CLASES DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
CLASES
DE FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA
Podemos clasificar a la función
administrativa en:
1) POR
RAZÓN DE LA MATERIA
- Activa:
Es la actividad decisoria,
resolutoria, ejecutiva, directiva u operativa de la administración.
- Consultiva:
Es la actividad desplegada
por órganos competentes, que por medio de dictámenes, informes, opiniones y
pareceres técnico-jurídico, asesoran a los órganos que ejercen función
administrativa activa, facilitándoles elementos de juicio para la preparación y
formación de la voluntad administrativa.
- De Control:
La actividad administrativa
debe siempre realizarse según el Orden Normativo y para evitar que se
transgredan existe la actividad de control, realizada por diversas clases de
órganos de la administración, que ajustan la actividad administrativa dentro de
la legitimidad y la eficacia. Entonces podemos afirmar que
la función administrativa de control es aquella que tiene por objeto
verificar la legalidad de la actividad administrativa.
- Jurisdiccional:
Es la actividad de la Administración que sustancia el contenido jurisdiccional: por ejemplo, la aplicación de
sanciones administrativas o la resolución de un recurso administrativo.
2) POR
LA ORGANIZACIÓN
- Centralizada:
Es cuando las atribuciones
permanecen en los órganos superiores, es decir, que la actividad está
centralizada en la sede central: Ministerios, etc.
- Desconcentrada:
Se da atribuciones
permanentes a órganos inferiores dentro de la misma organización de una entidad
pública, careciendo de personalidad jurídica y patrimonio propio.
- Descentralizada:
Se da atribuciones
administrativas o competencias públicas en forma permanente a entidades dotadas
de personalidad jurídica, que actúan en nombre propio y por cuenta propia bajo
control del Poder Ejecutivo.
3) POR
LOS EFECTOS
- Interna:
Para lograr el mejor
funcionamiento del ente, así por ejemplo, las directivas, las circulares.
- Externa:
Produce efectos jurídicos
inmediatos respecto a los administrados.
4) POR
LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
- Burocrática:
Quién ejerce la función es
un órgano-institución integrado por un solo hombre: regulada por la Jerarquía.
- Colegiada:
Quién ejerce la función
administrativa es un órgano -institución integrada por más de una persona
física: el colegio.
5) POR
LA REGULACIÓN NORMATIVA
- Reglada:
Cuando una norma jurídica
predeterminada concretamente regula la conducta que debe observar el órgano
administrativo.
- Discrecional:
Cuando el órgano puede
decir, según su real saber y entender, si debe actuar o no, y en caso
afirmativo que medida adoptar.
FORMAS JURÍDICAS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
FORMAS
JURÍDICAS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Las Formas Jurídicas de la Función Administrativas son:
- Hecho Administrativo: Es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos
- Reglamento Administrativo: Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos generales en forma directa.
- Contrato Administrativo: Es toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos, entre dos o más personas, de las cuales una está en ejercicio de la Función Administrativa.
- Acto de Administración Interna: Es toda declaración unilateral interna o interorgánica efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma indirecta.
- Acto Administrativo: Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 ACTUALIZADA [PDF]
La
Constitución Política del Perú es la carta magna y norma fundamental
sobre la cual reposan los pilares del Derecho, la justicia y las normas del
país.
Promulgada el 29 de diciembre de 1993 y publicada al día siguiente, entrando en vigencia el 31 de diciembre del mismo año.
Promulgada el 29 de diciembre de 1993 y publicada al día siguiente, entrando en vigencia el 31 de diciembre del mismo año.
Antecedida
por otros 11 textos constitucionales, fue redactada por el Congreso
Constituyente Democrático y aprobada mediante el referéndum de 1993, durante el
gobierno de Alberto Fujimori. La Constitución prima sobre toda ley; sus normas
son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos.
Esta
ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional: de sus
principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos se
desprenden todas las leyes de la República. La Constitución organiza los
poderes e instituciones políticas, además de establecer y normar los derechos y
libertades de los ciudadanos peruanos. Prima sobre toda ley y sus normas son
inviolables y de cumplimiento obligatorio.
