONDO

EL RÉGIMEN PATRIMONIAL EN EL MATRIMONIO

Tanto en la doctrina como en la legislación existen diversas modalidades de regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Teniendo en cuenta lo extremo de su posición, podemos clasificarlos en dos: régimen de comunidad universal de bienes y deudas y régimen de separación absoluta de bienes o de patrimonios, existiendo naturalmente entre ellos una variedad de regímenes intermedios, secundarios o mixtos.

Messineo, nos dice:

"La familia también tiene una función de orden patrimonial, provee al sostenimiento de sus componentes y a la educación e instrucción de los hijos y por lo tanto necesita de medios patrimoniales para dar cumplimiento a tales cometidos."

1) RÉGIMEN PATRIMONIAL DE COMUNIDAD UNIVERSAL DE BIENES Y DEUDAS

Según este régimen, tanto el marido como la mujer al casarse, dejan de tener patrimonio propio, de manera que en adelante luego de casados tanto los bienes adquiridos antes del matrimonio, como los que se adquieran por cualquier motivo estando casados se consideran sociales o comunes, es decir, pasan a ser propiedad de ambos cónyuges.

Los defensores de este sistema dicen que persiguiendo el matrimonio tener una comunidad de vida, no es dable ni justo que luego de casados los bienes que ambos trajeron al matrimonio como los que adquieran dentro del matrimonio sean de propiedad exclusiva del que los compró, que todo debe ser en común, frente a esto ¿Qué dicen los detractores?, que este sistema, no es el más justo ni indicado, puesto que dicho régimen más bien da lugar a los matrimonios por interés, porque de esta forma, cualquiera de los miembros de la pareja al ir al matrimonio vería en él la manera de hacer un buen negocio, de que los bienes del otro pasen a ser también de su propiedad. Practican este sistema: Holanda, Bélgica, Dinamarca etc.

2) RÉGIMEN PATRIMONIAL DE SEPARACIÓN ABSOLUTA DE PATRIMONIOS

Este régimen es más bien contrario al anterior y por el cual las relaciones patrimoniales del matrimonio entre el marido y la mujer se mantienen inalterables, igual que si estuvieran solteros, como si no se hubieran casado, de tal suerte que cada cónyuge sigue siendo independientemente propietario y administrador de sus bienes, el matrimonio no afecta en nada la actividad económica de los esposos, lejos de ser factor potencial de discordia, consideran que ese sistema propicia más bien una auténtica concordancia entre los esposos, pues cada uno de ellos permanece completamente apartado de los intereses económicos del otro, evitando por el contrario asperezas y discusiones en el manejo común del patrimonio conyugal, e incluso, la ambición del pretendiente pobre. Lo aplican: Austria, Grecia, Turquía, Inglaterra, Japón, etc.

Frente a estos dos sistemas surgen sistemas intermedios que toman de los dos sistemas completamente contrapuestos, el más común de estos sistemas es el de comunidad o sociedad de gananciales, adoptado por varias legislaciones —sobre todo de América Latina— y por el cual en el matrimonio pueden existir bienes propios que son los que trae cada cónyuge al matrimonio o adquiere dentro de este a título gratuito y bienes sociales o comunes que son los que adquieren los consortes ambos o cualquiera de ellos, estando ya casados, a título oneroso.

El Perú no ha permanecido ajeno a este sistema último y lo adoptó precisamente en el C. C. de 1936, en donde tenía carácter obligatorio y era irrenunciable, a tenor de lo prescrito en el Art. 176° C. C. Únicamente actual C. C. de 1984, el Perú ha adoptado el Sistema que en Doctrina se le conoce como de capitulaciones matrimoniales, en virtud del cual, los pretendientes o cónyuges pueden optar libremente antes de contraer nupcias o después de realizadas estas, a cuál de los dos sistemas quieren acogerse al de separación de patrimonios o al de Sociedad de gananciales, presumiéndose este último cuando los futuros consortes o novios no eligen de antemano el de separación de patrimonios.

