LA RENUNCIA EN LA REPRESENTACIÓN - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
LA
RENUNCIA EN LA REPRESENTACIÓN
La representación no es a
plazo indefinido o indeterminado, ya que por razones de diversa índole, ésta
puede fenecer o terminar y, precisamente, uno de estos supuestos viene a ser la
renuncia a la representación, facultad que solamente es inherente al
representante.
La renuncia sucede cuando
representante decide alejarse de la gestión representativa por cuanto sus
intereses y/o decisión así lo determinan; es por ello que debe cumplir como
procedimiento establecido en el Código Civil, el cual está dirigido
esencialmente a no dejar en un estado de abandono, desamparo o indefensión al representado,
sino todo lo contrario, que esta persona una vez advertido de la decisión del
representante se aboque a encontrar un reemplazo del representante renunciante
dentro del plazo establecido por la norma o que se prepare para que asuma
directamente el ejercicio de los derechos que le son inherentes.
El procedimiento se inicia
cuando representante, una vez tomada la decisión de renunciar al
representación, comunica tal medida a su representado mediante un mecanismo o
vía idónea que acredite que tal comunicación llegará de manera certera ha dicho
representado (por ejemplo, mediante una carta notarial) y, una vez que ello
suceda deberá esperar treinta (30) días como representante para que pueda
alejarse de la gestión representativa, transcurridos, los cuales,
indudablemente quedará en la más amplia libertad para abandonar o alejarse de
la representación, siendo irrelevante para él si el representado ha conseguido
o no el reemplazo correspondiente.
LA SUSTITUCIÓN EN LA REPRESENTACIÓN - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
EL
SUSTITUTO EN LA REPRESENTACIÓN
La representación debe ser
ejercida en forma personal por el representante, debido a que es el
representante quien ha delegado facultades de representación teniendo en
consideración muchos aspectos. No obstante, puede darse el caso de representado
o principal decida que tales facultades puedan ser transmitidas por su representante
a un tercero, que se convertirá en el sustituto.
En
consecuencia, la sustitución será aquella figura donde el representante, previa
autorización de su representado, se da las facultades de representación que
ostenta a otra persona, y se convertirá en el sustituto.
Porpeta,
con acierto la define con el siguiente juego de palabras: "el sustituto
viene a ser un representante del representante y al representarlo, representa
al representado".
El Código Civil recoge la
figura del sustituto en el artículo 157º, a la letra señala: "el representante debe desempeñar
personalmente el encargo, a no ser que se le haya facultado expresamente y la
sustitución".
Efectos de la gestión realizada por el sustituto
La norma prevé dos
situaciones respecto a la gestión que pueda realizar el sustituto,
especialmente en lo que le concierne los efectos del ejercicio de la
representación que puede realizar este último. Así tenemos:
a)
Primer Supuesto: Si el representante designa
al sustituto en la persona que previamente le indicó el representado. En el
caso de que el mencionado substituto realice una irregular, la gestión
representativa y no ejecutando obligaciones propias nacidas de la
representación, los eventuales daños ocasionados al representado no serán de
responsabilidad del representante.
b) Segundo Supuesto: Si
el representado autoriza al representante para que pueda designar a un
sustituto y, a su vez, le otorga las facultades para designar a tal sustituto
en la persona que crea conveniente. En el caso de que este último realizó una
gestión irregular o anómala, los daños y perjuicios que pudiera ocasionar al
representado será de responsabilidad tanto del representante así como del
sustituto, siendo esta responsabilidad de carácter mancomunada. En este aspecto
se debe precisar que la responsabilidad de ambos no puede ser solidaria, por
cuanto, a tenor de lo prescrito en el artículo 1183º del C.C., la
responsabilidad solidaria sólo puede considerarse como tal en el caso de que la
norma así lo señale un convenio de las partes así lo determine y, si nosotros
revisamos el tenor del artículo 158º del C.C., se colige que en ninguna de sus
partes establece que tal responsabilidad será solidaria. No está de más precisar
que el artículo 1183º establece textualmente: "La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la
obligación la establecen en forma expresa".
