PLURALISMO Y SUBSIDIARIDAD EMPRESARIAL - DERECHO FINANCIERO
PLURALISMO
Y SUBSIDIARIDAD EMPRESARIAL
Artículo
60º de la Constitución.-
“El estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta
en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo
autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de
manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública,
recibe el mismo tratamiento legal.”
El artículo 60º establece
que el estado garantice el pluralismo económico. En consecuencia, se señala que
la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de
propiedad y de empresa. Ello implica la necesidad de que la actuación pública
en materia empresarial sea eficiente y compita sin preferencias en los
supuestos excepcionales en que puede hacerlo, razón por la cual la actividad
pública y privada recibe el mismo tratamiento.
El pluralismo económico quiere decir que, dentro de la
economía peruana, pueden coexistir diversos tipos de empresas públicas y
privadas, nacionales y extranjeras,etc. cada una de ellas tendrá la posibilidad
de adoptar la forma de organización reconocida por las leyes que más le
convenga, y ninguna deberá recibir un trato discriminatorio.
Asimismo, dicho artículo
señala que sólo autorizado por ley expresa, el estado puede realizar
subsidiariamente actividad empresarial, consagrando el denominado principio de
subsidiaridad. Esta actividad empresarial está condicionada de manera plausible
por la necesidad de emisión de una ley, como veremos más adelante.
1. El principio de subsidiaridad
De
acuerdo con la doctrina, se entiende por principio de su subsidiaridad la
obligación que posee el estado de realizar actividad empresarial únicamente ante
la ausencia de inversión privada en el rubro respectivo. El principio de
subsidiaridad surge como una garantía de los particulares frente al estado, a
fin de asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de ámbito económico
e impedir que el estado realice actividades cuando ello no resulta
indispensable. Ahora bien, a fin de hacer efectivo dicho principio se debe
cumplir con tres requisitos:
a) Autorización
por ley expresa, es decir emitida por el Congreso. Ello implica en primer lugar
que la autorización para desempeñar actividad empresarial debe estar ligada de
manera directa a la necesaria discusión entre las diversas fuerzas políticas
representadas en el parlamento. En segundo lugar, no cabe autorización alguna a
través de decretos legislativos, decretos de urgencia, u ordenanza. En tercer
lugar debe entenderse que estamos hablando de una ley cuya aprobación sigue el
trámite normal, a diferencia del caso chileno, en el cual se reto quiere quorúm
calificado.
b) Por
razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, es decir
cuando no exista ningún mecanismo alternativo que pueda corregir la situación
que genera la necesidad de desempeñar actividad empresarial por parte del Estado,
como el empleo de las agencias de competencia o los mecanismos de regulación.
El empleo de la actividad empresarial del estado, en tanto constituye una
intervención directa del mismo en la economía, debe ser en consecuencia última
ratio.
c) Ante
la ausencia de actividad privada en el sector del cual se trata. El Estado
interviene desempeñando actividad empresarial si es que los particulares no
pueden hacerlo, puesto que si existe actividad privada la actividad estatal
deviene en innecesaria. El criterio empleado por el estado es la prohibición de
intervención en aquellos mercados en los que la oferta de las empresas privadas
se considera suficiente para satisfacer la demanda existente, en todo el
territorio nacional o en la parte en donde atienden; siendo que se presume,
salvo demostración en contrario, que tal condición se verifica en aquellos mercados
en los que operan al menos dos empresas privadas no vinculadas entre sí.
A su
vez, cuando no es posible que la actividad privada cubre la deficiencia en la
inversión, es necesario que se establezcan mecanismos que lo hagan. Sin
embargo, incluso en estos supuestos existen mecanismos que permiten cubrir
deficiencias y que no implican la creación o empleo de empresas públicas, como
por ejemplo la asignación de cuotas de inversión a las empresas privadas que
prestan servicios públicos.
Fuente:
- Dr. Cristhian Guzmán Napuri (Introducción al Derecho Público Económico)
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Datos personales
- Andres Eduardo Cusi
- ■ Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima | Abogado en el Estudio Jurídico Cusi Abogados & Asociados | Conciliador Extrajudicial especializado en Civil y Familia por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Director en el Centro de Conciliación Extrajudicial Cusi & Soluciones
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