RÉGIMEN PATRIMONIAL EN EL MATRIMONIO SEGÚN EL ACTUAL CÓDIGO CIVIL PERUANO (RÉGIMEN DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES)

Nuestro C. C. vigente ha adoptado el régimen de capitulaciones matrimoniales, por el cual se deja en libertad a la pareja para poder elegir el régimen que mejor le convenga: o el de separación de patrimonios o el de sociedad de gananciales. Según C. Lasarte:

"Actualmente la libertad de estipulación del régimen económico del matrimonio implica que, en cualquier momento, los futuros cónyuges pueden instituir el régimen patrimonial que deseen o que quienes ya son cónyuges pueden sustituir un régimen previamente vigente entre ellos por otros sistema económico matrimonial distinto."

1. RÉGIMEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES

Es el que permite la existencia de bienes propios y comunes dentro del matrimonio.

2. RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

Es el régimen patrimonial del matrimonio en el cual cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros, correspondiéndole igualmente los frutos y producto de dichos bienes. De acuerdo con esto, cada cónyuge responde de sus deudas con sus propios bienes.

Casos en que procede:

El régimen de separación de patrimonios procede: voluntariamente judicialmente y de oficio.

a) VOLUNTARIAMENTE: Es decir, cuando las partes están de acuerdo. Procede antes de contraer matrimonio y después de celebrado este, para cuyo efecto en el primer caso, los futuros consortes plasman su decisión en una escritura pública, que luego deberán inscribir en el Registro Personal para que surta efectos jurídicos bajo sanción de nulidad (Art. 295°). En el segundo caso, si el acuerdo al que llegan los esposos; estando ya casados, es el de separar sus patrimonios en adelante, también se hace mediante escritura pública y se inscribe en el Registro Personal, empezando a surtir efectos a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Personal (Art. 296° del C. C.). Es así, como la pareja puede haberse casado bajo el régimen de sociedad de gananciales y después decidir por diferentes motivos pasarse al de separación de patrimonios.

b) JUDICIALMENTE: Procede cuando las partes no están de acuerdo y solo cuando se está casado. Puede recurrirse a este régimen a pedido del cónyuge agraviado, cuando el otro abusa de sus facultades, actúa con dolo (mal intencionadamente) o con culpa (negligentemente) de modo que pone en peligro el patrimonio familiar. Si existen razones fundadas en este pedido, el juez puede concederle el régimen de separación de patrimonios, que pasa a sustituir a la sociedad de gananciales (Art. 297° y 329° del C. C.).

c) DE OFICIO: De acuerdo con lo prescrito en el Art. 330° del C. C. La declaración de quiebra de uno de los cónyuges, determina de pleno derecho la sustitución del régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios. Para que produzca efectos frente a terceros, debe inscribirse en el Registro Personal de oficio, a solicitud del fallido o quebrado, de su cónyuge o del síndico.

FENECIMIENTO O EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS

El régimen de separación de patrimonios fenece según lo previsto en los Inc. 1, 3,5 y 6 del Art. 318° del C.C. es decir en los siguientes casos:

1° Por invalidación del matrimonio: Habiéndose invalidado el matrimonio, roto el vínculo matrimonial, ya no hay régimen que valga entre los cónyuges, y, así como fenece el de sociedad de gananciales, fenece el de separación de patrimonios.

2° Por divorcio: Las razones son obvias, roto el vínculo matrimonial termina el de separación de patrimonios.

3° Por muerte: Ya se trate de los casos de muerte natural o presunta, teniendo en cuenta los fundamentos a que hemos hecho referencia al tratar el fenecimiento de la sociedad de gananciales por esta causa.

4° Por cambio de régimen patrimonial: Es decir al pasar del régimen de separación de patrimonios al de gananciales, termina el régimen de separación de bienes; naturalmente desde el momento en que se extendió la escritura Pública en que consta dicho acuerdo.

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RELACIONES PERSONALES ENTRE LOS CÓNYUGES - ANDRÉS CUSI ARREDONDO

RELACIONES PERSONALES ENTRE LOS CÓNYUGES

1. OBLIGACIONES COMUNES DE LOS PADRES PARA CON LOS HIJOS

Por el hecho del matrimonio, ambos padres tienen para con los hijos los siguientes:

a) Alimentarlos: Es obligación de los padres el brindar o proporcionar a los hijos los alimentos necesarios para su subsistencia, desde que nacen hasta que adquieren su mayoría de edad, e inclusive, aún cuando sean mayores de edad, si son incapaces de valerse por sí mismos o se encuentren siguiendo sus estudios superiores o profesionales satisfactoriamente. Esta obligación no se altera si se disuelve el vínculo matrimonial, sino que se mantiene inalterable.

