Andrés Eduardo Cusi Arredondo

LA POSTULACIÓN DEL PROCESO - ANDRÉS CUSI ARREDONDO

POSTULACIÓN DEL PROCESO

Es la etapa inicial del proceso; en esta etapa, los contendientes (demandante y demandado) presentan al órgano jurisdiccional (Juez) sus proposiciones que van a ser materia de argumentación, prueba y persuasión durante el proceso; ya sea por que se busca el amparo de la pretensión (demandante) o el rechazo de ella mediante la defensa o contestación (demandado).

I. OBJETIVOS

Proponer pretensiones y defensas, que las partes (demandante – demandado) presenten sus proposiciones, las que serán discutidas en el proceso y posteriormente reconocidas o rechazadas por el juzgador.

El Juez debe revisar el cumplimiento por parte del demandante de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la demanda.

Sanear la relación procesal.

Precisar los puntos controvertidos.

Juzgar anticipadamente el proceso.

Crear las condiciones de desarrollo normal del proceso.

II. ACTOS PROCESALES COMPRENDIDOS EN ESTA ETAPA

Interposición de la demanda

Admisorio de la demanda.

El emplazamiento del demandado.

Contestación de la demanda.

La reconvención

Las excepciones y defensas previas

La rebeldía

El saneamiento del proceso y la audiencia de conciliación

La fijación de los puntos controvertidos

El saneamiento probatorio.

III. DEMANDA

Definición

Es la materialización del derecho de acción, y es el medio que permite a una persona solicitar al órgano jurisdiccional la solución de un conflicto de intereses o la falta de cooperación.

Requisitos

La demanda debe plantearse necesariamente por escrito, debe respetar la forma establecida en el artículo 130 del Código Procesal Civil, debe ser firmada por el recurrente y su abogado (defensa cautiva). La demanda debe reunir los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil.

Inadmisibilidad de la demanda

El incumplimiento de un requisito de forma de la demanda determina que el Juez declare inadmisible la demanda, otorgando un plazo de diez días (proceso de conocimiento y abreviado), tres días (proceso sumarísimo) para subsanar la omisión o defecto en que se haya incurrido. Si el demandante no cumple con lo ordenado, el Juez rechazará la demanda y ordenará el archivo del expediente.

Los casos que determinan la inadmisibilidad de la demanda son los siguientes:

Cuando la demanda no reúna los requisitos legales.
Cuando no se acompañe a la demanda los anexos exigidos por Ley.
Cuando el petitorio contenido en la demanda sea incompleto o impreciso.
Cuando la vía procedimental propuesta en la demanda no comprende la naturaleza de la pretensión procesal o al valor de ésta, salvo que la Ley permita su adaptación.

Improcedencia de la demanda

En este caso, el Juez examina los requisitos de fondo que debe reunir la demanda. Cuando la demanda es manifiestamente improcedente, el Juez lo declara así, expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos.

El Código Procesal Civil establece como causas de improcedencia las siguientes:

Cuando el demandante crece de legitimidad para obrar.
Cuando el demandante carece manifiestamente de interés para obrar.
Cuando el Juez advierte la caducidad de la pretensión procesal propuesta.
Cuando el Juez carece de competencia.
Cuando no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio.
Cuando el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible.
Cuando la demanda contiene pretensiones indebidamente acumuladas, se trata de pretensiones que son incompatibles.

Modificación y ampliación de la demanda

La modificación de la demanda importa un cambio en la pretensión procesal, sólo será posible hasta antes de que ésta sea notificada al demandado.
La ampliación de la demanda es una novedad que recoge el ordenamiento procesal; la ampliación comprende únicamente la cuantía, y se puede realizar hasta antes de la emisión de la sentencia si se vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obligacional; pero debe el demandante haberse reservado este derecho en la demanda.
Estas reglas se aplican a la reconvención.

IV. EMPLAZAMIENTO CON LA DEMANDA

Definición

Es la notificación con la demanda y el auto admisorio al demandado. Con el emplazamiento válido se establece la relación jurídico procesal, generando derechos y obligaciones tanto para el actor como para el demandado.

Reglas para el emplazamiento del demandado:

Si el demandado domicilia dentro de la competencia territorial del juzgado, se realiza el emplazamiento mediante cédula de notificación.