La
Constitución se compone de 6 títulos, 14 capítulos, 206 artículos,
disposiciones finales y transitorias, disposiciones transitorias especiales y
anexos.
LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
LA
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
La Administración Pública se
caracteriza por la realización de la función administrativa, y que ésta
consiste en la función basada en el interés general, en la cotidianeidad del
particular, ejercida por el Estado o autorizada por él, y susceptible de control,
en especial el jurisdiccional.
La función administrativa
según el jurista Hauriou, señala que
esta tiene por objeto administrar los asuntos comunes del público en lo que
concierne a la ejecución de leyes de Derecho Público y la satisfacción de
intereses generales, por ello, esta función puede ser realizada por la
Administración Pública (entidades del Estado en su concepto tradicional) como
aquellas entidades que no forman parte del Estado, nos referimos, por ejemplo,
a las empresas privadas que realizan servicios públicos o ejercen función
administrativa a través de una concesión, autorización o delegación, en ese
sentido, la función administrativa es el
ejercicio de las actividades que corresponden tanto a las entidades del Estado
como a entidades que no forman parte de este, pero que ejercen función
administrativa o realizan algún servicio público, y, además, de lo
mencionado, podemos decir, precisamente, que el Derecho Administrativo es el
estudio simplemente de la “función administrativa”.
Es preciso señalar que la
función administrativa tiene relación con la denominada “autonomía
administrativa”, pues, al respecto, se dice que esta implica que quien la
ejerce tiene facultad para ejercer función administrativa a través de una o más
de las maneras como esta se manifiesta. Por ello, se ejerce autonomía
administrativa cuando se reglamentan normas con naturaleza de ley, al emitirse
actos administrativos (declaraciones unilaterales que producen efectos
jurídicos individuales), al realizar actos de administración interna (respecto
de los diferentes sistemas administrativos), al contratar administrativamente y
al ejecutar materialmente.
- La función administrativa es una de las vías de actuación jurídico-formal junto con la gubernativa, la legislativa y la judicial, para el ejercicio del poder como medio de la comunidad para alcanzar sus fines. Concretamente, es la actividad que en forma directiva y directa tiene por objeto la gestión y servicio en función del interés público, para la ejecución concreta y práctica de los cometidos estatales, mediante la realización de "actos de administración". (DROMI)
LA CAPACIDAD JURÍDICA SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
LA CAPACIDAD JURÍDICA
La
capacidad jurídica o simplemente capacidad es un atributo inseparable de la
persona humana; se la adquiere por el hecho mismo de la existencia, esto es,
por el nacimiento y desde el momento del
nacimiento acompaña al sujeto hasta la muerte.
La
doctrina es unánime al definir a la capacidad. Así tenemos que se la entiende como:
- La aptitud o posibilidad jurídica de gozar y obrar los derechos. (CIFUENTES)
- La aptitud para adquirir derechos y contraer deberes jurídicos. (ABELENDA)
- La aptitud otorgada por el ordenamiento jurídico, para ser titular de relaciones jurídicas.(GARCÍA AMIGO)
Los
términos que adopta la doctrina jurídica contemporánea son la categoría
jurídica genérica de todo sujeto de derecho,
la cual alude a dos
referencias existenciales: el ser humano individualmente considerado (concebido
y persona individual) y
colectivamente establecido (persona colectiva y organizaciones de
personas no inscritas), y la expresión "capacidad", para delimitar la aptitud de dichos sujetos de derecho.
El artículo 3, texto modificado del Código Civil, se titula “Capacidad Jurídica”, y señala:
“Artículo 3 del Código Civil.- Capacidad jurídica
Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos.
La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.”
El 04 de Setiembre del 2018, en el territorio peruano, se publicó el Decreto Legislativo N° 1384, que efectúa numerosos e importantes cambios en el Código Civil. Todo ello, a fin de establecer una nueva regulación de la capacidad jurídica, empezando por modificar la típica clasificación de personas con incapacidad absoluta y relativa que les daba el Código Civil, por el de “capacidad plena y restringida.”
El
cambio de enfoque es evidente: ya no hablamos de incapacidades, sino que ahora
todos los peruanos estamos en capacidad de ejercer nuestros derechos, algunos
de manera plena y otros en forma restringida.