Igual derecho les corresponde a los hijos nacidos fuera del matrimonio reconocidos voluntaria o judicialmente. El Art. 287° del C. C., les da trato común a ambos cónyuges, limitándose a enunciar el derecho alimentario.

b) Corregirlos: Es decir, enmendar la conducta de los hijos, mediante la imposición de normas que estos deben observar para cambiar su modo de ser cuando pretendan desviarse del buen camino, a fin de hacer de aquellos ciudadanos útiles a la sociedad. Se debe corregir a los hijos de acuerdo a su edad y procurando en lo posible no llegar al castigo físico ni al trato cruel para con ellos ya sea mediante el empleo de palabras hirientes que afecten su susceptibilidad y menos su dignidad de seres humanos, lo cual, lo único que se logra es rebelarlos y perder autoridad, para con ellos.

c) Guardarlos: La guarda de los hijos es el derecho que tienen los padres de recoger a sus hijos de cualquier lugar donde se encuentren sin su consentimiento, y, sobre todo, cuando la integridad física y moral de estos corre peligro, e inclusive este derecho supone la facultad que tienen los padres de recurrir al auxilio de la fuerza pública si se encuentran en un lugar peligroso. Los padres jamás pueden renunciar a su derecho de guarda de los hijos, por insalvable que parezca la situación, de lo contrario, están faltando a su deber de padres, sobre todo, cuando estos son menores de edad.

d) Asistirlos: Es decir; prestarles ayuda, apoyarlos en todo lo que necesiten mucho más cuando son menores de edad.

e) Educarlos: Es decir, velar por su formación moral e intelectual, preparándolos para la vida. Es deber y derecho de ambos padres enviarlos al colegio, brindándoles su educación preescolar, escolar y superior, permitiéndoles la adquisición de un oficio o profesión de acuerdo a sus posibilidades económicas; pero, además, de esto que es una responsabilidad compartida con el Estado que brinda los medios para hacer accesible la educación a todos, está el deber y derecho que tienen los padres de orientar, dar buen ejemplo y consejos sanos a los hijos, deber y derecho que son insustituibles y que solo ellos con amor y tino pueden brindar a sus hijos, por el bien de ellos mismos, la sociedad y el Estado.

f) Ejercer la patria potestad: Según ley hoy en día el ejercicio de la patria potestad es deber y derecho de ambos padres, cuando el menor vive con ambos y en casos especiales cuando los padres están separados, divorciados la ejerce uno solo de ellos.

La patria potestad no viene a ser sino el conjunto de deberes y derechos conferidos por ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta que adquieran su mayoría de edad, así como para que administren sus bienes mientras dure el estado de minoridad de éstos.

Con respecto a los hijos extramatrimoniales, la patria potestad le corresponde al padre o a la madre que lo reconoció.

El ejercicio de la patria potestad, se inspira en la Patria Potestas, locución latina, que según el Derecho romano, era la autoridad que ejercía el padre de familia o pater familias sobre sus hijos. El padre de familia era una persona libre, ciudadano, era un 'sui iuris', y, por tanto, ejercía autoridad plena sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, esta potestad en un comienzo era tan ilimitada que otorgaba al titular el derecho de venderlos como si fueran cosas, tenía derecho de vida o muerte sobre estos. Con el transcurso del tiempo esta autoridad se fue suavizando.

Orígenes de esta institución encontramos también ya en el “munt germánico”, en donde se permitía que la madre también pueda ejercer la patria potestad por ausencia del padre o cuando él no está presente en casa. De igual manera encontramos un antecedente de esto en la figura de la “Puissance Patemelle”, sin embargo, en el «XI Congreso de Derecho de Familia» celebrado en Ámsterdam el año 1982, se acordó denominar a la autoridad de ambos padres sobre los hijos autoridad parental, teniendo en cuenta que estando hoy en día los derechos equiparados por parte de ambos esposos, la mal llamada patria potestad, es facultad de ambos. Bolivia en América Latina es uno de los países que ha aplicado este término desde el año 1972, en que dio su primer código de derecho de familia, encontrándose así a la vanguardia entre aquellos que ha modernizado el término. No ha ocurrido lo mismo con el Perú, que pese a haber dado el año 1984 su Nuevo Código Civil, sigue utilizando dicho término que desnaturaliza su contenldo.