Si el demandado domicilia fuera de la competencia territorial del juzgado, pueden darse dos situaciones:

a) Si el domicilio está ubicado dentro del territorio nacional, se hará vía exhorto a la autoridad de la localidad donde se halle. En este caso, el plazo para contestar se aumentará al término de la distancia.

b) Si el domicilio está ubicado en el extranjero, entonces se hará por exhorto librado a autoridades nacionales del lugar más cercano donde domicilie el demandado.

Si los demandados fueran varios y sus domicilios se hallasen en lugares distintos, dentro y fuera de la competencia territorial del juzgado, se utilizarán los medios señalados anteriormente pero el plazo para contestar la demanda será que resulte mayor, sin atender el orden en que las notificaciones fueron practicadas.

Cuando la demanda está dirigida contra personas indeterminadas o inciertas, el emplazamiento se realizará mediante edictos, de igual manera cuando se ignora el domicilio del demandado. El plazo para apersonarse a la instancia o contestar la demanda, en ningún caso será no mayor de 60 días si el demandado se hallara dentro del país, ni mayor de 90 días si estuviese fuera de él.

El emplazamiento con la demanda puede hacerse al apoderado, siempre que tuviese la facultad especial para ser demandado en representación de su poderdante y el titular no domiciliara en el ámbito de competencia territorial del Juzgado.

Efectos del emplazamiento válido

La competencia inicial no podrá ser modificada, aunque posteriormente varíen la circunstancias que la determinaron.
Las pretensiones planteadas en la demanda no podrán ser modificadas.
Notificada la demanda al emplazado, el demandante no puede iniciar otro proceso haciendo valer las mismas pretensiones procesales (excepción de litispendencia).
Con la notificación de la demanda se interrumpe el plazo de la prescripción extintiva; queda sin efecto esta interrupción si el demandante se desiste del proceso o se produce el abandono.
El emplazamiento válido conduce a la formación de una relación jurídica procesal válida, siempre que se cumplan las condiciones de la acción y los presupuestos del proceso.

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Definición

Es el instrumento a través del cual, el demandado hace uso de su derecho de defensa y contradicción, el demandado no está obligado a contestar la demanda; con ella se materializa el principio de bilateralidad del proceso.

Requisitos

Debe cumplir los mismos requisitos de la demanda (artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil). Además:

Debe pronunciarse respecto a cada uno de los hechos expuestos en la demanda, en forma ordenada, clara y precisa.
Debe reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos que se le atribuyen, o aceptar o negar, de igual manera, la recepción de documentos que se alega le fueron enviados; el silencio puede ser apreciado por el Juez como reconocimiento o aceptación.
Debe exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara.
Debe también ofrecer los medios probatorios que desea hacer valer en el proceso. El plazo para contestar la demanda está fijado para cada tipo de proceso.

VI. RECONVENCIÓN

Definición

El demandado, al contestar la demanda, puede optar por ejercer una nueva pretensión dirigida al demandante.

La reconvención no equivale precisamente a una contrademanda, sino a algo más, ya que esta última equivale a una demanda que el demandado opone al actor en el mismo proceso; en cambio, los alcances de la reconvención son mayores. Mientras la contrademanda se refiere al mismo conflicto de intereses, la reconvención puede constituir una litis distinta.

El Código Procesal Civil ha regulado la contrademanda exclusivamente, pero dado que el concepto de reconvención tiene profundo arraigo en el quehacer forense nacional, ha mantenido el nombre. La contrademanda exige que la pretensión del demandado esté relacionada con la pretensión del demandante, de lo contrario no será procedente.

Características

Debe reunir los requisitos reunidos señalados en la demanda.
Debe proponerse necesariamente junto con el escrito de contestación de la demanda.
Será inadmisible si afecta la competencia asumida por el Juez y la vía procedimental originalmente observada. El demandado tiene un plazo de diez días para subsanar la omisión o defecto en que se haya incurrido.
Es procedente, si las pretensiones procesales propuestas tienen conexión con las pretensiones procesales de la demanda.
Será declarada improcedente e el caso de que no reúna los requisitos de fondo previstos en el artículo 427° del Código Procesal Civil.
Admitida la reconvención, se corre traslado de ella al demandado, a fin de que conteste la reconvención o proponga las excepciones y defensas previas que correspondan.
La demanda y la reconvención se sustancian conjuntamente, y se resuelven de la misma manera en la sentencia.
Si la pretensión reconvenida es materia conciliable el Juez para admitirla debe verificar que el demandado haya asistido a la Audiencia de Conciliación y que conste la descripción de las controversias planteadas por éste en el Acta de Conciliación Extrajudicial.