Bibliografía:
- Carlos Fernando Gozar Landeo (Derecho Civil II. Acto Jurídico, editorial UIGV)
LA TEORÍA DE LA CONFIANZA - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
TEORÍA
DE LA CONFIANZA
El tenor objetivo de la
declaración puede suscitar confianza en el destinatario de la
misma o en otros sujetos. La teoría de la
confianza (o de la legítima expectativa), a fin a la teoría de la
declaración, incorpora un elemento subjetivo en la apreciación de la
declaración, la cual prevalece, aún cuando no corresponda a la voluntad real
del agente, siempre que el destinatario, obrando diligentemente, haya
depositado su confianza en ello. Se tutela a la confianza no culposa del
destinatario de la declaración.
Cuando exista discrepancia
entre la voluntad real y la declaración, la validez o invalidez del acto
jurídico se establece apreciando la buena o mala fe del destinatario de la
declaración. El acto es válido si el receptor de la declaración, obrando de
buena fe, ha depositado su confianza en ella. Así, no es anluable el acto
jurídico si el error del declarante no hubiese podido ser advertido (error no
cognoscible) por el destinatario obrando con una normal dirigencia (art. 203º);
o si el destinatario no tenía conocimiento del hecho de que el declarante había
sido inducido a error por medio del engaño (dolo de un sujeto extraño al acto
jurídico (2º párrafo del art. 210º). En cambio, el acto es inválido si la
declaración no despierta confianza en el receptor, porque, por ejemplo, la
declaración ha sido hecha bajo los efectos del dolo del propio destinatario o
del dolo del tercero, hecho que fue conocido por el destinatario, casos en los
que el acto es anulable (art. 210º C.C.)
Según esta teoría, "la voluntad declarada prevalece sobre
la voluntad efectiva, o hace las veces de la voluntad inexistente, cuando, con
la declaración, se haya suscitado en el destinatario de ella una legítima
expectativa, de manera que haya tenido razón para pensar (habida cuenta de
todas las circunstancias objetivas) que la declaración que se le haya hecho era
normal y, por consiguiente haya tenido razón para contar con ella y sus
efectos, comportándose en consecuencia", la declaración se emite a
riesgo del declarante. En protección de la confianza depositada por el
destinatario en la declaración se sacrifica a la voluntad real del declarante.
Se atiende a la buena o mala fe del destinatario de la declaración y no a la
voluntad real, o la culpa o buena fe del declarante.
Pero hay que considerar que
el ordenamiento ha considerado que no toda confianza de parte del destinatario
en la declaración es meritorio de tutela. Así, de los actos de naturaleza
estrictamente personal como el testamento y los actos gratuitos, prescindiendo
de los actos familiares, no puede surgir ninguna razonable confianza para
cualquier persona. Por ejemplo, la prueba que la voluntad del testador ha
estado viciado por error es suficiente para anular el testamento (artículo 809º
C.C.). Al contrario, los contratos onerosos y algunos actos unilaterales (como
el poder, la ratificación, la convalidación, etc.) son tales de suscitar en los
intereses de una razonable confianza en
el tenor objetivo de la declaración. Aquí los intereses individuales deben
ceder frente al superior interés general en la certeza y estabilidad de la
contratación. Por eso, la declaración debe prevalecer sobre la voluntad; en
estos actos la falta de voluntad es sustituida por el ordenamiento con el
riesgo de la razonable confianza ajena en la declaración.
Si la confianza en la
declaración surge por imprudencia o negligencia del interesado no hay razón
para tutelar tal confianza, prevaleciendo la voluntad sobre la declaración: Así,
en el caso del error en la declaración del acto puede ser anulado si el error
del declarante, además de ser esencial, es reconocible por la otra parte
(artículo 201º C.C.). En la simulación, si “A” vende simuladamente un bien a “B”
y éste lo revende a “C”, “A” puede hacer valer la simulación (esto es la falta
de voluntad de efectos) frente a “C” sólo si éste no es de buena fe (porque conocía la simulación o estaba en la
posibilidad de conocerla); viceversa, si “C” es de buena fe, su confianza en la declaración de “A” de vender a “B”
está tutelada (artículo 194º C.C.).