2. OBLIGACIONES RECÍPROCAS DE LOS CÓNYUGES

Son deberes comunes de ambos cónyuges: la fidelidad, cohabitación y asistencia. (Arts. 288° y 289° del C. C.).

a) DEBER DE FIDELIDAD: Habiendo adoptado la mayor parte de pueblos civilizados del mundo la monogamia como sistema matrimonial, el principio de la unión monogámica entraña un límite a la libertad sexual, que si se transgrede se incurre en adulterio. EI adulterio está vedado con la misma estrictez al varón y a la mujer, pero cuando lo comete esta última reviste mayor gravedad, por cuanto puede dar lugar al falseamiento de la paternidad.

Doménico Barbero, refiere sobre el particular que "la fidelidad (bunum fidei), comporta para cada cónyuge el deber de abstenerse de relaciones sexuales y filosexuales con otra persona que no sea el propio cónyuge."

La fidelidad no viene a ser sino la lealtad que cada uno de los cónyuges debe guardar al otro, evitando sostener relaciones carnales con persona distinta a su consorte. El Incumplimiento de este deber es sancionado en la esfera civil como penal en gran parte de los países del mundo; sin embargo, hoy en día en nuestro país solo da lugar en la vía civil a las acciones de separación de cuerpos o divorcio, mas ya no da lugar a la comisión del delito de adulterio que según el C. P. anterior era penado con pena privativa de la libertad no mayor de 6 meses, hoy en el Código Penal, ni siquiera se le menciona.

b) DEBER DE COHABITACIÓN: De acuerdo con el Art. 289° del C. C., es el deber que tienen ambos cónyuges —por el hecho del matrimonio— de hacer vida en común en el mismo domicilio conyugal que se entiende ha sido señalado o fijado por ambos cónyuges. Este deber guarda relación con uno de los fines del matrimonio que es la procreación y la educación de los hijos en una comunidad de vida; sin embargo, es preciso acotar que a diferencia del deber de fidelidad que no admite excepción alguna, el deber de cohabitación sí admite solicitar al juez se le exceptúe de este deber, cuando el habitar bajo el mismo techo pone en grave peligro el honor, la dignidad o los negocios de cualquiera de los cónyuges, ordenándose la suspensión de este deber, quedando subsistentes el de asistencia y fidelidad.

Entre los medios que provee la ley al cónyuge abandonado están —entre otras medidas coercitivas y de carácter compensatorio—, la posibilidad de que el ofendido plantee las acciones de separación de cuerpos o de divorcio, así como suspender la obligación alimentaria con respecto al cónyuge y hasta el embargo de las rentas del abandonante en beneficio del cónyuge inocente y de los hijos.

El deber de cohabitación significa vivir o habitar juntos, es decir; compartir el mismo techo, la misma mesa y el lecho.

Según Peralta Andi "La cohabitación se peculiariza por ser recíproca, permanente e indisponible. La primera desde que se deben ambos cónyuges por el hecho del matrimonio, luego, porque no puede cesar este deber mientras esté vigente el vínculo conyugal, y por último porque todo acuerdo o convenio sobre el pacto que dispense a los cónyuges del deber de cohabitar sería nulo, salvo algunas excepciones."

De acuerdo con el Artículo 289° del C. C. las únicas excepciones al deber de cohabitación se dan en los siguientes casos:

Cuando se pone en peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges.

Cuando se pone en peligro la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Como cuando el marido tiene que trabajar en otra región o departamento distante del hogar conyugal.

c) DEBER DE ASISTENCIA: La función procreadora, la cohabitación, fidelidad y comunidad material, no constituyen por sí solas todo el contenido del matrimonio; sino que este debe orientarse a hacer partícipe a cada uno de los cónyuges, tanto en los eventos venturosos, como adversos del otro.