VII. REBELDÍA

Definición

Es una situación procesal que adquiere quien fue debidamente notificado (demandado o demandante) para comparecer a juicio o para realizar determinado acto procesal (contestar la demanda o la reconvención), y no lo hace en el plazo correspondiente.

Presupuestos

Para la declaración de rebeldía, es necesario que se cumplan determinados presupuestos:

Que se notifique válidamente la resolución con la que se confiere el traslado de la demanda o la reconvención.
Que se haya vencido el plazo para contestar la demanda o la reconvención.
Que el litigante sea notificado con la conclusión del patrocinio de su abogado o la renuncia de su apoderado y no comparezca dentro del plazo de 30 días.

Consecuencias

Declarada la rebeldía, el Juez se pronunciará sobre el saneamiento del proceso. Si declara saneado el proceso, procederá a expedir sentencia, sobre la base de la presunción legal relativa de verdad.

La declaración de rebeldía causa la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo en los siguientes casos:

Que habiendo varios emplazados o demandados, alguno conteste la demanda.
Que la pretensión procesal se sustente en un derecho indisponible, como sería el caso de la demanda sobre filiación.
Que, por disposición de la ley, se requiera que la pretensión procesal sea probada mediante documento que no se acompañó a la demanda o la reconvención.
Que el Juez declare, mediante resolución motivada, que la mencionada presunción legal relativa no produce convicción.

El rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se encuentre.

El Juez puede conceder medidas cautelares contra el rebelde y a favor de su contrario, para asegurar el resultado del proceso.

Son de cargo del rebelde las costas y costos causados por su rebeldía. Ejemplo, las publicaciones de los edictos.

VIII. SANEAMIENTO PROCESAL

Definición

Constituye, después de la calificación de la demanda y la reconvención, un filtro esencial para evitar que el proceso carezca de algún presupuesto procesal que lo invalide o esté privado de alguna condición de la acción, lo cual impida al Juez resolver sobre el fondo de la controversia.

Alternativas del Juez

Declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida. Firme la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, precluye el proceso; por consiguiente, ella impide que cualquier nulidad que directa o indirectamente ataque la relación procesal.

Conceder un plazo, si el proceso presenta defectos subsanables, éste varía según la vía procedimental. Subsanados los defectos, el Juez emitirá la resolución que declara saneado el proceso por existir una relación procesal válida. En caso contrario, emitirá una resolución declarando nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, imponiendo al demandante el pago de las costas y costos.

Declarar la nulidad y consiguiente conclusión del proceso, cuando existan defectos insubsanables en la relación procesal; el Juez precisará los defectos, anulará todo lo actuado y declarará concluido el proceso.

IX. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO

Superada la etapa de saneamiento procesal, debía llevarse a cabo la audiencia conciliatoria, la cual tenía por finalidad propiciar un acuerdo entre las partes. Sin embargo, en la actualidad, se ha establecido a través del Decreto Legislativo 1070 (28/06/08), que la conciliación ya no constituye un acto procesal obligatorio. Por lo tanto el proceso se llevará a cabo de la siguiente forma:

Expedido el auto de saneamiento procesal las partes dentro del tercer día de notificaciones propondrán al Juez por escrito los puntos controvertidos. Vencido este plazo, con o sin la propuesta de las partes, el Juez procederá a fijar los puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo de los medios probatorios. Sólo cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera, el Juez señalará día y hora para la realización de la Audiencia de Pruebas.

La decisión del Juez de prescindir de la Audiencia de Pruebas o de ordenar llevarla al cabo es impugnable sin efecto suspensivo y con calidad de diferida.

Si el Juez prescinde la Audiencia se procederá al juzgamiento anticipado del proceso, el mismo que se dará en dos casos:

Si la cuestión debatida es de puro derecho o siendo de hecho, no existe necesidad de actuar mediante medios probatorios.

Si queda consentida la resolución que declara saneado el proceso, en lo casos en que la declaración de rebeldía produce presunción legal relativa de verdad.