La teoría de la confianza no
es de aplicación cuando el destinatario no ha puesto la debida diligencia que
le habría permitido advertir la falta de voluntad en la declaración. Si no
tenía razón para fiar y confiar en que la declaración corresponde a la voluntad
del declarante (ejemplo, la declaración arrancada mediante la violencia), no
hay lugar para defender la validez de la declaración.
Bibliografía:
- Aníbal Torres Vásquez (Acto Jurídico, editorial Idemsa)
LA CONFIRMACIÓN DEL ACTO JURÍDICO - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
LA
CONFIRMACIÓN DEL ACTO JURÍDICO
Es aquella forma mediante la
cual se convalida, reafirma o se solidifica los efectos de determinado acto
jurídico, que inicialmente estuvo incurso o llevaba consigo determinada causal
de anulabilidad, es decir, nulidad relativa.
Como se ha señalado, sólo es
factible la confirmación de los actos anulables, mas no se puede hacer
extensiva esta figura jurídica respecto a aquellos actos que cuentan con una
causal de nulidad absoluta.
Características
de la Confirmación
Son las siguientes:
1) Es
unilateral y recepticia, por cuanto el acto ratificatorio es potestad de quién
puede ejercer la acción de anulabilidad del acto jurídico y, además la voluntad
confirmatoria debe estar dirigida a todo aquel que tenga el legítimo interés en
mantener o conservar vigente el acto jurídico.
2) Una
vez realizada la confirmación, el que lo hace renuncia a cualquier acción
posterior tendiente a cuestionar la validez del acto jurídico vía la
anulabilidad del mismo.
3) La
confirmación, al convalidar el acto anulable, se convierte en un acto
irrevocable, es decir, inevitablemente se subsanan los defectos que
inicialmente mantuvo el acto jurídico.
4) Genera
efecto ex-tunc, es decir se convierte en un acto declarativo, por cuanto la
confirmación retrotrae sus efectos al momento de la celebración del acto
jurídico.
Clases
de confirmación
Son dos las clases de
confirmación expresa y tácita:
a)
Confirmación Expresa
Es
aquella convalidación que se hace del acto jurídico anulable, de manera verbal
o escrita, o a través de cualquier medio directo.
Ejemplo:
- Si Juan a la edad de 17 años le compra una casa a Pedro y, después de dos años desea convalidar el acto jurídico que celebró (por cuanto era anulable al ser incapaz relativo) y, con tal fin de manera escrita, mediante un documento exterioriza tal voluntad, en este caso estaremos ante una confirmación expresa.
b)
Confirmación tácita
En
este caso, el acto confirmatorio es exteriorizado por la persona mediante
ciertos comportamientos, actitudes o hechos fácticos que denotan de manera
inequívoca su voluntad de ratificar el acto jurídico. En suma, estamos ante la facta concludentia como forma y modo de
ratificar el acto anulable.
Ejemplo:
- Juan teniendo 17 años adquiere una casa a Pedro, la misma que es tomada en posesión por Juan, sin embargo transcurrido dos años de la celebración del acto jurídico, esta persona decide tomar la posesión del inmueble, por lo que, esta situación fáctica, estará indicando que Juan de manera tácita está confirmando el acto jurídico.
Bibliografía:
- Carlos Fernando Gozar Landeo (Derecho Civil II. Acto Jurídico, editorial UIGV)
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Datos personales
- Andres Eduardo Cusi
- ■ Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima | Abogado en el Estudio Jurídico Cusi Abogados & Asociados | Conciliador Extrajudicial especializado en Civil y Familia por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Director en el Centro de Conciliación Extrajudicial Cusi & Soluciones
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