Así
también, la norma instituye los “apoyos y salvaguardias”. Los apoyos (art. 659-B
del C.C.) son personas que brindarán asistencia y serán elegidos por las
personas con discapacidad; mientras que las salvaguardias (art. 659-G del C.C.)
son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona que recibe el apoyo.
Todo
ello con la finalidad de reemplazar la tradicional "curatela" de las
personas con discapacidad por esta nueva institución, ahora conocida como
apoyos y salvaguardias.
(->Ver Apoyos y Salvaguardias)
(->Ver Apoyos y Salvaguardias)
De
esta manera, se busca que esta medida promueva la inclusión de dichas personas
y garantice el derecho al ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de
igualdad.
Las
personas con discapacidad podrán ejercer plenamente sus derechos de manera
autónoma y en igualdad de condiciones, sin necesidad de que alguien los
represente. Sin embargo, solo en caso de que así lo requieran, podrán contar
con la ayuda de otra persona a quien se le denominará como “Apoyo”, ya que el
decreto elimina la figura del “curador”, persona nombrada por un juez para que
tome las decisiones en lugar de la persona con discapacidad. Así lo indica el
Decreto Legislativo Nº 1384, publicado el 04/09/2018.
Hasta
antes de la publicación de este Decreto Legislativo N°1384, no todas las
personas con discapacidad podían ejercer sus derechos, y ello conllevaba a una
distinción, a una diferencia de trato que establecía nuestro Código Civil,
cuando diferenciaba a las personas con capacidad de ejercicio.
El
cambio normativo que establece el Decreto Legislativo N°1384 que reconoce y
regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidades en igualdad de
condiciones, constituye un importante cambio en cuanto a las modificaciones de
las normas del Código Civil, Código Procesal Civil, y el Decreto Legislativo
del Notariado. Pero más que producir modificaciones o incorporaciones se
visualiza en conjunto un cambio de paradigma sobre la concepción de la
capacidad jurídica y el ejercicio de dicha capacidad jurídica por las personas
con discapacidad, esto es, a la adopción del modelo social de la
discapacidad.
Este
cambio de paradigma se sostiene en la “Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”, importante instrumento internacional
que ha sido suscrito por el Perú e incorporado al ordenamiento interno y
ratificado por el Presidente de la República mediante un Decreto Supremo.
Esta
Convención proclama que todas las personas con discapacidad tienen plena
capacidad jurídica.
Teóricamente, se ha distinguido dos clases de capacidad
jurídica: la llamada “capacidad de goce o jurídica” y la “capacidad de
ejercicio o de obrar”.
LA CAPACIDAD DE GOCE O JURÍDICA
Es
la aptitud o cualidad para ser titular de derechos y deberes u obligaciones. Por
tanto, se refiere a que el ser humano, con independencia de si cuenta o no con
alguna discapacidad, puede ser titular de derechos y de obligaciones por el
simple hecho de ser un humano.
Ejemplos:
- La igualdad ante la ley y que nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. (Artículo 2 de la Constitución Política del Perú)
- El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles. (Art. 4 del Código Civil)
- La igualdad entre peruanos y extranjeros. (Art. 2046 del Código Civil)
- La adquisición del derecho de propiedad y su ejercicio. (Art. 71 del Código Civil)
LA CAPACIDAD DE EJERCICIO O DE OBRAR
Es
la posibilidad, por sí mismo, de adquirir derechos o de contraer deberes u
obligaciones, o en otras palabras celebrar por si mismo los actos jurídicos.
La
capacidad de ejercicio se diferencia de la capacidad de goce en cuanto la de
ejercicio considera a la persona no en su cualidad jurídica para ser titular de
derechos subjetivos, sino en cuanto esté “apta” para ejercitar por sí sus
derechos subjetivos.
La
capacidad de ejercicio o de obrar a la vez son de dos clases: La capacidad de ejercicio
plena (art. 42) y la capacidad de ejercicio restringida (art. 44):
- La Capacidad de Ejercicio Plena
La
capacidad de obrar plena es la posibilidad indeterminada que una persona tiene
para realizar actos y negocios jurídicos (Ejemplos:
votar, comprar, vender, casarse, ejercer la patria potestad de sus hijos,
entre otros).