Bibliografía:

El AEIOU del Derecho, Módulo Civil – Editorial EGACAL

EL DERECHO DE FAMILIA EN EL PERÚ - ANDRÉS CUSI ARREDONDO

DERECHO DE FAMILIA EN EL PERÚ

En la época preincaica e incaica

Nada se sabe con certeza acerca de las instituciones familiares existentes en las épocas preincaica e incaica; sin embargo, por la obra de las crónicas e historiadores podemos determinar que el Derecho familiar incaico, se edificó sobre la base del matrimonio monogámico, aunque esta regla no regía para el inca que practicaba la poligamia ilimitadamente (y la nobleza en forma más limitada), realizándose los matrimonios entre personas de igual linaje, guardándose la prohibición de hacerlo entre parientes, no rigiendo esta obligación para el inca que, como sabemos, podían contraer matrimonio con sus propias hermanas.

Sobre el particular, nos dice Peralta Andía, refiriéndose al Derecho familiar incaico: “el régimen familiar se basó en el matrimonio monogámico aunque la poligamia por excepción, era practicada por el Inca y la Nobleza. Se conocían tres tipos de matrimonio: el del soberano Inca, el de la Nobleza y el del Pueblo, que tenía carácter indisoluble (…) constituían impedimentos para el casamiento de la minoría de edad (varones a los 25 y mujeres a los 15), el parentesco cercano (prohibía el matrimonio entre hermanos, ascendientes y descendientes, castigándose con la muerte su infracción, no obstante, el inca y la nobleza podían casarse entre hermanos para mantener el linaje).”

En la época de la colonia o virreinato

Se dio una violenta ruptura del Derecho Familiar autóctono, introduciéndose un régimen jurídico-legal que resultaba extraño al aborigen. España implantó su ordenamiento jurídico a sangre y fuego, estableciéndose un orden de prelación de leyes. Así:

La recopilación de leyes indias
Las leyes despachadas para América
Las leyes de Toro
Las pragmáticas del rey
El fuero viejo y el fuero juzgo
Las partidas

Este Derecho consagra el matrimonio monogámico válido, aunque fuera contraído entre gentes de razas diversas; daba plena validez al matrimonio sacramental o canónico.

En la época de la República

El Perú inicio su vida republicana con el conjunto de leyes dejadas por la época de la colonia.

Manuel Lorenzo de Vidaurre, notable jurista peruano, se avocó a elaborar un proyecto. En lo tocante al Derecho familiar consideró al matrimonio como un contrato civil y natural antes que, como un sacramento, suprimía el matrimonio in extremis, prohibía el matrimonio de los varones mayores de 65 años y las mujeres mayores de 55, eliminaba la distinción entre las diferentes clases de hijos, proclamaba el derecho de la mujer a resistirse a las decisiones arbitrarias del marido, adelantándose sin duda a su época; pero jamás, este proyecto llegó a convertirse en ley.

Luego de la fugaz vigencia del Código de Santa Cruz, durante la Confederación Perú-Boliviana, se dio el Código de 1852, que siguió la tradición jurídica usada por el Derecho Colonial, según el cual el único matrimonio válido, monógamico e indisoluble era el sacramental o religioso, observándose las formalidades del Concilio de Trento por el cual “La jurisdicción en esta materia le correspondía a la autoridad eclesiástica y al fuero civil, las relaciones internas del grupo familiar reposan en el principio de sumisión de la mujer al marido y de los hijos a los padres.” En diciembre de 1897 el Código Civil fue modificado con la ley del matrimonio civil para los no católicos.

Entre los años 1918 a 1920, las Cámaras Legislativas aprobaron un proyecto de ley que secularizaba el matrimonio e introducía el divorcio. Observada la ley por el Poder Ejecutivo; fue promulgado el D.L. 6089 y complementada por las leyes posteriores 7282, 7893 y 7894.

En noviembre de 1936 entró en vigencia el nuevo código, dentro del cual el Derecho de familia, se organizó sobre la base del matrimonio monogámico y disoluble, establecía la sumisión de la mujer (aunque atenuada), diferenciaba a los hijos en legítimos e ilegítimos (aunque con matices menos severos que el de 1852).

En 1965 se creó una comisión encargada de revisar el Código de 1936, que propone modificaciones que han sido introducidas en el Código de 1984 y teniendo en cuenta lo normado sobre el particular en la Constitución de 1979.