El deber de asistencia es un deber de contenido eminentemente ético, supone la ayuda mutua, cooperación, socorro y buen consejo que cada uno de los cónyuges tiene con respecto al otro, en los asuntos de la vida cotidiana.

3. DEBERES Y DERECHOS COMUNES DE AMBOS CÓNYUGES PARA CON LA SOCIEDAD CONYUGAL

Acorde con los Arts. 290°, 291°, 292° y 293° del C. C., son deberes comunes de ambos cónyuges para con la sociedad conyugal los siguientes:

a. Participar en el gobierno del hogar y cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo (Art. 290° C. C.): En el C. C. del 36 se establecía expresamente que el marido dirigía la sociedad conyugal, es decir, era quien decidía las cuestiones referentes a la economía del hogar y la mujer debía correlativamente ayuda y consejo y debía adecuarse a las facultades y situación del marido.

Según el Art. 290° de la ley Sustantiva Civil Peruana, dicha situación se equilibra totalmente, pues las facultades y responsabilidades inherentes al gobierno y conducción del hogar son acordadas por ambos cónyuges que las ejercitan en forma conjunta y mancomunada.

b. Decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar (Art. 290° segundo parágrafo): es decidir que los cónyuges aporten: ambos o uno de ellos al sostenimiento de la familia, el distribuir de la mejor manera y de mutuo acuerdo los ingresos económicos que tengan.

c. Fijar y mudar el domicilio conyugal (Art. 290° C. C. segundo parágrafo): Se establece claramente que es facultad y deber de ambos cónyuges, sin que ninguno de ellos tenga preeminencia sobre el otro y mucho menos pueda impedírselo. Acorde con el C. C. anterior, era el marido el que fijaba el domicilio conyugal y la mujer solía tener el deber de seguirlo, lo cual constituía un abuso de su derecho, enmarcado dentro de la potestad marital; pero actualmente equiparados como están los derechos del marido y la mujer, esta facultad les compete a ambos.

d. Sostener a la familia, sin embargo, si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y el cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de que ambos cónyuges colaboren el uno con el otro en uno y otro campo, es decir que aún cuando uno de los cónyuges se dedique exclusivamente a una actividad, esto es, bien sea trabajando fuera del hogar para sostener económicamente a la familia, o dedicándose únicamente al cuidado de los hijos y las tareas domésticas, ambos deben ayudarse en todas esas actividades. (Art. 291° C. C.).

e. Representar legalmente a la sociedad conyugal (Art. 293° C. C.), sin embargo, prevé la ley que cualquiera de ellos puede dar poder al otro para que ejerza solo dicha representación, en todo o en parte. Anteriormente era el marido el que representaba a la sociedad conyugal y la mujer solo tenía representación para las actividades ordinarias del hogar y para la administración de sus bienes propios. Hoy la representación de la sociedad conyugal es deber y derecho de ambos.

f. Ejercer cualquier profesión o industria permitidas por la ley, así como efectuar trabajo fuera del hogar, con el asentimiento expreso o tácito del otro. Si este le negara, el juez puede conferir la autorización siempre que lo justifique el interés de la familia. (Art. 293° C. C.). En este sentido, la norma en un acto de justicia, no permite que sea únicamente la mujer la que necesite el asentimiento del marido para poder desarrollar cualquier industria, profesión o trabajo, actitud que era bastante discriminatoria de acuerdo con el C. C. anterior; sino que equiparados como están los derechos de ambos dentro del matrimonio, los dos necesitan por igual el asentimiento del otro para desarrollar dichas actividades.

4. CASOS EN QUE UNO DE LOS CÓNYUGES ASUME LA REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

(Art. 294° del C. C.). De acuerdo con la norma indicada, hay casos en que la representación y dirección de la sociedad conyugal recae en uno de los cónyuges. Estos son:

Cuando el otro cónyuge está impedido por interdicción u otra causa, es decir, está incapacitado para ejercer sus derechos civiles, como cuando se encuentra sufriendo reclusión en un centro penitenciario.

Si se ignora el paradero del otro o este se encuentra en lugar remoto, es decir, no se sabe dónde está o en su defecto se encuentra tan lejos que es imposible que esté presente en el hogar. Por ejemplo, está en Japón.

Si el otro ha abandonado el hogar conyugal.

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