“Artículo 42 del Código Civil.- Capacidad de ejercicio plena
Toda persona
mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a
todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y
en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren
de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad.
Excepcionalmente
tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores de
dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad.”
- La Capacidad de Ejercicio Restringida
La
capacidad de obrar restringida se origina cuando el sujeto no puede realizar
por sí mismo y con plena eficacia actos o negocios jurídicos o algún tipo de
ellos. Estas limitaciones de la
capacidad de obrar tienen carácter general o abstracto, e imposibilitan a la
persona realizar actos jurídicos en general,
dentro de las causas de limitación tenemos a los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad, los
pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los
toxicómanos, los que sufren pena que lleve anexa la interdicción civil y las
personas que se encuentren en estado de coma que no hubieran designado un apoyo
con anterioridad.
La
capacidad de ejercicio sólo puede ser restringida por ley, como lo indica el
actual artículo 3 del Código Civil.
Los
actos jurídicos celebrados por sujetos con capacidad restringida son
convalidables y/o anulables (art. 221 del C.C.).
“Artículo 44 del Código Civil.- Capacidad de
ejercicio restringida
1) Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años
de edad.
4) Los pródigos.
5) Los que incurren en mala gestión.
6) Los ebrios habituales.
7) Los toxicómanos.
8) Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción
civil.
9) Las personas que se encuentren en estado de coma,
siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad.”
Los incisos 2 y 3 quedan derogados por
Decreto Legislativo N° 1384.
CONCLUSIONES:
Toda
persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. En
ese sentido, las personas con discapacidad también tienen capacidad de
ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.
Por
ello esta norma (D.L. N° 1384) que reconoce y regula la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad, promueve su inclusión como un modelo social para
combatir la discriminación.
CAMPOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
CAMPOS
DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
El Derecho Administrativo
estudia la estructura del Estado, que en otras latitudes se conoce a éste como
el Derecho Público, y como consecuencia de la emisión de los actos de gobierno,
actos administrativos y actos de administración (actos de carácter interno) que
emite la Administración Pública, la cual es estudiada por el Derecho
Administrativo, nace el Procedimiento Administrativo.
Por tanto, nace el
Procedimiento Administrativo precisamente porque el administrado tiene que ver cómo
hacer valer su derecho frente a un acto que considere violatorio o abusivo ante
un acto de gobierno, un acto administrativo o un acto de administración.
Entonces el Procedimiento
Administrativo tiene todo un bagaje en su tramitación en sede administrativa
pero como la Administración Pública se encuentra en una posición de
superioridad frente al administrado y es la que más frecuenta transgredir los
derechos constitucionales así como los derechos de los administrados; y en ese
sentido la ley ha previsto que el
administrado pueda ir a una “demanda contenciosa administrativa” regulada en el
art. 148 de la Constitución Política (Procedimiento Contencioso Administrativo),
porque si el administrado a través del procedimiento administrativo no
encuentra una respuesta a su solicitud, pedido o reclamo va a la administración
de justicia a través de una pretensión, no olvidemos que en sede administrativa
es un derecho de petición (solicitud) y en sede jurisdiccional es una pretensión
a través de una demanda.
Artículo 148°.- Las
resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación
mediante la acción contencioso-administrativa. (Const. Política del Perú)
Estos campos de acción administrativa frente al Estado se entrelazan el uno con el otro y son:
1. DERECHO
ADMINISTRATIVO, el cual emite los dispositivos que componen
la estructura del estado (poderes del estado, ministerios, organismos
constitucionales y autónomos, etc.).
2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, es a través de él que los administrados podemos hacer valer nuestro derecho en sede administrativa. Su regulación general la encontramos en la ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).
3. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, es precisamente a través de este procedimiento que podemos cuestionar la validez del acto administrativo, acto de administración y en su defecto del acto de gobierno, su regulación la encontramos en el art. 148 de la Constitución Política y de forma específica en la ley 27584 (Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo).