No obstante estar vigente en lo que se refiere al Derecho de familia las disposiciones emanadas de nuestra Constitución y el Código Civil vigente, es preciso tener en cuenta que en el país existen gran número de peruanos (sobre todo de la región amazonía y serranía), donde se conservan costumbres y ritos ancestrales en lo que respecta a la institución de la familia, puesto que mantienen la pureza de su raza y no han sido asimilados todavía al mundo y restos de costumbre de la población, puesto que, prácticamente viven a espaldas de nuestra actual legislación. Investigadores sociales han comprobado que sobre todo en algunas zonas del Cusco existe el matrimonio indígena denominado warmichakuy que no es igual sirvinacuy, ya que el primero se perfecciona con una ligera ceremonia, en la que los padres y futuros cónyuges prestan su consentimiento y surten todos sus efectos jurídicos, es poco frecuenta de matrimonio religioso, el civil se celebra después de varios años de celebrado el warmichakuy.

La Constitución de 1979 y la familia

La Constitución de 1979, dedica todo un capítulo (el Capitulo II del Título 1) a la Familia (Arts. 5° al 11°) y asimismo, de modo general podemos establecer que consagra como principios:

El reconocimiento de la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación (Artículo 5° de la Constitución del 79).
En amparo por parte a la paternidad responsable por parte del Estado (Art. 5° de la Constitución).
La obligación de Estado de proteger, asistir a la madre en caso de desamparo, así como al niño y adolescente y al anciano abandonado (Art. 7°y 8° de la Constitución).
La formación de una sociedad de bienes entre concubinos libres de impedimento matrimonial, la misma que se sujeta a sociedad de gananciales, e, cuanto le es aplicable (Art. 9° de la Constitución).
El Derecho de familia a contar con una vivienda decorosa, es decir, que reúna las condiciones mínimas de salubridad e higiene, que cuente con agua, luz, baja policía, obras de alcantarillado, como responsabilidad del Estado de crear una infraestructura urbana, que haga posible a todos el vivir decorosamente, mediante la aplicación de verdaderos programas de saneamiento y desarrollo urbano (Artículo 10° de la Constitución).
Derecho de la familia que a falta de recursos económicos no pueda sepultar a sus muertos en cementerios públicos gratuitos. Esto para evitar se desgrade la dignidad del ser humano por causa de la pobreza (Art. 11° de la Constitución).

La Constitución de 1993 y la familia

La Constitución de 1993 al igual que la de 1979 también protege a la familia, al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en sus artículos 4°, 5°, 6° y 7°; y lo hace de manera genérica y declarativa, dejando de lado algunos aspectos de carácter garantista y social que sí contenía la Constitución de 1979, como es cuando se refiere al derecho de que la familia tenga una vivienda decorosa y a sepultar a sus muertos en cementerios públicos gratuitos, basado en el respeto a la dignidad humana; normas jurídicas que han sido borradas en la Constitución de 1993, con un criterio más liberal, olvidando que existen familias pobres en nuestro país, que muchas veces ni siquiera tienen para enterrar a sus muertos; y aún cuando en verdad esto no se cumplía del todo, por lo menos había la posibilidad de invocar la Constitución del Estado para exigir a los entes pertinentes este derecho.

De modo general, la Constitución de 1993 en los artículos antes citados reconoce a la familia los siguientes derechos:

La protección al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono (Artículo 4° de la Constitución).
Que la familia y el matrimonio son institutos naturales de la sociedad (Artículo 4° de la Constitución).
Que la forma del matrimonio y las causales de separación y disolución son reguladas por la ley (Artículo 4° de la Constitución).
Reconoce las uniones de hecho regulares o perfectas, entre quienes se forma una sociedad de bienes, a las cuales se aplica el régimen de sociedad de gananciales, siempre que el varón y la mujer lo hayan hecho libres de impedimento matrimonial (Artículo 5° de la Constitución).
Establece una política de población destinada a difundir y promover la paternidad y maternidad responsable (Artículo 6° de la Constitución).
La igualdad de deberes y derechos entre todos los hijos (Artículo 6° de la Constitución).
La prohibición de mencionar en los Registros Civiles y cualquier documento de identidad, la clase de filiación que se tiene con respecto a los padres (Artículo 6° de la Constitución).
La protección de la salud, del medio familiar y de la comunidad (Artículo 7° de la Constitución).

Bibliografía:

• Dra. Clotilde Vigil Curo, Derecho Civil Familia, Edición UIGV

DERECHO DE OBLIGACIONES – IVÁN ESCOBAR FORNOS [PDF]

El Derecho de Obligaciones comprende un tratado sobre la rama del Derecho Civil que el Dr. Escobar ha venido acumulando a través de la cátedra universitaria y del profundo estudio como jurista. El esfuerzo del Dr. Escobar en esta obra, llena algunos de los vacíos del área civil, lo que vendrá a ayudar en gran medida a profesionales y estudiantes de la materia.

Esta obra es la Segunda edición (Corregida y ampliada) y consta de más de 600 páginas, para lo cual dejamos a su disposición para fines académicos y de investigación.

Contenido:

PRIMERA PARTE Introducción

Capítulo I Ideas generales

Capítulo II Estructura jurídica de la obligación

SEGUNDA PARTE Fuente de las obligaciones

Capítulo I Enumeración de las fuentes

Capítulo II El negocio jurídico

Capítulo III Teoría del contrato

Capítulo IV Los cuasicontratos

Capítulo V Pago indebido

Capítulo VI Agencia oficiosa o gestión de negocios

Capítulo VII Enriquecimiento sin causa

TERCERA PARTE Clasificación de las obligaciones

Capítulo I Obligaciones civiles y naturales

Capítulo II Obligaciones a plazo

Capítulo III Obligaciones condicionales

Capítulo IV Obligaciones de dar, hacer y no hacer

Capítulo V Obligaciones con pluralidad de objeto

Capítulo VI Obligaciones de género y específicos (Especie o cuerpo cierto)

Capítulo VII Obligaciones con pluralidad de sujeto

Capítulo VIII Obligaciones de medio y de resultado

Capítulo IX Obligaciones con cláusula penal

CUARTA PARTE Efecto de las Obligaciones

Capítulo I Cumplimiento de las obligaciones

Capítulo II Indemnización de perjuicios

Capítulo III Garantías de crédito

Capítulo IV La acción subrogatoria o indirecta

Capítulo V La acción revocatoria o Pauliana

Capítulo VI La acción de simulación

Capítulo VII Derecho legal de retención

QUINTA PARTE Transmisión de obligaciones

Capítulo I Generalidades

Capítulo II Cesión de crédito

Capítulo III Cesión de derechos hereditarios

Capítulo IV Cesión de derechos litigiosos

Capítulo V Cesión o asunción de deuda

Capítulo VI Cesión de contrato

SEXTA PARTE Extinción de las obligaciones

Capítulo I Modos de extingir las obligaciones

Capítulo II El mutuo consentimiento

Capítulo III El pago

Capítulo IV Del pago con subrogación

Capítulo V Del pago por consignación

Capítulo VI Del pago por cesión de bienes

Capítulo VII Del pago con beneficio de competencia

Capítulo VIII La novación

Capítulo IX La renuncia y remisión

Capítulo X La compensación

Capítulo XI La confusión

Capítulo XII La imposibilidad del pago

Capítulo XIII La transacción

Capítulo XIV Nulidad y rescisión

Capítulo XV La prescripción negativa

Capítulo XVI Extinción o modificación de la obligación por cambio de las circunstancias originales

SEPTIMA PARTE Responsabilidad civil (delitos y cuasidelitos)

Capítulo I Generalidades

Capítulo II Tipos de responsabilidad

Capítulo III Eximentes de responsabilidad y cláusulas de irresponsabilidad

Capítulo IV Acción de indemnización

Capítulo V Jurisprudencia

		VER Y DESCARGAR LIBRO:

LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA [2 TOMOS EN PDF]

Una excelente obra del jurista Fernando de Trazegnies Granda, que comenta los alcances del capítulo sobre Responsabilidad Civil del Código Civil Peruano de 1984.

Este material es el cuarto volumen de la serie: “Para Leer el Código Civil”, y consta de dos tomos. Pueden ser descargados sin restricción alguna con fines educativos y de investigación. La versión digital corresponde a la sétima edición, publicada en 2001, ambos tomos están en formato PDF para facilitar la lectura y navegación.