LOS APOYOS Y SALVAGUARDIAS - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
APOYOS
Y SALVAGUARDIAS
Son figuras jurídicas
creadas en nuestro ordenamiento jurídico mediante Decreto Legislativo N° 1384 (04/09/2018), donde se establece que las personas con discapacidad puedan
ejercer plenamente sus derechos de manera autónoma y en igualdad de
condiciones. Esta norma reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad y promueve su inclusión como un modelo social para combatir la
discriminación.
Según esta ley, se remarca
que a partir de su entrada en vigencia las personas con discapacidad no
necesitarán de alguien que los represente para poder votar, comprar, vender,
casarse, ejercer la patria potestad de sus hijos e hijas, entre otros; sino que
lo podrán hacer ellas mismas, y en caso que lo requieran, ellas podrán contar
con la ayuda de una persona de apoyo.
Por tanto, se elimina la
figura del “curador”, que era una persona nombrada por un juez para que tome las
decisiones en lugar de la persona con discapacidad; y en lugar del “curador” se
crean las figuras de “apoyos y salvaguardias”.
Estas figuras se encuentran contempladas en el Capitulo Cuarto del Título II perteneciente a la Sección Cuarta del Libro de Familia (Libro III) del Código Civil:
LOS APOYOS
Son las formas de asistencia
libremente escogidas por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio
de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de
los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e
interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. A la vez que este
apoyo no tendrá facultades de representación salvo en los casos en que ello se
establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o que
también sea establecido por el juez según el artículo 569° del Código Civil.
Los apoyos pueden recaer en
una o más personas naturales, instituciones públicas o personas jurídicas sin
fines de lucro, ambas especializadas en la materia y debidamente registradas.
Excepcionalmente el Juez
puede designar apoyos en caso de que la persona mayor de edad no pueda
manifestar su voluntad y para aquellas que se encuentren con capacidad
restringida en estado de coma (inc.9 del art 44). El juez determina la persona
o personas de apoyo, tomando en cuenta la relación de convivencia, confianza,
amistad, cuidado o parentesco que exista entre ellos y la persona que requiere apoyo. No pueden ser designados como apoyos las personas condenadas por
violencia familiar o personas condenadas por violencia sexual. Este proceso judicial de manera excepcional
puede ser iniciado por cualquier persona con capacidad jurídica.
LAS SALVAGUARDIAS
Son las medidas para
garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la
persona que recibe apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida de quien
brinde tales apoyos; así como para evitar la afectación o poner en riesgo los
derechos de las personas asistidas.
La persona que solicite el
apoyo o el juez interviniente según el artículo 659-E del Código Civil,
establecerán las salvaguardias que estimen convenientes para el caso concreto,
indicando como mínimo los plazos para la revisión de los apoyos. El juez
realizará las diligencias necesarias para determinar si la persona de apoyo actúa
acorde a su mandato.
Asimismo, la norma establece
que se elimina el internamiento involuntario de las personas con discapacidad,
ya que antes eran internados sin su consentimiento y se anula la figura de
“interdicción” por la que muchas familias de personas con discapacidad optaban y que significaba la “muerte civil” y así tener que hacer un largo y costoso
juicio y designar a una persona como “curador” que decida por su familiar,
maneje todos sus bienes y administre toda su vida. Por tanto, las
instituciones como la ONP y las AFP ya no podrán exigir la
“interdicción” en las personas con discapacidad para el otorgamiento de una
pensión.
La demanda de interdicción
solo procederá contra los pródigos, los que incurren en mala gestión, los
ebrios habituales y los toxicómanos. Ya no será posible presentar dicha demanda
contra las personas privadas de discernimiento, sordomudos, ciegosordos y
ciegomudos que no puedan expresar su voluntad, indicados en los artículos 581 y
583 del Código Procesal Civil.
En ese sentido, el Decreto
Legislativo también señala que cualquier ciudadano puede solicitar la reversión
de la interdicción de personas con discapacidad que haya sido dictada con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma, para la designación de
apoyos y salvaguardias.
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELECCIÓN DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS
Con la finalidad de
facilitar su participación en todos los procedimientos judiciales, las personas
con discapacidad tienen derecho a contar con ajustes razonables y ajustes de
procedimiento, como así lo indica el artículo 119-A del Código Procesal Civil.