-	PARTE I: La Teoría de la Responsabilidad Extracontractual
-	Los orígenes
-	La moderna responsabilidad extracontractual
-	La responsabilidad extracontractual en el Perú
-	PARTE II: Comentarios al articulado del Código Civil Peruano de 1984
-	De la responsabilidad extracontractual
-	Los principios de responsabilidad
-	De las inmunidades
-	La relación de causalidad
-	Casos especiales de responsabilidad
-	Responsabilidades concurrentes

		VER Y DESCARGAR TOMO I:

-	PARTE II: Comentarios al articulado del Código Civil Peruano de 1984
-	La indemnización
-	El seguro y la responsabilidad extracontractual
-	El seguro obligatorio de accidente
-	PARTE III: Nuevos Horizontes
-	El uso creativo del Código
-	La construcción judicial de responsabilidad
-	Algunos aspectos de la responsabilidad extracontractual
-	PARTE IV: Repensando la Responsabilidad Civil
-	La responsabilidad civil, hoy
-	La responsabilidad civil, mañana
-	Sic et non

		VER Y DESCARGAR TOMO II:

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE FAMILIA - ANDRÉS CUSI ARREDONDO

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE FAMILIA

El Derecho de Familia como rama del Derecho Privado y, por tanto, del Derecho Civil, presenta características propias y definidas que si bien no permiten, a decir de Luis Diez-Picazo y Antonio Gullón, “adscribirlo al derecho público, ni separarlo del privado, hacen que ofrezca dentro de este último una especial fisonomía, por lo menos en contraste con el Derecho patrimonial o Derecho de la contratación, que a veces falsamente se considera como paradigma”. Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos decir: que si es verdad que las normas de Derecho de familia regulan las relaciones familiares entre los privados, sin embargo, estas son de imperioso cumplimiento constituyendo en el fondo, normas de orden público que lo que hacen es proteger y tutelar a la familia como institución base de la sociedad.

De acuerdo con ello, podemos decir que el Derecho de familia tiene cuatro notas características:

1. CARÁCTER NATURAL

Las relaciones reguladas por el Derecho de familia no son otras que las relaciones naturales de la procreación, comunidad de intereses materiales o morales, vida en común bajo un mismo techo, es decir, son relaciones que las impone la misma naturaleza humana.

2. CARÁCTER LOCAL, ZONAL, REGIONAL O NACIONAL

La norma jurídica no puede ser contraria a las peculiaridades de la familia para la cual legisla, tiene que respetar todos los usos y costumbres de la sociedad.

3. CARÁCTER ÉTICO

Contrariamente a lo que acontece con los derechos civiles patrimoniales; el Derecho de familia está constituido por deberes morales a los cuales el derecho les ha dado el carácter de normas jurídicas obligatorias. Se trata, sobre todo, de regular relaciones con contenido ético.

4. CARÁCTER PÚBLICO

Los deberes que impone la norma jurídica no pueden ser materia de transacción o remisión, se trata de derechos y obligaciones no renunciables ni modificables voluntariamente, lo cual quiere decir: que las normas que contiene el Derecho de familia, son de orden público, tiene carácter imperativo y nadie puede sustraerse a ellas.

CONCEPTO DE DERECHO DE FAMILIA - ANDRÉS CUSI ARREDONDO

CONCEPTO DE DERECHO DE FAMILIA

Al respecto hay varios conceptos. Para algunos juristas como Gustavo Palacios Pimentel en su obra Elementos de Derecho Civil Peruano, Tomo II, define al Derecho de Familia como “La normación jurídica de las relaciones familiares”. Es decir, regula la constitución, requisitos y efectos del matrimonio, los deberes que éste impone entre los cónyuges, entre éstos y los hijos, luego trata de la disolución o anulación del vínculo matrimonial (divorcio y nulidad de matrimonio), de las relaciones de parentesco, de la patria potestad, los alimentos, la tutela y la curatela, el consejo de familia, etc.

De modo general, podemos decir que el Derecho de Familia es el conjunto de normas que regula la constitución de la familia, las relaciones de los fundadores del grupo entre sí, así como la de estos con sus parientes y aún con toda la colectividad y el Estado.

Autores como Atilio Aníbal Alterini, nos manifiestan al respecto: “la familia tiene una alta finalidad social, que justifica su protección por el Estado”. De allí que en todos los Estados del mundo, tanto sus constituciones con sus cuerpos legislativos de Derecho civil o Derecho privado, regulen la institución de la familia.