Las solicitudes de apoyos y
salvaguardias se tramitarán ante el juez competente o notario, y deberán
iniciarse por petición de la propia persona mayor de edad, de forma libre y
voluntaria, para coadyuvar a su capacidad de ejercicio. (art. 841 del C.P.C)
- El proceso de apoyos y salvaguardias en vía notarial se tramitarán en caso la persona con discapacidad mayor de edad que puede manifestar su voluntad, lo considere pertinente para facilitar el ejercicio de actos que produzcan efectos jurídicos. (Conforme al art. 22 y siguientes del Reglamento de Apoyos y Salvaguardias para personas con discapacidad, D.S. Nº 016-2019-MIMP).
- El proceso de apoyos y salvaguardias en vía judicial se tramitarán como proceso no contencioso, ante el Juzgado especializado en Familia o Mixto (conforme al Reglamento de Apoyos y Salvaguardias para personas con discapacidad, D.S. Nº 016-2019-MIMP), y del lugar donde se encuentra la persona con discapacidad (art 21 del C.P.C), o también el Juez del lugar en que se encuentre el bien o bienes tratándose de pretensiones sobre derechos reales. (art. 24 del C.P.C)
No obstante, se dispone que
en los casos de las personas que se encuentren en estado de coma que no
hubieran designado un apoyo con anterioridad (art. 44 inciso 9 del Código
Civil) y aquellas personas con discapacidad que no pueden manifestar su
voluntad (art. 45-B inciso 2 del Código Civil), la solicitud puede ser
realizada por cualquier persona en los términos previsto en el artículo 659–E
del Código Civil, esto es, tomando en cuenta la relación de convivencia,
confianza, amistad, cuidado o parentesco que exista entre ella o ellas y la
persona que requiere apoyo.
Igualmente, se refiere que
el solicitante con discapacidad deberá acompañar a su solicitud: a) las razones
que motivan la solicitud; y, b) el certificado de discapacidad que acredite su
condición.
Por otro lado, se establecen
deberes especiales de los jueces en estos procesos como los de realizar todas
las modificaciones, adecuaciones y ajustes en el proceso para garantizar la
expresión de la voluntad de la persona con discapacidad. (art. 845 C.P.C)
Por último se señala que la
resolución final deberá indicar quién o quiénes serían las personas o
instituciones de apoyo, a qué actos jurídicos se restringen, por cuánto tiempo
van a regir y cuáles son las medidas de salvaguardia, de ser necesarias. Se
dispone que dicha resolución deberá inscribirse en el Registro Personal, conforme
al artículo 2030 del Código Civil.
Adicionalmente, se establece
que la resolución final deberá ser redactada en formato de lectura fácil donde
sus contenidos son resumidos y transcritos con lenguaje sencillo y claro, de
acuerdo a las necesidades de la persona con discapacidad. (art. 847 C.P.C)
LA SITUACIÓN JURÍDICA - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
LA
SITUACIÓN JURÍDICA
Concepto
Existen varias opiniones y
conceptos referentes al significado de
situación jurídica. Según algunos autores reconocidos:
- BONNECASSE, dice que la situación jurídica, es la manera de ser de cada cual ante una regla de derecho o determinada institución jurídica.
- DU PAQUIER, no señala que la situación jurídica es el conjunto de derechos y deberes determinados o eventuales que el derecho atribuye a una persona colocada en ciertas condiciones.
- RENÉ CAPITANT, no dice que la noción de situación jurídica responde a la pregunta ¿De qué reglas de derecho (imperativas o permisivas) es sujeto este individuo?
- MESSINEO sostiene que, según algunos, la situación jurídica es el conjunto de los efectos que derivan de una relación entre personas; en tal sentido incluiría en sí misma la noción de relación jurídica y, en cierto modo, coincidiría con ella. También agrega este jurista, que a veces la situación jurídica agrega el perfil de status, consistente en una cualidad jurídica del sujeto de la cual se derivan derechos y deberes.
No hay que confundir la
situación jurídica de los sujetos de derecho con las situaciones de hecho
jurídicas, denominación con la cual también se conoce al presupuesto o supuesto
de hecho que sirve de antecedente a la consecuencia de Derecho señalada por la
norma jurídica.
Según nuestro criterio,
podemos definir a la situación jurídica como el conjunto de derechos y
deberes que se derivan, para un sujeto de derecho, como consecuencia de sus
relaciones con otros sujetos, con los bienes o con la sociedad en general.
Todo sujeto de una relación
jurídica se halla siempre en una situación jurídica o antijurídica, según que
su conducta sea conforme o contraria con el ordenamiento jurídico del país en
el que se vive.
Ejemplos:
- Se entiende por situación jurídica a una persona que es casada, heredero, hijo, vendedor, acreedor, deudor, de una persona que ha delinquido, etc.
- En el ejercicio profesional es común siempre formular a un oficial de policía de una comandancia, a un funcionario judicial o al ministerio público, respecto de nuestro patrocinado, la siguiente pregunta ¿Cuál es la situación jurídica de mi cliente?, la cual se ha convertido en parte de un proceso judicial, administrativo, etc.
Bibliografía:
• Aníbal Torres Vásquez, Introducción al Derecho - Editorial IDEMSA
• Aníbal Torres Vásquez, Introducción al Derecho - Editorial IDEMSA
LA INSTITUCIÓN JURÍDICA - ANDRÉS CUSI ARREDONDO
LA
INSTITUCIÓN JURÍDICA
Concepto
Se llama institución
jurídica, denominada también figura jurídica, al conjunto de normas que
regulan las relaciones jurídicas de cierta clase. En otras palabras, es una
figura jurídica determinada (Ejemplos, la
institución del matrimonio, la institución de la propiedad, la institución de
los contratos, la institución de las sucesiones, de la adopción, del
parentesco, el divorcio, etc.).
El Derecho regula relaciones
de la vida práctica de las más diversas clases y significaciones que son
básicas para la convivencia social. En ese sentido, al sector del ordenamiento
jurídico que regula relaciones jurídicas de la misma clase se les llama
“institución jurídica”. Por ejemplo las normas que regulan todo tipo de materia
jurídica en específico (matrimonio, contratos, una categoría profesional,
partidos políticos, sindicatos, cooperativas, etc.), o más aún al grupo de
disposiciones del Derecho distribuidas en razón de las realidades que las
regulan.
Cada rama del Derecho es una
institución jurídica. De un análisis sucesivo del Derecho, desde lo más general
hasta lo más específico, como la patria potestad en la familia, se advierte que
hay instituciones que son partes de instituciones más amplias y generales, pero
que, sin embargo, tienen cierto de grado de independencia y autonomía. No
obstante esto, Savigny afirma que
todas las instituciones jurídicas están ligadas a un sistema jurídico, y por
ello solo pueden ser comprendidas por completo dentro del contexto de ese
sistema.
Las instituciones formadas,
regidas y gobernadas por normas jurídicas, organizan la convivencia humana de
acuerdo con un ideal de vida. Toda norma jurídica supone la elección de un fin
valioso y de los medios para conseguirlo.
De allí para alcanzar una
finalidad no basta que esta sea valiosa, sino que además el medio elegido (la
institución jurídica) sea el idóneo.
Las instituciones pueden ser
formales o informales. Las primeras están constituidas por el ordenamiento
jurídico de un país, es decir, desde la Constitución Política hasta la última
disposición administrativa. Las instituciones informales están dadas por las
reglas de conducta particulares de cada cultura, son reglas no escritas que se
transmiten oralmente de generación en generación.
La existencia de un
marco institucional sólido, estable, transparente y confiable es condición indispensable
para el desarrollo individual y social.
Bibliografía:
• Aníbal Torres Vásquez, Introducción al Derecho - Editorial IDEMSA
• Aníbal Torres Vásquez, Introducción al Derecho - Editorial IDEMSA
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Datos personales
- Andres Eduardo Cusi
- ■ Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima | Abogado en el Estudio Jurídico Cusi Abogados & Asociados | Conciliador Extrajudicial especializado en Civil y Familia por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Director en el Centro de Conciliación Extrajudicial Cusi & Soluciones
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